Franco Almada tenía 19 años, una hija de un año y vivía en Bernal, zona sur del conurbano bonaerense. Como miles de pibes llevaba un plato de comida a su casa haciendo entregas para una app de delivery. El 23 de abril, mientras trabajaba, fue atropellado en 25 de mayo y San Martín y murió tras ser abandonado por el conductor. Durante las siguientes semanas familiares, amigos y compañeros de trabajo comenzaron a organizarse y realizaron movilizaciones para exigir justicia por Franco.
En la última semana, se dieron a conocer novedades sobre la investigación. Si bien el juzgado no ha realizado anuncios, a través de la filmación de una casa particular se habría identificado el auto, que fue localizado en Sarandí el pasado viernes. Según la policía se trata un coche clonado, cuyos números de registro -como la patente- corresponden a otro auto.
Es necesario que el municipio de Mayra Mendoza ponga a disposición las filmaciones de las cámaras municipales, así como las de los numerosos comercios y bancos de la zona para clarificar esta situación y que haya justicia. A su vez, el municipio debe arbitrar los medios necesarios para sostener económicamente a la familia de Franco.
La precarización mata
Lejos de los ágiles y alegres repartidores que saltan obstáculos por la ciudad con una sonrisa, los pibes que hacemos delivery ponemos nuestras vidas en riesgo para ganar 80 pesos por entrega. En medio de la pandemia estamos expuestos al contagio y a los abusos policiales, pero dejar de trabajar no es una opción en el marco de una crisis económica que se profundiza. El caso de Franco, como el de Emma Joncka en Rosario, no hacen más que dejar en evidencia que estas empresas no tienen ningún reparo en que los pibes dejemos nuestras vidas trabajando.
La muerte de Franco no es un caso fortuito. Los miles de pibes y pibas que trabajamos para apps como Glovo, Pedidos Ya, Rappi y Uber Eats no tenemos derechos laborales mínimos. No contamos con obra social, ni ART. No contamos siquiera con un seguro de vida que nos de la tranquilidad que, ante cualquier accidente, nuestras familias van a tener dinero para sustentarse. A esto se suma que debemos pagar de nuestro propio bolsillo los elementos de protección personal y de higiene frente a la pandemia, dejando a la deriva a quienes no pueden costearlos. El riesgo que corremos los pibes precarizados se multiplica si tenemos en cuenta que no recibimos un sueldo fijo, lo que nos obliga a realizar la mayor cantidad de entregas en el menor tiempo posible para garantizarnos ingresos.
Sin embargo no son sólo las apps. Recientemente se firmaron diferentes acuerdos entre cámaras empresariales y sindicatos, con el aval del gobierno, para suspender personal y recortarles hasta el 25% del sueldo. Frigoríficos cómo Penta cierran en medio de la pandemia dejando a 250 familias sin ingresos y otros, como El Federal, obligan a los trabajadores a continuar sus tareas a pesar de haber sido clausurado tras el contagio y la muerte de un trabajador por COVID-19.
Es contra estos empresarios miserables y para mejorar nuestras condiciones de trabajo y de vida que jóvenes precarizados en todo el mundo comenzamos a organizarnos. Convocando paros, movilizaciones, organizando comisiones de seguridad e higiene y exigiendo a los sindicatos que se pongan a la cabeza de pelear por nuestros derechos, los trabajadores de apps estamos mostrando que la organización es el camino para enfrentar la precarización. Por que la vida de Franco, de Emma y de miles de pibes vale más que sus ganancias.
¡Justicia por Franco Almada! | 
