El pasado 15 de noviembre, los partidos políticos institucionales con representación en el parlamento suscribieron un “histórico acuerdo por la paz”. Hasta ese día, millones de chilenos y chilenas se habían rebelado ante el sistema abusivo que esas mismas fuerzas políticas habían avalado y sostenido por décadas. A pesar de que el denominado “Acuerdo por la Paz” fue proyectado a puertas cerradas y sin considerar a los inmensos sectores de la sociedad que desde el 18 de octubre se mantenían insurrectos en las calles del país, el arreglo partidista fue promocionado como un verdadero pacto transversal que incluía a todas las fuerzas políticas en pugna.

Uno de los antecedentes más relevantes, para evidenciar la naturaleza poco conciliadora y excluyente de un tratado institucional que pretende dar curso al cambio de Constitución política, es la nula preocupación que mostraron los suscriptores del acuerdo con los presos políticos de la revuelta que se contaban hasta mediados de noviembre.

La casta política institucional, de manera transversal, desde la Unión Demócrata Independiente, hasta el Frente Amplio, suscribió un contrato que no contempló justicia por las y los caídos, desaparecidos, mutilados y violados de la revuelta, ni tampoco manifestó ninguna intención de liberar a los encarcelados del estallido social.

Así, desde entonces, estos mismos políticos han exhibido una tenaz voluntad de aprobar las leyes represivas planteadas por el ejecutivo, con el objeto de criminalizar la protesta, lo que ha tenido como consecuencia la existencia de 2500 presas y presos políticos que hoy en día se encuentran privados de libertad, expuestos a convertirse en presa de la pandemia mundial del COVID-19.

Estos jóvenes, en su mayoría estudiantes y trabajadores, son víctimas de un tratado excluyente que, bajo un nombre afable, esconde todo un manto de violencia, del cual sus cuerpos, son el principal depositario.

Es en el contexto de un “Acuerdo por la Paz” inacabado, de recrudecimiento constante de la represión y criminalización de la protesta social, sumado a la aparición de la pandemia, acudimos a entrevistar a una pareja de docentes ligados a las ciencias sociales para recoger un análisis de la situación en cuestión.

Ambos profesionales son pobladores de Padre Hurtado, comuna de la Región Metropolitana que ha sido objetivo de una fuerte represión, y miembros del Colectivo Octubre Combativo, organización surgida a propósito del estallido social.

María Soledad Núñez es Profesora de Historia y Ciencias Sociales, con experiencia en pedagogía crítica en contextos de vulnerabilidad social y José Luis Riquelme es Doctor en Teoría Crítica y Sociedad Actual, Magíster en Historia y Profesor de Historia y Geografía, miembro de la Juventud Rebelde Miguel Enríquez desde fines de los años ochenta a mediados de los noventa.

La Izquierda Diario (LID en adelante): ¿Cómo se relaciona el Acuerdo por la Paz con la existencia de 2500 presos políticos de la revuelta?

María Soledad Núñez (MS en adelante): El denominado Acuerdo por la Paz, no es otra cosa que un pacto de la misma clase política deslegitimada contra la que, las multitudes en rebelión levantaron la voz en las calles. Por lo tanto, los presos políticos transgredieron el orden establecido, con la finalidad de romper con éste y proyectar otro mundo posible, cuya construcción se sostiene en el poder constituyente de los ciudadanos comunes y corrientes. Entonces, el reclamo nunca fue “arreglen ustedes políticos lo que han hecho”, por el contrario, lo que queríamos todos los movilizados era dejar una huella en la edificación del proceso constituyente que a través de una Asamblea libre y soberana diera paso a una nueva Constitución.

Así, la desmovilización del pueblo fue la máxima oculta tras el acuerdo de noviembre, por parte de una clase política tambaleante, que no estaba dispuesta a liberar a los presos políticos de la revuelta. De este modo, vemos un discurso uniforme de todos los sectores políticos institucionales que criminaliza la protesta social, aislando a ésta de la creación de un nuevo pacto social más democrático.

