En una maniobra casi criminal, tomando en cuenta la crisis socio-sanitaria, Añez promulgó el decreto 4232 de abreviación del procedimiento de evaluación de semillas transgénicas, dando por concluido un proceso que se inició en el Gobierno de Evo Morales. Mientras los ganaderos (FEGASACRUZ) y lecheros (FEDEPLE) de Santa Cruz así como la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) están exultantes de felicidad, la soberanía alimentaria peligra.

Decreto 4232: ilegal y peligrosa disposición de Áñez a favor del agronegocio

En plena crisis socio-sanitaria, Añez dió paso al decreto 4232, un decreto que allana definitivamente el camino al uso de transgénicos, mediante un proceso de “abreviación” de procedimientos de evaluación de semillas transgénicas de maíz, trigo y soya.

Esto supuso un inmediato rechazo de diversas asociaciones ambientalistas, quienes exigen la inmediata abrogación del decreto al tratarse de un riesgo a la diversidad biológica nacional y porque viola varias leyes de la constitución, como ser: la Ley de la Revolución Productiva, la Ley de la Madre Tierra, la Ley de Fomento a la Producción Ecológica y el Protocolo de Cartagena que fue suscrito por el Estado boliviano en el año 2000.

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“Denunciamos que en plena emergencia de contaminación del coronavirus que ha sido causado por ir en contra de las leyes de la naturaleza, el gobierno pretenda aprovechar de esta emergencia para aprobar un evento que conlleva la manipulación genética, que generará impactos socioambientales imprevistos por el incremento del uso de agroquímicos y que no resolverá el hambre del pueblo”, detalló la Plataforma Agroecológica del Trópico, Subtrópico y Chaco.

Muchas organizaciones como la fundación Solón, grupos ecologistas, ambientalistas y ONGs como CEDIB y CEDLA, entre otros, que de manera consciente o no formaron parte del bloque golpista y encumbraron nada menos que a los representantes de los agroindustriales en la dirección del Estado, hoy se escandalizan y denuncian con “sorpresa” que Áñez estaría siguiendo los mismos pasos que el ex mandatario Evo Morales. Así, se sorprenden de la rapidéz con que Áñez efectiviza los intereses de los agroempresarios.

Esto se hizo más evidente aún con el nombramiento, ayer, de Óscar Ortíz como nuevo ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural. Ponen en las manos de Ortíz, alto representante de los intereses agroindustriales, este ministerio para disponerlo y actuar aceleradamente, aprovechando la pandemia y la militarización del país, al servicio de sus intereses.

Como sabemos, Evo Morales y el MAS avanzanban con estas políticas al servicio de los agroindustriales, sin embargo, lo hacían condicionados por una relación de fuerzas que los movimiento sociales y los sectores populares habían establecido una década atrás. Es decir, debían negociar cada medida con las burocracias sindicales y de los movimientos sociales. En cambio Áñez y los golpistas no necesitan hacerlo; liberados de ese condicionamiento social avanzan con absoluta rápidez imponiendo todo vía decreto.

Por esto para nosotros no supone ninguna sorpresa ya que desde el principio éste fue uno de los objetivos de los golpistas que hoy controlan el Estado.

El criminal modelo del agronegocio

El modelo agroindustrial es el producto estrella de la fase globalizada y neoliberal del sistema capitalista, que cambió por completo nuestra forma de relacionarnos con la tierra y nuestra alimentación.

Las innovaciones tecnológicas sumadas al régimen neoliberal, configuraron el sistema del agronegocio, cuya principal consecuencia fue la promoción del monocultivo en países pobres y primario exportadores, produciendo una masiva deforestación, pérdida de biodiversidad animal y vegetal y desplazamiento sistemático de comunidades indígenas y campesinas, entre otros impactos.

Lo que se ha llamado el “régimen agroalimentario” impuesto en los últimos años, ha hecho que nuestros sistemas de vida y, principalmente, nuestra comida, quede en manos de un puñado de corporaciones cuyos principales representantes son políticos influyentes y poderosos, dueños de grandes transnacionales que dominan por completo los mercados financieros.

