La mayoría de las gasolineras están cerradas y enormes colas de carros en las pocas que siguen funcionando. En muchas estaciones de servicio, los conductores se encuentran con un despliegue de militares y policías que les informa que solo se suministra combustible a los vehículos de los servicios esenciales. Está en vigor un plan de racionamiento implementado por el Gobierno de Maduro.
La aguda crisis con la gasolina estaba en puertas cuando inició la cuarentena, fue esa circunstancia sobrevenida lo que permitió correr unas semanas el estallido e incluso aminorar relativamente su impacto. Si se hubiese mantenido el flujo normal de la actividad del país y la correspondiente demanda de combustible, hoy la situación sería mucho peor. Con todo y eso, no deja de ser dramática.
En teoría, los trabajadores de la salud son uno de los sectores priorizados para llenar combustible. Sin embargo, es común ver las quejas de médicos y trabajadores del sector sobre que deben pasar largas horas para poder surtir, y a veces no lo logran. Es posible que personal de salud deba dedicar el tiempo equivalente a media jornada de trabajo, o más, para poder echar combustible en el vehículo en el que cual se traslada al centro de trabajo.
La corrupción de los encargados del control del combustible, es decir, policías y militares, suma problemas a la situación. Abundan las denuncias sobre privilegios en el llenado a quienes pagan por el cupo, en dólares, por supuesto. Este nuevo “negocio” puede hacer que alguien de un sector priorizado (salud, transporte de alimentos, producción, etc.) no alcance a llenar. Han circulado estos días videos en los que pequeños productores del campo expresan la angustia por la pronta pérdida de la cosecha, o incluso en uso se ven cantidades de hortalizas que se están pudriendo por falta de combustible para trasladarlas a la ciudad.
Entre la destrucción de PDVSA y las sanciones imperialistas
Las sanciones imperialistas, sobre todo las centradas en el sector petrolero y PDVSA, han agravado y hecho más acuciante esta situación. La más severa de las sanciones fue ejecutada por Estados Unidos en enero del año pasado, que se ha tratado en los hechos de un embargo petrolero, inédito para Venezuela. Además, las sanciones prohíben la exportación a Venezuela de diluyentes que usa PDVSA en el procesamiento del crudo pesado y extrapesado, y limitan el comercio de bonos de PDVSA. Esto significa que la producción de petróleo en el propio país podría seguir cayendo. Asimismo no se puede exportar ni importar derivados petroleros desde EE.UU. como, por ejemplo, gasolina ligera.
PDVSA ya se encuentra en una gran crisis dentro del territorio venezolano –por las sanciones el Estado perdió Citgo que fue confiscada por Estados Unidos–, con sus niveles de producción cayendo a mínimos solo comparables a 1940. Si en el 2012 se producían alrededor de 3 millones de barriles diarios, hoy se está muy por debajo del millón de barriles, llevando a fuertes caídas en los flujos de caja.
La escasez de combustible comenzó mucho antes de las sanciones debido a la caída de la refinación en Venezuela, que tiene una capacidad total de 1.3 millones de barriles por día (bpd) de procesamiento de crudo. Las principales refinerías del país se encuentran en crisis, justamente por la falta de inversión oportuna y adecuada. Una situación llevada por las políticas de Maduro que optó por priorizar el pago de deuda externa a los acreedores internacionales cuando esos fondos eran necesarios para apuntalar una industria que ya vaticinaba su caída luego de los bajos precios de petróleo a comienzos del 2104.
A lo que se suma el enorme saqueo de la renta petrolera a lo largo de década y media, mediante una fuga de capitales que colocó en el exterior en cuentas privadas, una cifra fabulosa que oscila entre los 400 y 500 mil millones de US$. Resultado indirecto de los planes de Chávez de poner la renta en manos de una hipotética “burguesía nacionalista y productiva” para “desarrollar” el país, y de la voraz corrupción que creció al amparo de esas políticas.
Actualmente es difícil saber realmente el nivel de refinación por el alto nivel de secretismo del Gobierno de Maduro y que no publica cifras oficiales. Pero de acuerdo a un informe de Reuters, “PDVSA solo refinó 101,000 bpd de crudo en marzo, según un documento interno de PDVSA visto por Reuters, lo que aumenta la dependencia de la nación afectada por la crisis de las importaciones”. Precisando que “La gran mayoría de eso fue para producir diesel y combustible para aviones. Las refinerías produjeron solo 7,000 bpd de gasolina de 91 octanos en marzo y 28,000 bpd en los primeros tres meses del año. El Cardón de 310,000 bpd y las refinerías de Puerto la Cruz de 187,000 bpd permanecieron completamente detenidos”.
El rol criminal de las imposiciones de Trump
El impacto de la política de Estados Unidos, que para lograr su objetivo de forzar la salida de Nicolás Maduro del poder, extendió sus sanciones hasta las operaciones de PDVSA, ha agravado las dificultades. Para compensar la caída de la capacidad refinadora nacional, el gobierno venezolano había optado en los últimos meses por importar gasolina a cambio de crudo, principalmente a través de la rusa Rosneft.
