La clase capitalista ya comenzó a descargar sobre la clase trabajadora y el pueblo pobre una crisis que se intensificó por la aparición de la pandemia del nuevo coronavirus.
Cierres de empresas, despidos, rebajas salariales, aumento de la flexibilización laboral, obligación de trabajar sin los implementos sanitarios elementales, represalias y hasta represiones para quienes se organizan y protestan.
La burguesía demuestra una vez más que es una clase parasitaria. Su rentabilidad y ganancias lo valen todo, y de allí su desprecio por la vida de la clase que crea, produce, distribuye todo lo que consumimos y brinda servicios esenciales para la vida como la salud.
Con la cuarentena obligatoria, millones de personas se quedaron sin su sustento diario.
Más de once millones de personas se anotaron para recibir los $10.000 que el gobierno pagará este mes. Sin embargo más de tres millones de solicitudes fueron rechazadas por el gobierno de Alberto Fernández.
El gobierno decretó la prohibición de despidos por dos meses, pero a la par terminó convalidando los 1.500 despidos que hizo Paolo Rocca de Technit (que tiene un patrimonio personal de ¡3.300 millones de dólares!), la Policía de Berni y Kicillof reprimió a los obreros del frigorífico Penta que reclaman contra un lock-out patronal que afecta a cientos de trabajadores. Se calculan decenas de miles de despidos entre los trabajadores no registrados, por agencia, en períodos de "prueba", etc.
Las mujeres trabajadoras son las principales víctimas. Quienes limpian casas son despedidas o no se les paga el 100% del salario mientras se mantenga la cuarentena. Las que tienen hijos/as y tienen que trabajar, muchas veces no tienen con quien dejarles mientras dure el cierre de jardines y escuelas.
En ese marco, patronales multinacionales como McDonald’s y Burger King les pagan a sus trabajadores y trabajadoras menos de la mitad del sueldo, quitándoles en forma cínica el "presentismo" cuando esas cadenas no están trabajando. Los concesionarios de autos están proponiendo rebajar el 60% de los sueldos. En Siderca Campana (también del multimillonario Rocca) se proponen rebajas del salario con el aval de la UOM. A través de las "suspensiones" las patronales encontraron el vericueto legal para rebajar los salarios.
La dirigencia sindical sigue como sombra al cuerpo a las grandes patronales que buscan levantar la cuarentena "a como sea". Los burócratas firman rebajas salariales sin chistar y están dejando pasar la oleada de despidos.
La "oposición" de Cambiemos hace demagogia con medidas que debería tomar el gobierno y hasta tuvo el cinismo de criticarlo por el desastre de las colas de los jubilados en los bancos y por el "ciber-patrullaje" que reconoció la Ministra de Seguridad. Pero no tienen ninguna autoridad quienes son los responsables de haber rebanado el presupuesto de salud en un 25% en sus cuatro años de gobierno, de haber endeudado al país en forma récord y entregarnos al FMI, de haber utilizado el "ciber-patrullaje" y la represión cada vez que necesitaron defender los intereses de las grandes patronales.
Conocidos empresarios como el conductor radial Mario Pergolini ya están exigiendo una "reforma laboral profunda".
Con la pandemia de fondo, las patronales buscan sacar tajada y salir con una clase trabajadora diezmada en sus condiciones laborales y salariales.
No podemos permitirlo. Acá se trata de una cuestión de autodefensa y preservación como clase trabajadora, frente a la decadencia, la ruina y el riesgo de nuestra salud que nos prometen los capitalistas.
Las medidas que acá proponemos deben ser banderas de todo el movimiento obrero. Solamente los resultados de la lucha determinarán si esta vez la crisis la pagan los capitalistas y no el pueblo trabajador.
- Pago del 100% de los salarios. Ningún cambio en las condiciones de trabajo. Ningún despido ni suspensiones con rebaja salarial
- Salario de cuarentena de $30.000 para todas y todos aquellos que tengan que cumplir el aislamiento obligatorio y no tengan una licencia laboral paga, extensivo a las y los jubilados que perciban menos que esa cifra.
