LID: La Iglesia católica en nuestro país ha estado vinculada al Estado desde su creación, e incluso compitiendo con él por el espacio público. ¿Cuáles han sido para Ud. los principales momentos de esa relación? ¿Hay elementos de continuidad y de ruptura?
Sabrina Asquini: Lo primero que habría que señalar es que se trata de una historia de por lo menos dos siglos y que, por lo tanto, entre la Iglesia católica y el Estado argentino hubo distintos momentos de confluencia y de conflicto. Aunque podría decirse que primó la convivencia. Sin duda, las elites políticas del siglo s. XIX tuvieron un rol importante en la conformación de la Iglesia tal y como la conocemos hoy, un actor social y político de primer orden, ya que la iglesia que salió del régimen colonial era una institución pequeña poco integrada y acotada presencia territorial —aunque no debe olvidarse que en las sociedades del Antiguo Régimen la frontera entre el poder temporal y el espiritual era difusa—. Esta realidad se profundizó con la revolución de independencia y las guerras civiles posteriores. Aun con Roma alineada con la Corona española, la revolución no fue contra la Iglesia y un sector del clero participó de ella; de hecho, los primeros proyectos constitucionales colocaron al culto católico como oficial.
La Constitución Nacional de 1853 estableció una relación distinta entre poder político y religioso, aunque igualmente se le otorgaba a la Iglesia Católica un status jurídico, económico y simbólico privilegiados. El culto católico ya no era considerado como oficial, aunque garantizaba su sostenimiento en el artículo segundo y exigía la confesionalidad del presidente, entre otras cuestiones. Esta redacción había sido un compromiso entre distintas posiciones, con concesiones a ultramontanos y a liberales, aunque de conjunto defendía el derecho de patronato de perfil galicano. Los futuros dirigentes quedaban liberados de cuestiones dogmáticas para legislar y gobernar, pero le reservaban a la Iglesia una parte en el proceso civilizatorio que pretendían emprender en el desierto argentino. El documento también aseguraba la libertad de culto, requisito considerado imprescindible para el proyecto de poblamiento del país. Desde entonces, la Iglesia católica recibió del Estado recursos para la construcción y reparación de templos y la creación y puesta en funcionamiento de seminarios de formación religiosa. En la década del sesenta, se ascendió el obispado de Buenos Aires a arquidiócesis y las otras diócesis argentinas quedaron subordinadas en calidad de sufragáneas. Este proceso, aunque partía del poder político, empalmaba bien con una tendencia más general de centralización desplegada desde Roma, que empezaba a tener mayor presencia en la región.
En este marco general, uno de los momentos más resonantes de la relación tuvo lugar en la década de 1880. Por entonces, se sancionaron una serie de leyes con el rechazo activo de la Iglesia católica —de su jerarquía, del clero y de un movimiento de laicos que tenía representación parlamentaria, presencia en la prensa y asociaciones propias—; entre ellas, las leyes de educación común, de registro civil y la de matrimonio civil. De todos modos, aun con algunos episodios de alta tensión, no estuvo en cuestión una separación jurídica de ambas instituciones. Lo que había movido al gobierno no había sido una política de “guerra” religiosa, sino el control de algunas áreas importantes del Estado, lo que implicó, también, asegurar el ejercicio del patronato.
El impulso laicista de 1880 se detuvo a las puertas de siglo XX. Las relaciones entre Iglesia y Estado mejoraron en el cierre del siglo y se retomó el vínculo diplomático con Roma. La agenda laicista y anticlerical quedó en adelante fuera de la agenda de gobierno; aunque permaneció presente por acción de un reducido movimiento heterogéneo. En particular, algunos sectores del catolicismo argentino siguieron de cerca el problema del empobrecimiento de las masas trabajadoras al que veían como un condicionante propicio para el crecimiento del descontento obrero y su asociación con elementos socialistas y anarquistas. Ante tal amenaza al orden social, desplegaron distintas iniciativas y asociaciones —mutuales, patronatos, círculos de obreros, etc.—, acompañadas de frecuentes llamados de atención a las autoridades a las que veían demasiado despreocupadas.
