La empresa Ema S.A., tercerizada de Edesur, suspendió sin goce de sueldo durante la cuarentena a 100 lecturistas de medidores de electricidad de las sucursales Témperley, Quilmes y Varela.
Son 60 los trabajadores que recibieron un telegrama de suspensión sin goce de haberes en medio de la pandemia por coronavirus y el resto aún está a la espera, sin conocer su situación contractual con la empresa que brinda servicios a Edesur. La totalidad de los lecturistas están sin tareas desde el 25 de marzo del corriente y pertenecen a las sucursales de las localidades de Témperley, Quilmes y Florencio Varela. En el día de ayer hicieron llegar su denuncia a este medio pidiendo la difusión de su situación.
Ema S.A. con sede en la localidad de Florida es una empresa que brinda servicios a Edesur, Metrogas, entre otras, que comprenden la lectura de medidores, distribución de correspondencia, servicios integrales a empresas tales como instalaciones, cortes y rehabilitaciones de servicios, entre otras prestaciones que informan en su página web.
Edesur es una de las empresas prestadoras de servicios que más subsidios recibió a lo largo de los años por parte del Estado y que fugan al exterior sus millonarias ganancias. Sin embargo, además de castigar con tarifazos y cortes de luz a la población, son líderes en precarización y tercerización laboral como es el caso de la empresa Ema S.A. que hoy deja un centenar de familias sin su sustento económico. Los trabajadores encuadrados en convenios de la construcción, como es el caso de los trabajadores suspendidos por esta tercerizada, lejos están de realizar tareas de este tipo, lo que representa un claro caso de fraude laboral.
El accionar de empresas como estas se ve avalado por los límites del decreto de prohibición de despidos y suspensiones por sesenta días emitido por el presidente Alberto Fernández, ya que el mismo no plantea que la medida sea retroactiva al inicio de la cuarentena. Inclusive con posterioridad a la firma del mismo las empresas siguen despidiendo como por ejemplo en Dánica Llavallol que además dispuso un lockout patronal al igual que el Frigorífico Penta de Quilmes que mantiene el cierre ilegal de la planta, dejando en la calle a miles de familias en medio de la pandemia.
Los empresarios tienen total protección política en su accionar, se aprovechan de la crisis sanitaria para suspender o despedir trabajadores. Mientras tanto los intendentes del conurbano no han dicho una palabra de los despidos y suspensiones en sus territorios donde gobierna hace décadas el peronismo. Tal es el caso de Lomas de Zamora con Martín Insaurralde, Mayra Mendoza en Quilmes o Andrés Watson en Florencio Varela por nombrar solamente las localidades en los que han sido suspendidos, por ejemplo, los trabajadores de Ema. S.A.
Si bien desde el gobierno nacional han anunciado el congelamiento de tarifas y la prohibición de interrupción del suministro eléctrico, no se ha planteado que se retrotraigan las tarifas que han aumentado considerablemente en los últimos meses. Resulta por lo menos contradictorio que durante el gobierno de Mauricio Macri, el (hoy) Frente de Todos haya apoyado el proyecto de ley que planteaba retrotraer las tarifas mientras que hoy apenas plantea el congelamiento de las mismas.
Una medida a la altura de las circunstancias debería ser la estatización de empresas como Edesur y todas aquellas que brindan servicios públicos convirtiéndolas en un verdadero servicio a la población. Y para que funcionen correctamente deberían ser controladas por los propios trabajadores y usuarios garantizando un buen servicio a tarifas accesibles, otorgando plenos derechos laborales, empezando por el pase a planta permanente de todos los trabajadores que hoy brindan tareas para las prestatarias de servicios, cualquiera sea su actual relación contractual. Esto se vuelve más acuciante que nunca en la actual situación de pandemia donde se necesitan que todos los recursos estén puestos en función de las mayorías populares para enfrentar el coronavirus.
Consultados sobre el apoyo del sindicato a la situación que están atravesando este centenar de familias, los trabajadores plantearon: “Nos agrupamos todos los lecturistas, pero cuando fuimos al sindicato echaron a los dos chicos que se iban a postular para delegados. Después los reincorporaron pero quedó todo así. No tenemos delegados. Después de que echaron a los pibes nos dimos cuenta que no podemos contar con el sindicato”.
El papel entreguista de este gremio parece no tener techo, sin ir más lejos este lunes por la tarde UOCRA firmó un acuerdo con Techint con pleno aval del Gobierno nacional ratificando los 1500 despidos en la multinacional de origen argentino.
Las empresas que ganaron millones y millones durante los últimos años hoy quieren deshacerse de los trabajadores como si fueran objetos. La crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia sumado a décadas de desinversión en salud, no puede ser un argumento para despedir, suspender o rebajar los salarios de ningún trabajador.
