Los dueños del emblemático hotel de la Ciudad de Buenos Aires, luego de decidir cerrar las puertas tras 90 años de actividad, comenzaron a presionar a los trabajadores para abordar un arreglo a la baja que representa, según denuncian los propios empleados, un “35 % de la indemnización correspondiente”.
Federico Viera, uno de los empleados del hotel, denunció que la patronal, “mediante un chat de Whatsapp, sugirió a sus empleados contactar al estudio de Abogados Funes de Rioja & Asoc para ‘arreglar su salida’ sin haber entregado telegramas de despido”. Hasta hoy no cobraron los haberes completos correspondientes al mes de marzo.
La empresa Casel S.A., propiedad de la familia Piccaluga Mayorga, se encuentra en el negocio de los salones de eventos, apart hotel y en el sector agrícola. Los empleados explican que días antes de decretarse la cuarentena obligatoria ya habían suspendido las actividades y luego presentaron un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC).
Viera agrega que “últimamente el hotel tenía una ocupación promedio del 80 %, estaba realizando compras de mobiliario y tenía además un creciente movimiento en su emblemático Salón Dorado donde se desarrollaban eventos sociales, corporativos y políticos”.
Este ataque se da en medio del (extensamente incumplido) decreto de Alberto Fernández que prohíbe los despidos y del guiño de las centrales sindicales a los empresarios acordando suspensiones masivas con fuerte reducción salarial.
Por su parte el Frente de Izquierda Unidad, con el diputado Nicolás del Caño, presentó un proyecto de ley que, de ser votado favorablemente, prohibiría en serio los despidos y las suspensiones. Ese proyecto todavía no cuenta con la voluntad de ser siquiera discutido por parte del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio. | 