En los albores del siglo XX, esta relación se reeditó en un nuevo contexto social. Con la inmigración, la población extranjera se volvió mayoritaria en algunas ciudades del litoral y esta situación fue leída por diversos sectores como una amenaza a la cohesión social e incluso a la soberanía nacional. El catolicismo argentino, que contaba con una extensión más capilar y estructurada, con organizaciones que seguían la nueva orientación de León XIII para la iglesia universal —menos confrontativa con los estados y con una orientación concreta para la llamada cuestión social—, representaba un valioso aliado en la conformación de una identidad nacional y en la conservación del orden social. Entre Iglesia y Estado, se estableció, entonces, un acuerdo tácito que duró algunas décadas.
El alto impacto causado en el catolicismo por la alta conflictividad social a la salida de la I Guerra Mundial, la recepción local de la Revolución Rusa y el movimiento reformista universitario reafirmaron las posiciones antiizquierdistas y la desconfianza en el gobierno radical. En la década del treinta, la Iglesia pudo aprovechar la crisis del liberalismo, ya que el régimen surgido tras el derrocamiento de Hipólito Yrigoyen necesitaba bases sólidas para sostenerse. Se presentaba a sí misma como la corporización de la identidad nacional de una nación que siempre había sido católica. Por otra parte, en esos años, la corriente integrista, que apostaba a una catolización coercitiva de la sociedad, se había fortalecido. La estructura eclesiástica creció significativamente y data de esta época una de las mayores movilizaciones católicas del siglo: el Congreso Eucarístico Internacional de 1934.
A partir de 1943, el vínculo entre la Iglesia católica y el Estado se profundizó. Numerosos funcionarios e intelectuales católicos ocuparon cargos estatales y puestos en las universidades, y la educación religiosa fue reinstalada en las escuelas por decreto. Durante el peronismo las relaciones fueron relativamente cordiales, hasta que tuvo lugar el conocido conflicto entre Perón y la Iglesia, que colocó a esta última nuevamente del lado de un golpe de estado. A pesar de la retórica católica y de algunos gestos en ese sentido, la constitución de 1949 no avanzó en la confesionalización que reclamaban nacionalistas e integristas católicos. En medio del conflicto, se suprimieron la enseñanza y los feriados religiosos, y se aprobó el divorcio a través de la ley del régimen de menores y familia; estas medidas laicistas fueron dejadas sin efecto por la autodenominada Revolución Libertadora.
Las dos décadas siguientes fueron escenario de una destacada presencia política de la Iglesia Católica. En relación a su estructura, su crecimiento fue particularmente importante en el terreno diocesano y también en el de la educación. Como se sabe, de esta época data la habilitación de la educación universitaria privada y la creación de la Universidad Católica Argentina. En 1966, durante la dictadura de Onganía, se celebró un acuerdo con la Santa Sede. En este acuerdo, el Estado argentino renunció a buena parte de sus derechos patronales, aunque no dejó de sostener económicamente al culto católico. Además, este periodo estuvo marcado por un momento de crisis de la estructura institucionalizada del catolicismo y de fractura teológico-política. En el plano social, se produjo una diversificación de la fe, la declinación de la autoridad religiosa y la emergencia de nuevos modelos de sacerdocio. Consolidados en las Fuerzas Armadas, los sectores integristas se convirtieron en una de las principales usinas ideológicas del terrorismo de Estado. Como ha sido señalado recientemente, lo novedoso en este periodo fue su alto nivel de involucramiento con la legitimación de la llamada “lucha contrainsurgente” y la participación en el ejercicio mismo de la violencia represiva. Entre 1976 y 1983, se crearon, por lo menos, cinco diócesis nuevas; y, además, se fijaron las leyes que reglamentan hoy en día los salarios y jubilaciones de arzobispos, obispos y obispos auxiliares (1977 y 1979). No obstante, la violencia represiva se hizo sentir también en el clero y en la militancia laica. Con el retorno democrático, la vinculación entre ambas instituciones sufrió una importante erosión. No obstante, aunque se consiguieron conquistas como la ley de divorcio, la de Educación Sexual Integral o el Matrimonio Igualitario, la persistencia del vínculo es notable.