José Luis Riquelme (JL en adelante): La relación más evidente entre la existencia de 2500 presos políticos de la revuelta y el vanagloriado “Acuerdo por la Paz”, es que este pacto de pacífico no tiene nada, y por lo mismo sería inexistente. Por el contrario, es un tratado que desde su génesis estuvo cargado de una dosis de violencia política implícita estrepitosa, que por un lado, excluye a los principales protagonistas del estallido social de cualquier participación en la discusión del acuerdo, por el otro, susurra a los cuatro vientos que se ha acogido la voz de los reclamantes, y además no reconoce el justo derecho a la rebelión de los luchadores sociales apresados, desconociendo tratados de Derechos Humanos Universales que amparan su levantamiento contra un régimen injusto.

Sin duda, la finalidad del “Acuerdo por la Paz” no fue otra que desarticular a los colectivos sociales y desmovilizar, para así dar curso a un proceso constituyente direccionado por los mismos conglomerados políticos que han gobernado durante los últimos treinta años al servicio de las elites de este país. Si el objetivo del pacto hubiese sido alcanzar realmente la paz, un primer y obligado gesto de aquello, habría sido, sin duda, liberar a los presos de la revuelta, pero, por el contrario, lo que ocurrió acá, fue que los mismos suscriptores del acuerdo, aprobaron y avalaron cada ley represiva de la protesta que el gobierno de Piñera ha propuesto.

LID: Entonces ¿Cómo se explica la fuerte adhesión ciudadana al plebiscito que recientemente fue aplazado para el 25 de octubre?

MS: La gente fue conducida, por los diferentes medios de información. Primero, por los Medios de Comunicación de masas, que se encargaron de establecer la similitud entre la Asamblea Constituyente y la opción de la Convención Constitucional en el voto. Esta situación la observamos en redes sociales, como Facebook, Instagram y Twitter, como también en medios más tradicionales como son la prensa, la radio y la televisión.

Los medios de comunicación, de manera indistinta, actuaron de modo concertado con la clase dirigente institucional, tanto de oposición, como la oficialista. Por esta razón, una vez firmado el acuerdo, montaron un teatro en el que se exhibe de manera constante una fuerte tensión entre los suscriptores del tratado. Este drama político, por supuesto, no es más que en eso una puesta en escena de captura mediática, ya que la intención de fondo del acuerdo es asegurar la continuidad de una clase política deslegitimada y servil de los intereses económicos de los poderosos.

JL: A la fuerte captura mediática, mencionada por Soledad, considero importante agregar que las casi tres décadas de creciente despolitización de los pobladores y el consecuente vaciamiento de la plaza pública, por parte de un modelo neoliberal continuista de la dictadura, en cierto modo, ha surtido efecto. Solo así, podemos explicar que un conglomerado político tan desprestigiado y con índices tan precarios de representación ciudadana pudiese direccionar un proceso constituyente, que hasta el 15 de noviembre era libre y soberano, hacia su propia conveniencia y control.

La inexperiencia y escasa formación política de amplios sectores de manifestantes, sumado a un bombardeo mediático constante que pregonó a los cuatro vientos que este Acuerdo era la mejor instancia a la cual el pueblo chileno pudo aspirar, así como el miedo a un nuevo golpe de Estado infundido vivazmente por los operadores políticos de los partidos firmantes del pacto, hicieron que una vez más, gran parte del movimiento social aceptara ingenuamente ,en muchos casos, que el mal menor y la vieja política del chantaje operara una vez más, para regir los destinos de la nación. Así, la causa del Apruebo, para muchos y muchas, se ha convertido en una bandera de lucha amnésica, en tanto hace olvidar, que su aparición como chance de cambio constitucional surge de un Acuerdo por la “Paz” que no respeta que hay 2500 presos políticos expuestos al Covid 19, más de cuarenta asesinados, cientos de mutiladxs, violadxs y torturadxs. Además, la captura ha sido tan brutal, que incluso, muchos y muchas han creído, que todos los esfuerzos hechos por las víctimas del Régimen de Piñera serían vanas si el Apruebo no triunfa.

LID: Según su experiencia ¿Qué implicancias ha tenido el proceso de cambio Constitucional institucional para los colectivos sociales nacidos a propósito de la revuelta?