Pero Donald Trump decidió golpear más duramente en plena pandemia, en una acción realmente criminal, aumentando así el cerco para estrangular más aún la ya colapsada economía del país. Estados Unidos forzó a Rosneft para que terminara sus operaciones en Venezuela, aunque sus activos fueron traspasados a una empresa del gobierno ruso. Esa vía entonces para sortear las sanciones quedó entonces cerrada.
Con un cuarto de la población mundial en cuarentena, la demanda global de petróleo se desplomó a la misma velocidad que el precio del barril, que llegó a caer a US$16 para el crudo del país, menos de lo que a Venezuela le cuesta producirlo. En ese contexto, el objetivo de Trump es infligir los mayores niveles de daño posibles.
Al tiempo que el imperialismo profundiza el estrangulamiento de la economía, también realiza operaciones militares cerca del país con la "operación anti-drogas del Caribe" y la acusación de "narcoterrorismo" a Maduro y altas autoridades de la burocracia estatal, con ofrecimiento de recompensa (al igual que con Panamá en el 89). Todo apunta a golpear más duro a Venezuela con provocaciones militares en un año electoral, aunque una intervención militar se avizora poco probable. Aunque Trump no la tiene fácil, pues no se le hará sencillo fungir de gendarme humanitario en un país extranjero, con las más de 100.000 muertes que se esperan en los Estados Unidos, por la negligencia con la que su administración ha abordado la emergencia
Venezuela por las sanciones está imposibilitada de comprar gasolina en el exterior. Si no encuentra quién le compre su petróleo, Venezuela tendrá muy difícil encontrar quién le venda gasolina. De acuerdo a la agencia Reuters, desde finales de 2019, los funcionarios estadounidenses han pedido a la mayoría de los proveedores de combustible de Venezuela que eviten enviar gasolina al país. Según fuentes de esta agencia periodística “En la última ronda de llamadas a principios de marzo entre funcionarios estadounidenses y empresas petroleras, reiteraron la prohibición, a pesar del empeoramiento de las condiciones humanitarias en el país”.
La escasez se nota ya, no solo en las carreteras y ciudades del país, sino también en la estadística. Según datos internos de PDVSA y de la consultora RefinitivEikon citados por Reuters, hasta la última semana de marzo, Venezuela había importado solo 90.417 barriles diarios de gasolina, lejos de los 165.000 de enero y febrero.
En medio de la pandemia por el coronavirus Venezuela es considerada por la Organización Panamericana de Salud uno de los más potencialmente vulnerables de la región, y los trabajadores de centros médicos y hospitales denuncian que sin gasolina, ni transporte público por la cuarentena, les resulta imposible llegar a trabajar.
Pero otro de los grandes dramas son los alimentos. Según el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, un tercio de la población venezolana se hallaba en situación de inseguridad alimentaria ya antes de la pandemia. Con la dificultad de la falta de gasolina el transporte de alimentos se ve altamente perjudicado.
Pero no solo eso, todo lo que mueve la producción agrícola, riegos, fumigación, entre muchas otras cosas, es activado con gasolina o gasoil. Si esta sigue escaseando es otro colapso de origen tanto para el sembrado como para la recolección. Agricultores y ganaderos han empezado a reportar problemas para transportar sus mercancías a los mercados y se teme que la cosecha de varios productos se eche a perder por el problema de la gasolina.
La oposición de derecha sigue apoyando todas las sanciones que ha impuesto sobre el país, y más aún en estos tiempos de la pandemia por coronavirus, siendo cómplice y parte de esta política criminal. Lo que pone al desnudo su demagogia de pedidos de “ayuda humanitaria”.
En medio de la crisis los trabajadores necesitan levantar un programa propio. Abajo las sanciones imperialistas
Una de las primeras medidas de urgencia ante la falta de gasolina es la exigencia inmediata del levantamiento de las sanciones al país. Si antes de esta emergencia eran repudiables estas acciones imperialistas, hoy lo son en grado extremo, pues, en medio del actual brote y de la crisis humanitaria de magnitud que está generando se vuelve urgente pelear por el fin de las mismas. No es a Maduro que afectan las mismas, es al pueblo venezolano, que si ya viene sufriendo una de las mayores calamidades producto de la catástrofe económica, ahora se ve al borde que el sufrimiento llegue a extremos si la producción agrícola y de alimentos así como el transporte de mercancías se paraliza, amenazando con una verdadera hambruna.
A la par de esta medida los trabajadores y las trabajadoras debemos exigir la centralización completa de toda la industria petrolera y de combustibles pero que pase a estar bajo el control de trabajadores, reorganizando toda la producción y la refinación en función de las grandes necesidades de la mayoría de la población, y que no siga en manos de esa burocracia cívico-militar corrupta y antiobrera que en todo este tiempo ha privilegiado sus intereses por encima de los del pueblo.
Desde la Liga de Trabajadores por el Socialismo se ha propuesto todo un programa de emergencia para hacerle frente a la actual crisis. De conjunto, se trata de medidas de un programa propio de los trabajadores y el pueblo pobre para hacer frente a la pandemia, defender el derecho a la salud y a la vida, y posicionarse como un sujeto activo y actor clave en la situación, para evitar que esto venga a significar una profundización de la catástrofe social y sanitaria que ya venimos padeciendo.
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