LID: ¿Con qué relatos o fundamentaciones la Iglesia ha justificado o bien criticado esa relación con el Estado? ¿Hubo “triunfos” de la Iglesia sobre el Estado en esas pujas?
Sabrina Asquini: Entre los investigadores de la historia de la iglesia, el término Iglesia hace referencia a la dimensión institucional de un actor múltiple, complejo, compuesto de distintos sectores y asociaciones, con intereses comunes y opuestos, que pueden actuar mancomunadamente y en el mismo sentido, o no. De ahí, la coexistencia de distintas voces en las que conviven argumentos teológicos y planteos secularizados; es decir, brindados por fuera de las justificaciones propiamente religiosas como, por ejemplo, desde perspectivas médicas, jurídicas, históricas, políticas o sectoriales. Puede decirse que, desde 1853, el catolicismo interpretó el art. 2 de la Constitución Nacional con un sentido que excede el sostenimiento material. A su vez, como señalé, a comienzos del siglo, comenzó a elaborarse un relato que colocaba a la religión católica como garante de la cohesión o identidad a la nación. Con este relato, reeditado y fortalecido, que tomó forma concreta en el contexto del primer centenario de la independencia, el catolicismo argentino logró aprovechar la crisis del liberalismo a la que hice mención. En cierto sentido, esto podría considerarse un triunfo.
La Iglesia católica, que se colocó como una defensora del orden social y de su pilar: la familia, logró, en varias oportunidades, movilizar la adhesión de numerosas mujeres contra iniciativas de tinte laicista, como en el caso de la ley de matrimonio civil —en 1888, o previamente, en 1867, en Santa Fe—. Puede considerarse como una victoria aún más destacada que entre la ley de matrimonio civil y la de divorcio mediaran cien años; una incongruencia jurídica y lógica.
LID: Teniendo en cuenta que la doctrina y los dogmas católicos, con leves modificaciones, tienen una larga historia ¿Por qué es importante estudiar en la actualidad las creencias o religiones a lo largo del tiempo?
Sabrina Asquini: En el recorrido anterior, espero haber podido dar cuenta de la significación de algunos cambios que se produjeron en el plano de las creencias y prácticas como también del espacio que ocupaba la religión en el ámbito público. Tanto la Iglesia católica como el catolicismo argentino han sido sujetos políticos y sociales complejos muy importantes en la historia nacional que, en distintas coyunturas, demostraron una alta capacidad de movilización y adhesión a sus ideas. Actualmente, como se señala en la II encuesta nacional sobre creencias y actitudes religiosas en Argentina, un cuarto de la población interactúa cotidianamente en espacios religiosos sin que otro espacio político, social, cultural o actividad local compita, aunque esta información no se refiere exclusivamente al catolicismo.
Por último, aunque entre el Estado argentino y la Iglesia han primado las relaciones cordiales, sostenidas en la afinidad que ambas instituciones tenían en defender el orden social y en contener el conflicto de las clases sociales, también se trata de dos instituciones que encierran una rivalidad latente por el lugar que asume cada una en la sociedad. Esa rivalidad ha salido a la luz en determinadas coyunturas y podría reeditarse bajo nuevas condiciones.
LID: ¿Qué relación hay entre el poder simbólico que detenta la iglesia y su representación real en la sociedad? ¿Qué implicancias tiene ese poder para el resto de la sociedad?