- La prohibición de despidos tiene que ser garantizada por los sindicatos. El DNU de "prohibición de despidos" del gobierno deja afuera a todos los trabajadores y trabajadoras no registrados. También habilita a las empresas a suspender con rebajas salariales. Aún con este decreto numerosas patronales despidieron. La única forma de garantizar esta prohibición es con la organización y lucha por lugar de trabajo, exigiéndoles a los sindicatos que dejen de mirar para otro lado y se pongan a la cabeza de esta pelea por nuestra supervivencia como clase, en el camino de echar a la burocracia sindical y recuperar las organizaciones para las y los trabajadores.
Toma y estatización de toda empresa que cierre o despida masivamente. La clase obrera argentina ya dio cátedra de cómo defenderse frente a los despidos masivos y cierres. En la gran crisis del 2001/2002 cientos de empresas fueron recuperadas y puestas a producir o brindar servicios por parte de sus trabajadores. Después de 20 años, y aún numerosísimas dificultades tenemos a la cerámica Zanon de Neuquén como uno de los principales emblemas de esta experiencia. Hace pocos años los trabajadores de la gráfica Donnelley de Escobar (hoy Madygraf) también se hicieron cargo de la empresa y la pusieron a producir. Este método de defensa de los puestos de trabajo debe implementarse exigiendo la estatización de la empresa que cierre.
Comités de higiene y salubridad en cada lugar de trabajo con miembros elegidos democráticamente entre los trabajadores y trabajadoras. Estos comités deben tener plenos poderes para controlar y exigir todo lo que tenga que ver con la salud de las y los empleados, desde barbijos, guantes descartables, termómetros electrónicos a la entrada de los establecimientos, etc. Asimismo deberán poder determinar en cada momento si están dadas las condiciones de salubridad para que la empresa funcione, y en caso contrario determinar en asamblea el inmediato cese de actividades sin que las patronales puedan tomar represalias de ninguna especie. Las y los integrantes de estos comités deben tener los mismos fueros legales que cualquier delegado.
Distribución de las horas de trabajo entre todos los trabajadores de una empresa que haya tenido que bajar la producción, sin rebaja salarial, excluyendo a todas las personas pertenecientes a grupos de riesgo que serán licenciadas con el 100% del salario.
Comités populares en cada barrio que controle los precios. Control de los trabajadores de cada rubro sobre el costo real de cada producto de primera necesidad. Apertura de los libros de contabilidad de todas las empresas para ser verificados por los trabajadores con el asesoramiento de profesionales contables leales a su causa.
Asambleas en cada lugar de trabajo. Nada debe impedir que las y los trabajadores podamos debatir libremente y tomar las decisiones necesaria en defensa de nuestras vidas y la de nuestras familias. En numerosas dependencias donde se está trabajando, se están utilizando aplicaciones de "video-conferencia" para que todas y todos puedan participar de las asambleas sin riesgo. Ese método puede servir también para deliberar con las y los compañeros de los sectores que están licenciados o suspendidos.
Nuestras vidas valen más que sus ganancias
En pocas horas ya habrán 100.000 muertos declarados por el Covid-19 en todo el mundo. Según varios analistas la cifra real podría ser aún superior por los ocultamientos que hacen los distintos gobiernos.
Justamente por la improvisación de los Estados no hay datos fiables de cómo seguirá el derrotero de este nuevo virus.
Como venimos denunciando en La Izquierda Diario, el "paciente cero" del Covid-19 fueron los ajustes y "medidas de austeridad" que hicieron los distintos gobiernos sobre la salud pública en las últimas décadas, favoreciendo su creciente privatización. Sabiendo que estaban todas las condiciones para que surgiera una nueva pandemia, la industria farmacéutica en el mundo decidió invertir principalmente en productos bien redituables como los fármacos para el cáncer y otras dolencias, dejando de lado toda investigación seria que habría podido prevenir o, al menos, atemperar el desarrollo de nuevos virus como el Covid-19 sobre la humanidad.
El virus es una formación de la naturaleza, pero su propagación y los efectos que produce sobre millones de personas responde a la construcción social en manos del capitalismo.