Según diversos estudios, son 10 empresas las que controlan todo el sistema alimentario que, curiosamente, no producen alimentos, más bien procesan ingredientes. Esto es fácilmente comprobable al ver el ascenso de enfermedades como diabetes, cáncer o incluso obesidad infantil, por un lado, y por otro, porque existe una diferencia de precios cada vez más grande entre los llamados alimentos “orgánicos”, verdaderamente nutritivos, que se vuelven de difícil acceso para la mayoría de la gente pobre, y la comida basura que nos venden enlatada a precios módicos.

Países pobres como el nuestro, están en la mira de estas grandes transnacionales pues poseemos extensos territorios de bosque que pueden utilizarse para plantaciones de monocultivo de alimentos con un deficiente control fiscal, y cuentan con la complicidad de gobiernos que representan al mismo rubro agroindustrial, como es el caso de Bolivia.

Los transgénicos entran en los países pobres a través de narrativas engañosas

Las grandes empresas que se benefician con el uso de los transgénicos, como por ejemplo el caso de Monsanto, no solo que han frenado criminalmente estudios científicos que probaban las amenazas que conllevan estas tecnologías, sino que además nos han vendido la idea de que los transgénicos son la única opción de tener un modelo agrícola que garantice la seguridad alimentaria, lo cual no es cierto. De hecho, el uso de transgénicos se basa en un modelo productivo global que contamina, enferma, deforesta y no alimenta.

Un alimento transgénico es un alimento modificado genéticamente, una mutación artificial que se hace para “mejorar” un alimento, hacerlo más resistente a las plagas, etc. En cuanto a si la ingesta de estos alimentos nos hace daño “per se”, aún no se tienen resultados concluyentes, pero es justamente porque al ser una mutación es impredecible. Sin embargo, hay otros factores que conllevan el uso de transgénicos que son mucho más peligrosos.

En primer lugar, el monocultivo. Así, cuando se introduce una semilla transgénica, se lo hace en grandes proporciones, lo que significa deforestación y romper con la diversidad ecológica preexistente. Además que el monocultivo requiere de mucha agua para riego y muchos fertilizantes, lo que crea dependencia del productor a estos productos que termina comprando justamente de las grande trasnacionales y grandes empresas de agroquímicos que se benefician directamente de este negocio.

Por otra parte, los monocultivos son mucho más susceptibles a ciertas plagas, y al ser grandes extensiones del mismo cultivo, se aplican grandísimas cantidades de pesticidas, insecticidas o fungicidas, nuevamente alimentando a las grandes corporaciones de agroquímicos como Monsanto.

Todos estos productos agroquímicos causan terribles consecuencias en el medio ambiente. Las abejas una especia esencial para la vida están seriamente amenazadas por el uso masivo de pesticidas. Se contaminan fuentes de agua y suelos, dañan irremediablemente a los animales y a las personas, como es el caso de toda la gran parte del Chaco en Argentina por ejemplo. En el caso de Bolivia, se pretende ingresar la soya transgénica HB4 que, según Miguel Crespo de PROBIOMA, utilizaría alrededor de 8 litros de herbicida por hectárea.

Otra consecuencia es la desaparición de las semillas nativas, ya que las mutaciones introducidas se ven mezcladas con otras plantas nativas a través de los polinizadores, por ejemplo. La pérdida de diversidad de semillas trae como consecuencia, una vez más, el monopolio de unas cuantas empresas como distribuidoras de semillas. Cuatro grupos de empresas controlan el 90% de las semillas transgénicas y el 60% de todas las semillas: Bayer-Monsanto, ChemChina-Syngenta, Corteva (Dow-DuPont) y BASF.

Entonces, los transgénicos crean dependencia de los pequeños productores a estas grandes empresas, nos quitan la soberanía alimentaria, destruyen nuestra biodiversidad y empobrecen y enferman a las poblaciones más vulnerables, produciendo la migración forzada de comunidades campesinas e indígenas que son expulsadas de sus territorios y se ven impedidas de continuar con sus modos de vida ancestrales, esos que durante siglos han asegurado la sostenibilidad de esos ecosistemas. La narrativa del uso de transgénicos como medida para solucionar los problemas del hambre en el mundo es una falacia.

La expansión del agronegocio en Bolivia o cómo los agroindustriales son los favorecidos de siempre

El trato preferencial que siempre han tenido en nuestro país los grandes terratenientes y agroindustriales ha sido una constante. Y el Gobierno actual se ha presentado como uno de los más grandes aliados que han podido conseguir. Como dijimos líneas arriba, el nombramiento como ministro de Desarrollo Productivo de Óscar Ortíz es una clara muestra en la avanzada de los golpistas para imponer a pasos agigantados políticas favorables al agro en gran escala.