Sabrina Asquini: Como intenté mostrar, en el caso argentino, la institución católica estuvo vinculada desde el comienzo al Estado y a la elite dirigente. A partir de allí, como aliada de la política civilizatoria, como lazo fundamental de la identidad de la comunidad o agente en la conservación de orden social y del régimen de propiedad capitalista consiguió recursos materiales, humanos y espacios de actuación desde los cuales pudo desenvolver su política de “recatolización” de la sociedad. ¿Podría haberlo hecho sin ello? No lo sé. Probablemente, en el contexto actual más plural en términos religiosos y con reducido peso de la autoridad eclesiástica en la práctica religiosa, tenga menos capacidad de movilizar adhesiones desde la fe que por el lugar que ocupa en el terreno educativo y social. Este hecho, que no es privativo de la iglesia católica, puesto que también atañe a las iglesias evangélicas más institucionalizadas, habilita negociaciones con distintos sectores del estado; algunas de ellas se hicieron públicas en el 2018 durante las discusiones por la modificación de la ESI.
LID: Teniendo en cuenta grandes debates nacionales como el derecho al aborto, el matrimonio igualitario e incluso el divorcio en los ochenta, ¿considera que los movimientos religiosos, en nuestro país, fundamentalmente la Iglesia católica y ahora los evangélicos, han recuperado poder político y capacidad de movilización?
Sabrina Asquini: Si nos guiamos por la II encuesta nacional sobre creencias y actitudes religiosas, esta no refleja un alto grado de participación en manifestaciones ni en organizaciones sociales, sindicales y políticas, aunque las cifras ascienden en el caso de las y los “sin religión” y, en menor medida aún, entre las y los evangélicos. De todos modos, es un fenómeno que se está estudiando debido, también, a experiencias en otros países.
Si se miran los momentos en los que se trataron iniciativas laicistas, se observa que hubo distintas y variadas formas de movilización a favor y en contra. Dentro del catolicismo, algunas manifestaciones asumían la forma de correspondencia a los legisladores, recolección de firmas organizadas coordinadamente en distintas ciudades del país, movilizaciones callejeras, etc. Los debates, muchas veces, se producían y reproducían en diarios o periódicos, solían publicarse folletos y realizarse conferencias y mitines. En cada momento, la lucha política asume distintas modalidades y no siempre es fácil la comparación. Lo que sí me parece que es claro es que el fenómeno religioso lejos de desaparecer —como un viejo vestigio del pasado que sería superado por el avance de una modernidad racional y cientificista— es una realidad viva y dinámica.
LID: Una lectura sugerida
Sabrina Asquini: Hay mucha producción de investigadores argentinos que en las últimas décadas vienen trabajando desde el plano de la Historia, como también de la Sociología y la Antropología. Existen también algunos grupos de investigación que estudian estos y otros temas vinculados a la religión y laicidad que suelen compartir sus trabajos e información específica en redes sociales, algunos de ellos son Diversa (Red de Estudios de la Diversidad Religiosa en Argentina), RedHisel (Historia y religión) OREP (Observatorio de Religión y Espacio Público de Rosario), Religio (Grupo de estudios de Historia de la Iglesia).
Aunque entre el Estado argentino y la Iglesia han primado las relaciones cordiales, sostenidas en la afinidad que ambas instituciones tenían en defender el orden social y en contener el conflicto de las clases sociales, también se trata de dos instituciones que encierran una rivalidad latente por el lugar que asume cada una en la sociedad.
Acerca del entrevistado
Sabrina Asquini es Profesora de enseñanza media y superior en Historia (UBA). Doctoranda en Historia y becaria doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Estudia las formas de acción social del catolicismo ante la llamada cuestión obrera en Buenos Aires a fines del siglo XIX. Forma parte del comité editorial de la Revista Archivos y del Centro de Estudios Históricos de los Trabajadores y la Izquierdas. |