JL: En los territorios la irrupción de operadores políticos podría dividirse en dos momentos que fueron significativos para producir quiebres dentro de las nacientes organizaciones territoriales que están en proceso de gestación. La primera de estas instancias se produce en las dos semanas que suceden al “Acuerdo por la Paz”, momento en el que hace su aparición la mesa de unidad social en muchas comunas, a intentar reconducir los procesos de organización, en Asambleas, orgánicas y colectivos, que hasta ese momento eran autónomos y soberanos. Así, los integrantes de la Mesa de Unidad Social, por lo general, se mostraban ante la comunidad como un grupo de dirigentes sociales ajenos a los partidos políticos institucionales e incitaban a vecinas y vecinos a replegarse de la protesta social, y a votar masivamente en las consultas municipales preplebiscitarias de comienzos de diciembre, al tiempo que infundían el miedo ante el creciente escenario represivo, a propósito de las leyes que los mismos parlamentarios de sus partidos políticos aprobaban.

Segundo, el movimiento social es atacado y coaptado desde las bases, a través de la participación oculta, en las diferentes Asambleas autoconvocadas, de operadores políticos o simpatizantes de los diferentes Partidos Políticos, que convergen en la mesa de Unidad Social y partidos de la llamada oposición en el Congreso. Esto generó la primera fractura del movimiento social, ya que éstos, pondrán sus esfuerzos en encauzar una la lucha social que avanzaba hacia la Asamblea Constituyente, al juego binario del Apruebo y el Rechazo, asustando a la gente con la falsa noción de que, si no adscribía a este proceso, la Constitución de Pinochet continuaría su curso eternamente. Así, varias organizaciones autoconvocadas pierden paulatinamente su autonomía, convirtiéndose en verdaderos instrumentos de una política partidista institucional cuyo único horizonte de trabajo es el plebiscito, recientemente aplazado al mes de octubre. De este modo todas las demandas de justicia social originarias del estallido social, la Asamblea Constituyente, como mecanismo para llevarlas a la realidad, los asesinadxs, mitiladxs y los presos de la revuelta pasan a un segundo plano.

MS: Pienso que el cambio constitucional institucional ha tenido un doble efecto en los colectivos sociales gestados a partir de octubre de 2019. Por una parte, muchos de estos se han visto debilitados y disminuidos en la afluencia de individualidades y por la otra, las colectividades que han podido mantener su autonomía están en una etapa de fortalecimiento de su capacidad de autogestión que los encamina a prepararse y convertirse en vanguardia política del pueblo en el momento que las masas desencantadas de los resultados del proceso institucional de cambio de Constitución despierten, sumándose y fortaleciendo nuevamente el poder constituyente debilitado a partir de noviembre. Son vanguardia, entre otras cosas, debido a que no están dispuestas a desmovilizarse, a que resguardan la memoria de resistencia del proceso y que no están condicionadas a transar con la institucionalidad mientras no exista justicia para las violaciones de los Derechos Humanos y libertad para los presos políticos de la revuelta. En este sentido, la construcción de autoeducación popular los hace enfrentar este proceso de cambio anticipándose a los anzuelos de captura lanzados desde los aparatos del Estado, transformando y preparando el escenario político social para un verdadero cambio constituyente.

Así, el “Pacto por la Paz” vino a debilitar, solo temporalmente el poder constituyente autoconvocado que proliferaba con fuerza arrasadora desde el 18 de octubre al 15 de noviembre. Este aletargamiento de gran parte de los participantes del movimiento social que despertó en octubre se debió a que han visto en la opción del Apruebo una posibilidad de cambio rápida, situación que era muy esperable tras 40 años de neoliberalismo en el país, en los cuales la inmediatez se presenta como una de las sensibilidades más extensivas e intensivas en una sociedad de consumo exacerbado. En este horizonte, si bien el proceso de cambio constitucional (que no es lo mismo que un proceso constituyente, en eso hay que ser tajantes), no se presenta como el paso ideal para mucho de sus suscriptores, se les apareció como una forma rápida de obtener participación, haciendo caso omiso, por ingenuidad, miedo o desgaste, de que este plebiscito se desarrolla siempre dentro de un marco de democracia representativa y no directa.

Si bien el olvido por las razones constitutivas del estallido de octubre y la revuelta que se extiende hasta el presente hace presa aún de algunos y algunas, el deseo inicial de desalojar a toda una casta de políticos corruptos se mantiene viva en todos y todas quienes fieles a este impulso, son conscientes que la oferta de cambio de Constitución fue promovida por esa misma clase política y que además se han dedicado todo este tiempo a aprobar cuanta ley represiva ha promovido el gobierno de Piñera, la misma que no ha hecho nada por liberar a los presos políticos de la revuelta, los cuales padecen encierros injustos por delitos inexistentes y son criminalizados por la misma elite política y económica contra la cual se levantaron.