Pero no debemos olvidar que el agronegocio ya había conseguido varias concesiones desde el Gobierno de Morales, por ejemplo en 2017, cuando se dispuso 150 millones de dólares para rescatar a los soyeros endeudados. También, a pedido del rubro, se ingresó en 2018, en la “era de los biocombustibles”, con una inversión de 1.400 millones de dólares para esta empresa. La historia concluyó finalmente con el último Gobierno en el ya conocido decreto 3874 que amplió 250 mil hectáreas en beneficio del agro, lo que propició el desastre de la Chiquitanía.

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Ahora Áñez decreta la liberación total de las exportaciones de soya, justificándose bajo el falso discurso de que esta sería la manera de salvar al país de la futura crisis alimentaria y económica.

De esta manera, los agroindustriales y su Gobierno aprovechan el contexto del COVID-19 y la cuarentena militarizada para su campaña que, además de la apertura a la soya HB4, incluye la otorgación de créditos productivos y la restitución del 60 % de esa cartera, una línea de crédito de capital operativo a 5 años plazo con un año de gracia, 540 millones de dólares para el sector agropecuario y arancel cero para la importación de insumos agrícolas, entre otros.

Los grandes agroindustriales quieren continuar con su tradición de vivir del Estado, capturando y desviando recursos para sí mismos, y lo están consiguiendo de la mano del Gobierno de facto de Áñez.

Sin embargo, cabe hacer un paréntesis importante aquí, ya que los pequeños productores también se pronunciaron exigiendo transgénicos. Alegan que se encuentran al borde de la quiebra. Las duras sequías han afectado gravemente sus cultivos y se encuentran en una situación desesperada por lo que ven en la soya HB4 una opción de salvación ya que se ha dicho mucho que este transgénico es resistente a las plagas y soporta la escasez de agua.

Esto nos muestra cómo muchos de los agricultores pobres ven en los transgénicos una vía de salida a su situación y en un intento desesperado de mejorar su economía, dejan de cultivar la variedad de alimentos necesarios para alimentar a su familia y pasan al monocultivo transgénico, pero si algo va mal y pierden su cosecha, terminan cargando con deudas que no pueden pagar, pues previamente tuvieron que hacer una inversión en semillas y agroquímicos. Al cultivar un solo producto, terminan perdiéndolo todo, y para ellos no habrá los mismos favoritismos que se manejan con los grandes agroindustriales que son, finalmente, quienes mueven los hilos del país.

¿Y dónde queda la soberanía alimentaria?

Durante el Gobierno de Morales, se manejó mucho el discurso de la soberanía alimentaria, sin embargo, y paralelamente al conjunto de normativas a favor de la agricultura familiar de base campesina e indígena que se habían trabajado, se ha promovido también normativas a favor del agro extractivismo como nuevo patrón productivo en Bolivia, generando fuertes contradicciones entre el discurso sobre el vivir bien y el cuidado de la Madre Tierra y las implicancias de una agricultura basada en la extracción por manos agroindustriales de los recursos naturales.

Ahora, con el autodenominado Gobierno de transición, podemos sacar definitivamente de la mesa esa discusión. Áñez está terminando de sacrificar nuestra soberanía alimentaria en pro de intereses capitalistas, trasnacionales y empresarios, que nos arrastran al desastre ambiental, al empobrecimiento continuo y al colapso sanitario.

Frente a este escenario, las organizaciones sindicales, campesinas e indígenas y del pueblo trabajador deben pronunciarse con urgencia y empezar a discutir cómo organizar la lucha para revertir esta ofensiva entreguista de nuestros recursos y atentatoria contra toda forma de vida.

La salida a esta crisis y a la avanzada de políticas pro-empresariales no puede ir solo pidiendo favores y llamados a la conciencia del bloque golpista. La salida a esta crisis debemos tomarla en nuestras manos y luchar para que los costos de la crisis socio-sanitaria y económica en marcha la paguen los capitalistas y no las mayorías trabajadores del campo y la ciudad.

Referencias
¿Y dónde quedó la soberanía alimentaria, si comemos del agro extractivismo?, publicado en el sitio GTCCJ "Grupo de Trabajo Cambio Climático y Justicia". Disponible en: www.ccjusticiabolivia.org