La "cooperación" entre los estados es una quimera. Los países imperialistas se pelean cual piratas por ver quién se queda con los respiradores y los test necesarios para todo el mundo. Solo los trabajadores de los distintos países podrían tener una política solidaria de cooperación internacional para utilizar todos los recursos necesarios contra la pandemia global, superando las fronteras y las trabas que impone la producción desde el punto de vista de la ganancia privada.
La intervención decidida de la clase trabajadora no solo debe tener como norte la defensa de sus conquistas, sino que debe desplegar un programa que facilite que todos los recursos humanos y materiales disponibles se pongan al servicio de impedir muertes evitables.
-Testeos masivos. El PTS en el Frente de Izquierda hizo este planteo apenas conocidos los primeros casos en la Argentina. Nicolás del Caño presentó un pedido de informes al Ministerio de Salud hace ya casi un mes (el 13 de marzo) sobre cuántos kits de test tenía el Estado y cuántos consideraba que se iban a necesitar a medida que avanzar la epidemia. Nunca respondieron. Los testeos masivos tienen como primera finalidad encontrar a las personas infectadas para aislarlas, al igual que a todas las personas que tuvieron contactos con las mismas en las semanas previas. Esto podría permitir que el aislamiento fuera obligatorio solo para esos grupos de personas, los mayores de 65 años y quienes tengan enfermedades preexistentes. Pero también para tener un mapa sobre en qué zonas se desarrollan más los contagios y así poder planificar racionalmente la utilización de los recursos.
En los últimos días ya vimos a decenas de especialistas que corroboran la necesidad de estos testeos, junto con termómetros electrónicos a la salida de los subtes, en las estaciones de trenes y en todos los lugares de trabajo o estudio que también permitiría aislar a las personas que tengan temperatura elevada.
Hoy Argentina es uno de los países que menos test se hacen por cada millón de habitantes.
Declaración de utilidad pública de toda la medicina privada y los laboratorios farmacéuticos. Ginés González García sugirió en una reunión con los jefes parlamentarios que iba a haber un decreto para unificar la salud privada con la pública. Por si alguien tenía alguna duda, aclaró que no iba a afectar la propiedad privada. Sin embargo en menos de 24 horas tuvo que desdecirse y recular frente a las cámaras patronales. La unificación del conjunto de las prestaciones de salud es fundamental para hacer una planificación racional y que todo aquel que necesite una cama hospitalaria o asistencia en terapia intensiva pueda tenerla.
Las prestaciones deben pagarse al precio de costo, y no puede ser un "alquiler" de las empresas privadas al Estado, para que sus dueños sigan lucrando en medio de la crisis. Las y los trabajadores de la salud deben ser los que monitoreen las disponibilidades realmente existentes en cada clínica o sanatorio para su utilización en caso de necesidad. Las empresas que se nieguen deben ser expropiadas y gestionadas por sus médicos, enfermeras y trabajadores de cada establecimiento.
Barbijos y alcohol en gel gratuitos para toda la población. Al principio de la crisis las autoridades sanitarias y la propia OMS declararon que los barbijos no eran necesarios para la población. Hoy la mayoría de los estados recomienda o hace obligatorio su uso, habiéndose demostrado que sirven como freno para que el virus no se propague de una persona a otra. Aún así, en las pocas farmacias donde se venden cuadruplicaron sus precios (diez barbijos los cobran $600). El Estado debe garantizarlos para todos los habitantes. El Estado tiene que garantizar que las empresas textiles se reconviertan para su producción, como lo hicieron las obreras de la cooperativa Traful Newen que en Neuquén comenzaron a hacer barbijos y hasta tomaron a más personal cuando las empresas bajo patrón están despidiendo.
Lo mismo sucede con el alcohol en gel. Todas las empresas que lo producen deben pasar a ser declaradas de utilidad pública, al igual que ingenios como Ledesma que producen la materia prima para la producción del alcohol, bajo el férreo control de sus trabajadores que evitarán todo tipo de especulación en los precios a acaparamiento. Madygraf bajo control de sus trabajadores también reconvirtió parte de su planta y está produciendo sanitizantes para la población, mientras que los trabajadores de la papelera Ansabo exigen la estatización de esa empresa y ayuda inmediata para poder producir alcohol en gel.
