Después del cruce con Paolo Rocca, que llevó a la prohibición provisoria de despidos, el kirchnerismo anunció que trabaja en un proyecto de ley para gravar por única vez a los capitales que fueron blanqueados en el 2016, bajo el auspicio del Gobierno de Mauricio Macri.
En aquella ocasión los familiares y amigos del presidente derechista se vieron beneficiados. Más allá del entusiasmo de Horacio Verbitsky -que presenta demasiado favorablemente las declaraciones de Alberto Fernández- las palabras del presidente sonaron más a una defensa de los ingresos de la casta política patronal que a un pronunciamiento a favor de la ley propuesta por Máximo Kirchner, de la que solo dijo le parecía mejor que bajar los salarios de los funcionarios. Esto pudo verse en una entrevista publicada este domingo en el sitio El Cohete a la luna.
Evidentemente la clase capitalista no está dispuesta a hacerse cargo de los costos de la crisis. Aún más, aprovecha la misma para avanzar sobre los trabajadores. El diario Ámbito Financiero recoge las palabras de un vocero empresarial que fija claramente los objetivos patronales: “Si no podes pagar, al prohibir los despidos te transforman, automáticamente, en moroso de salarios y de cargas sociales”, decía un abogado especialista en derecho laboral, al tiempo que señalaba que la imprescindible “flexibilidad” laboral que se necesita, hoy es imposible, entre otras cosas, porque el Congreso ni está funcionando. Sin embargo, reconocía el hombre que con la legislación que ya hay se pueden implementar medidas de ayuda para las empresas dentro de un marco transparente también para los empleados. Hay una normativa laboral que se puede activar, que es el Procedimiento de Crisis, que habilita el artículo 223 bis de la Ley de Contratos de Trabajo que, en acuerdo con el sindicato, puede establecer una reducción salarial como una contribución, sin pago de aportes patronales”.
Pasado en limpio: libertad para despedir, reducción salarial, rebajas impositivas y flexibilización laboral. En La Izquierda Diario se pueden encontrar ejemplos de como las patronales aprovechan la ocasión para bajar salarios -como en McDonald’s-, y despedir, como lo habilitó el acuerdo entre la UOCRA y Techint, con el aval del Ministerio de Trabajo. Estos despidos eran los que habían disparado los dichos presidenciales sobre “los miserables”. Hay que subrayar aquí el papel abiertamente de lobbysta de las patronales contra los intereses de los trabajadores que tiene la burocracia sindical.
Los empresarios hicieron sonar las alarmas desde los medios hegemónicos para victimizarse mientras dan rienda suelta a su sed de lucro, reclamando que el Estado los rescate.
Sin embargo, un vocero de la oligarquía como el diario La Nación los tranquiliza: “En el entorno de Fernández insisten en minimizar el valor de algunas de sus expresiones: "No podía aparecer confrontando en público con Máximo. Pero la creación de esos impuestos no está en la cabeza de Alberto", dijo a LA NACION uno de sus hombres de confianza (…) Habrá que ver cómo se zanjan las contradicciones entre los dichos públicos y las aclaraciones privadas”.
El entusiasmo progresista sobre el Estado presente y la posibilidad de tomar algunas medidas que graven al capital, va a contrapelo con el papel histórico del peronismo en la política argentina. Como bien recordó el analista político y escritor de la derecha peronista rancia Jorge Asís en Animales sueltos, el peronismo no es lucha de clases sino armonía entre las mismas.
En toda su historia el papel central fue el de contener a los trabajadores y el pueblo pobre en defensa del régimen social capitalista. Nunca afectó los intereses centrales de los empresarios ni de la defenestrada oligarquía. Nunca avanzó sobre el derecho de propiedad de los capitalistas. Para no irnos tan lejos: la nacionalización de YPF por el Gobierno de CFK resultó en un rescate multimillonario de Repsol y la entrega en bandeja de la explotación de Vaca Muerta a Chevron.
El problema del Gobierno es que necesita de financiamiento para enfrentar la pandemia e intenta convencer a los capitalistas de moderar su voracidad. Con ese argumento, un sector del oficialismo discute acerca de un eventual impuesto a los blanqueadores. De conjunto, para evitar desbordes sociales y la posibilidad de que crezca la lucha de clases, el peronismo gobernante tiene que contar recursos para hacer contención social. A esto llaman “Estado presente”, a garantizar la continuidad del régimen social.
Se trata, también, de una respuesta política a la presión de los cacerolazos de la derecha, que proponen bajar “los gastos de la política”.
En el oficialismo pareciera existir una división de tareas donde el kirchnerismo -que busca preservarse diferenciándose por la crisis social- aparece presionando con una ley limitada que apunta solo a los ricachones macristas. Mientras el albertismo gobernante utiliza dicha presión para negociar mostrando los dientes con los empresarios. Eso sí, kirchneristas y albertistas despliegan fuerzas represivas sobre los territorios donde temen estallidos sociales. Allí las presuntas diferencias desaparecen.
Pero el problema es que los capitalistas no están dispuestos a afectar sus ganancias y piden menos impuestos, ya que la crisis dispara un sálvese quien pueda donde incluso caen en la ruina sectores enteros de su propia clase.
La discusión es quien paga la crisis si los capitalistas o los trabajadores y el pueblo. La crisis sanitaria, económica y social plantea como una necesidad el impuesto progresivo a empresarios, terratenientes y banqueros, como una medida que sea parte de un plan anticapitalista de conjunto que tenga por objetivo reconvertir la economía al servicio de equipar la salud, de garantizar los ingresos y los empleos del pueblo pobre y trabajador. | 