LID: Para finalizar quisiéramos saber cuál es su opinión conjunta, considerando el contexto de pandemia y los 2500 presos políticos de la revuelta, con respecto a las proyecciones del proceso de agitación social que se vive en el país.

MS y JL: En primer lugar, pensamos en la imposibilidad de proyectar nuevamente la edificación de una nueva Constitución cimentada sobre la sangre derramada durante estos seis meses de insurrección popular, olvidando los atropellos a los Derechos Humanos, ratificados por cuanta organización internacional investigó esta situación en el país, manteniendo 2500 presos políticos de la revuelta en las cárceles, lo que da cuenta de una indiferencia ostensible por parte del gobierno de Piñera y toda la clase política que lo avala.

Este gesto de indiferencia por parte de toda la institucionalidad política con los presos políticos de la revuelta que se mantienen en las mazmorras del país junto al resto de los prisioneros comunes, al tiempo que los violadores de Derechos Humanos de la dictadura de Pinochet alojan en cárceles vip se hace extensible, en el contexto de pandemia, a otras situaciones de injusticia social de las cuales el pueblo debe aprender. Así, hemos podido observar como el gobierno arrendó el Espacio Riesco, habilitándolo como hospital de campaña modelo, mientras en otras comunas periféricas se habilitan improvisadamente iglesias y gimnasios en condiciones precarias con respecto al publicitado recinto del barrio alto.

Así y todo, pensamos, que la proyección de un colectivo social que avance hacia una transformación social verdadera es inevitable si somos capaces de fortalecer lazos de autoeducación popular, y en esa situación en particular es fundamental el rol de las organizaciones que se mantienen libres de la captura institucional.
Las colectividades extrainstitucionales serán las llamadas a desmitificar ciertas capturas mediáticas propugnadas desde los medios de comunicación controlados por las elites económicas y políticas. Por ejemplo; ya vimos como en el pasado Festival de Viña, todo el mundo aplaudía el espectáculo ofrecido por Kramer, sobre todo cuando lanzó un eslogan que es muy recurrente en redes sociales y también en las pancartas presentes en escenarios de protesta como la Plaza Dignidad. Nos referimos, específicamente a la frase: “esta revuelta no es ni de izquierda ni derecha, sino que es de la conciencia”, la cual se presenta muy seductora y benévola si se la toma a la ligera y con ingenuidad, ya que esconde toda la crisis que azota a la clase política institucional. En realidad, lo que intenta dar cuenta el mensaje del mediático humorista es que la revuelta nos es de los partidos políticos con presencia en el gobierno y el parlamento y que en este último realmente no hay presencia de una izquierda real, pues en diferentes grados, todas las organizaciones políticas dispuestas ahí han usufructuado del sistema neoliberal, instalado por la derecha, que se pretende derribar y por lo tanto están deslegitimadas para liderar un proceso de cambio de Constitución.

Por todas las razones que hemos argumentado insistimos que la autoeducación popular y la formación de vanguardias intelectuales y orgánicas dentro de las colectividades sociales es primordial. Es necesario que la gente deje de confundir las cosas y piense que ser de izquierda es pertenecer a un partido político o que, por ejemplo, dar una entrevista para tu diario es pertenecer a un partido institucional, más sabiendo, que el primer demandado por la Ley de Seguridad Interior del Estado fue un dirigente del PTR, por decir públicamente lo que todos pensábamos, que su organización es internacionalista y sin presencia en la institución política ligada al Estado.

Como reflexión final, creemos firmemente que este proceso iniciado en octubre no se detendrá ni con las capturas institucionales, pues eran previsibles, ni con la pandemia, ya que ha dejado de modo manifiesto el desprecio de toda una institución política en decadencia. Sabemos que el proceso de transformación social y política en este territorio es de largo aliento y tenemos la convicción que éste, no se puede dar nuevamente como en la eterna Transición a la democracia, sin justicia por los atropellos a los Derechos humanos y menos con presos políticos de la revuelta en las mazmorras del país. Por último, en ninguna parte del mundo que se precie de democrática, se ha producido un acuerdo que por una parte se jacte de ser portador de “Paz”, y que, por la otra, sea arbitrario, excluyente y violento, que al mismo tiempo sea capaz de dar luz a un pacto social nuevo que no genere controversia social, violencia política y finalmente un levantamiento que lo destruya desde sus cimientos.