Esta semana, la Organización de Derechos Humanos Amnistía Internacional mediante comunicado, expresó su preocupación ante las declaraciones públicas del ministro de Gobierno, Arturo Murillo, en fecha 15 de abril de este año, sobre la aprehensión y el procesamiento penal de “67 actores políticos” acusados de participar en “movimientos de desestabilización y desinformación” y de hacer “guerra virtual”; 37 de los cuales ya habrían recibido sentencias condenatorias a través de “procesos abreviados”.
Recordemos que días antes de las declaraciones del Ministro Murillo, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Amnistía Internacional, habían manifestado su “preocupación” por la promulgación del Decreto 4200 que emitió el Gobierno de Jeanine Áñez, ante la emergencia sanitaria por el Covid-19 y que el mismo, “sanciona con prisión”, los hechos de “desinformar” o “incitar a delitos contra la salud” figuras que fueron calificadas por estas organizaciones internacionales como amplias y que amenazan la libertad de expresión. De igual forma, advirtieron que dicha norma no cumple con el principio de legalidad y no se ajustan al interés imperioso de proteger la salud.
Adicionalmente la Relatoría, en su cuenta oficial de Twitter, reiteró que es desproporcionado el uso del derecho penal para criminalizar expresiones de interés público y llamó al Gobierno de Bolivia a dejar sin efecto el decreto en cuestión.
Ante estos cuestionamientos internacionales, la Procuraduría General del Estado respondió a ambas instituciones y asegurando que la mencionada Ley va acorde a la Constitución, a convenios internacionales de derechos humanos y no viola la libertad de expresión en el país. Sin embargo, días después el ministro Murillo informó en conferencia de prensa sobre la aprehensión y el procesamiento penal de “67 actores políticos” que fueron identificados por el equipo policial destinado a hacer ciberpatrullaje.
Es importante mencionar, que este tipo de intimidación pública, generado desde el ministerio de Gobierno y ejecutado por la policía, arremete de forma directa contra el derecho fundamental de la libertad de expresión y opinión, que se ejerce a través de las redes sociales (RRSS). Este tipo de práctica denominada eufemísticamente “ciberpatrullaje”, forma parte del conjunto de prácticas represivas y de persecución política del gobierno de Áñez, para callar voces disidentes tratando de ocultar la precariedad y la incompetencia para afrontar la crisis sanitaria del Covid-19.
Recordemos que el espionaje estatal en RRSS, la persecución política, y la vulneración abierta de Derechos Humanos básicos, también fueron prácticas represivas del gobierno de Evo Morales, no obstante, llama mucho la atención el incremento exponencial de estas prácticas en el actual Gobierno, cada día mas semejante a las dictaduras militares, donde la vigilancia y hostigamiento eran formas comunes de controlar a sus detractores.
De igual manera, la instrumentalización de la justicia como forma de perseguir a disidentes políticos mediante procesos penales, práctica también heredada del Gobierno anterior, hoy se ve incrementada en niveles históricos, situación que se refleja en la multiplicación de los procesos por delitos de sedición y terrorismo, a todo aquel que se manifieste en contra del régimen.
Esta realidad, no solamente se presenta en nuestro país, ya que las denuncias en todo el mundo de violación a la libertad de expresión, detenciones arbitrarias y torturas, con el argumento de “cuidar la salud”, impuestas por las fuerzas represivas de los Estados, son cada vez mayores.
Es evidente que la crisis sanitaria del Covid-19, reveló las deficiencias en las estructuras sanitarias de todos los Estados, visibilizando también que la salud era un tema de última prioridad y ante esta situación de emergencia, se adoptaron medidas que hasta hace poco eran consideradas reliquias sanitarias, como el confinamiento o la cuarentena. Sin embargo, el día de hoy el uso de las mismas para contrarrestar la pandemia, no es una opción. Esta situación es muy bien aprovechada por los gobiernos en todo el mundo para fortalecer sus aparatos represivos y de control, bajo la excusa de luchar por la salud, algo que nunca les importó.
El capitalismo, ya sea autoritario o liberal, se ha demostrado incapaz de dar una verdadera solución a los padecimientos del pueblo oprimido y trabajador frente a la crisis sanitaria, que no solamente es histórica por su naturaleza pandémica, sino que también por la violación sistemática de los Derechos Humanos en todas las latitudes del mundo.
La defensa del derecho a la libertad de expresión y todos los derechos democráticos fundamentales, deben pasar a formar parte de las reivindicaciones inmediatas del pueblo trabajador y a través de esta lucha transformar estas reivindicaciones en la lucha por el control y dirección de la economía en manos de la clase trabajadora, para afrontar esta y futuras pandemias así como forjar una sociedad libre de toda forma de opresión y explotación que el sistema capitalista alimenta recrea permanentemente. |
