Según el monitoreo que realiza la organización Greenpeace en Salta, Santiago del Estero, Formosa y Chaco, provincias donde se concentra el 80% de las deforestaciones, en la segunda quincena de marzo registraron mediante la comparación de imágenes satelitales 2.172 hectáreas desmontadas. Encabezando esa lista está la provincia de Salta donde pudieron registrarse 839 hectáreas desmontadas. Sigue Santiago del Estero con 734 hectáreas, Formosa con 520 y Chaco con 79.
En el departamento San Martín, que pertenece a la zona del Chaco Salteño donde ya son más de 30 las muertes de niñas y niños por causas relacionadas a la desnutrición, las comunidades originarias pelean contra el hambre provocada. Esa hambre no es natural sino producto, entre otros factores, por el despojo que sufren de sus territorios, el avance de la frontera agropecuaria y los consecuentes desmontes. Greenpeace detectó, como parte de estos desmontes, cerca de 130 hectáreas en finca San Francisco, propiedad de Ignacio García del Río que no es más que el presidente de la Sociedad Rural de Salta y miembro de PROGRANO.
Ya sea rompiendo la cuarentena, como ocurre con estos desmontes que violan el distanciamiento social obligatorio decretado por el gobierno nacional por la crisis del coronavirus o a través de presiones que terminan legalizando el curso de la actividad, la sed de ganancias de los empresarios para. Ni siquiera durante una pandemia que golpea a todo el mundo.
Las mineras de la Puna de Atacama, en el noroeste argentino, tuvieron que parar su producción cuando se decretó la cuarentena generalizada en todo el país. Pero de inmediato pusieron el grito en el cielo y las cámaras de minería de Salta y Jujuy pidieron ser consideradas actividades esenciales, mientras en Catamarca más de 300 obreros que hacían trabajos para la multinacional de litio Livent, eran despedidos. El día 2 de abril, el gobierno nacional las sumaba a la lista de actividades esenciales para que pudieran volver a sus actividades.
Para estos gobiernos nacional y provinciales, parece ser que el criterio para definir una actividad esencial tiene mucho que ver con los intereses empresariales de seguir acumulando ganancias. Y poco con las necesidades de las mayorías populares. |