Viviendas para las personas vulnerables que lo necesiten. En la Argentina más de dos millones de personas viven hacinadas. Cualquier tipo de aislamiento pone aún mayor riesgo a las personas vulnerables al Covid-19, particularmente los adultos mayores. Solo en la CABA hay 140.000 viviendas ociosas. Tienen que estar a disposición para que las personas vulnerables, que seguramente deberán tener que estar aisladas durante meses, tengan un lugar donde habitar en forma segura, asistidos en sus necesidades por voluntarios/as dirigidos por las organizaciones sindicales y sociales.
Información pública y veraz. Control obrero y popular
El gobierno nacional y los gobernadores solo dan cuenta de la cantidad de contagiados testeados y los decesos diarios. Nadie conoce cuál es el plan a corto o mediano plazo, a sabiendas que deberemos convivir con este nuevo coronavirus por varios meses. Cuántos test hay y cuántos se necesitan. Camas y unidades de terapia intensiva. Respiradores. Si alcanzará o no el personal entrenado. Cuáles son los pronósticos con respecto al desarrollo de la pandemia.
Se gobierna por decreto, cerrando de hecho el Congreso para impedir un debate nacional sobre cuál debe ser la orientación que se debe tomar frente a la crisis. Esta suma del poder público por parte del Ejecutivo es una cuestión importante para la clase trabajadora, ya que en el marco de una descarga de la crisis sobre las mayorías populares, este o cualquier gobierno que lo suceda podría tener más poder para la represión sin ningún tipo de cuestionamiento ni control.
Debemos exigir información pública y veraz de todo. Las y los trabajadores de la salud y de todas las ramas escenciales (laboratorios farmacéuticos, alimentación, transporte, etc.) deben controlar la producción y los servicios que prestan para poner toda la información frente a la sociedad. Como vienen exigiendo Nicolás del Caño y Romina del Plá, exigimos la reapertura inmediata del Congreso Nacional para poner en discusión todos nuestros proyectos de ley.
Recursos hay Ni un dólar más al pago de la deuda. Hace dos semanas el gobierno nacional hizo un nuevo pago de deuda por 248 millones de dólares (16 mil millones de pesos). El propio Ministerio de Salud afirma que harían falta 2.600 respiradores más para un supuesto pico de la epidemia, mientras que otros sostienen que faltarían más de 9.000. Con sólo ese pago de la deuda se podrían haber comprado 20.000 respiradores (a razón de $800.000 cada uno).
En lo que va del año el gobierno de Alberto Fernández pagó en concepto de la deuda más de 5.000 millones de dólares. Un crimen social.
Impuestos Extraordinarios a los banqueros y grandes grupos económicos. El gobierno dejó entrever que estaría preparando proyectos de ley para gravar a las grandes fortunas. Nuestro planteo es concreto. Todos los recursos para paliar la crisis. A cada necesidad (compra de respiradores, materiales de seguridad para los trabajadores de salud, tests, etc.) se deberán imponer los impuestos a las grandes fortunas con la tasa necesaria para paliarlos. Todo importe que sea manejado por el gobierno sin ningún control podría ser utilizado para seguir subvencionando a las grandes patronales o pagar la fraudulenta deuda externa.
Banco nacional único. La nacionalización de todos los depósitos eliminando las multimillonarias ganancias de los banqueros podría garantizar créditos baratos para todos los pequeños comerciantes arruinados, y poner el ahorro nacional al servicio de obras de infraestructura necesarias como hospitales y viviendas. Asimismo esta medida impediría la fuga de capitales con el férreo control de las y los trabajadores bancarios.
El PTS en el Frente de Izquierda impulsa la organización y la lucha por estas medidas, como respuesta a la crisis, en momentos donde las y los trabajadores aún confían en que el gobierno de Alberto Fernández y el peronismo serán capaces de resolver la crisis. Daremos cada lucha parcial sin ningún sectarismo, pero siendo conscientes que si la experiencia de lucha se generaliza, chocará con el gobierno que se propone gestionar el estado sin cuestionar el poder de los grandes capitalistas, y abrirá el camino a los que planteamos que sólo lograremos vencer si conquistamos un gobierno de las y los trabajadores. | 
