De manera arbitraria y unilateral, el mandatario agrega así una nueva carga a las responsabilidades de los trabajadores del transporte público, flexibilizando sus condiciones laborales. Además la normativa establecida en el artículo 7 del decreto 803/20 obliga a los choferes a realizar tareas cuasi policiales, debiendo hacer descender a aquellos usuarios que no posean estos documentos, o suspender el servicio y dar aviso a la policía en caso de una negativa.
Los conductores de colectivos ocupan un lugar sumamente importante en el funcionamiento diario de la sociedad: son quienes trasladan a los trabajadores de salud y de otros sectores declarados “esenciales”. Mientras, las empresas concesionarias reciben subsidios millonarios del Estado que no se traducen en mejoras en la calidad del servicio. Una medida favorable para los trabajadores que necesitan utilizar el servicio para ir a trabajar es declarar la gratuidad de los pasajes y que sus costes corran por cuenta de las empresas. Junto con esto, implementar los tests masivos para todo el personal de transporte al inicio y final de la jornada, así como proveerles de barbijos, alcohol en gel y demás elementos sanitarios.
La responsabilidad del Frente de Todos en la crisis sanitaria municipal
Pilar es uno de los municipios bonaerenses donde más golpea la crisis sanitaria abierta por el COVID-19. Los últimos datos oficiales arrojaban 58 casos de contagio y cuatro muertes, además de cuatro personas recuperadas. También es donde hay un elevado porcentaje de trabajadores de la salud infectados. Sin embargo, el gobierno municipal viene anunciando hace semanas un plan sanitario del que poco y nada se sabe y parece no concretarse nunca. Al mismo tiempo decreta medidas impotentes para enfrentar la pandemia y destina fortunas para reforzar el control policial sobre los habitantes. Esto demuestra que hay recursos para aumentar el presupuesto de salud, pero no hay voluntad política de hacerlo.
Federico Achával continúa negándose a unificar el sistema de salud privado con el público, una medida elemental que, bajo el control de sus trabajadores y profesionales, daría un panorama claro del estado actual de toda la estructura sanitaria pilarense, la cantidad de camas y equipamiento disponibles. De este modo el Estado podría dirigir los recursos necesarios para realizar tests a todo el personal de salud y proveer de insumos de protección a todos los centros.
Hay una salida y es con la organización de los trabajadores
La crisis actual día a día pone de manifiesto la connivencia entre empresarios y gobiernos para avanzar sobre las condiciones de vida del pueblo trabajador y más pobre. Pero cada vez son más los sectores de trabajadores que empiezan a organizarse para reclamar un plan real e integral para combatir la pandemia.
Así lo hicieron los trabajadores del Carrefour de la ruta 8 quienes lograron el cierre del hipermercado al confirmarse varios casos de COVID-19. También los enfermeros del Sanguinetti, quienes se contactaron con el Comité de Trabajadores de Pilar Organizados ante la pandemia y coordinaron la entrega solidaria de Madygraf.
La UTA debería repudiar el decreto de Achával y llamar a la organización a sus trabajadores para pelear por sus derechos. El sindicato no debe dejar que sus choferes realicen las tareas que hacen los encargados del delito organizado, el narcotráfico, la trata y la represión a las luchas obreras. | 
