Entre los riesgos que prevé la OIT se cuentan caer en pobreza y tener mayores obstáculos para recuperar sus medios de vida, que se suman a la posibilidad del contagio en las labores agrícolas, consideradas actividades esenciales.
Rodrigo Mogrovejo, Asesor Técnico Principal de la Iniciativa Fondo Visión Cero (VZF por sus siglas en inglés) para la Oficina Regional de la OIT de México y Cuba destacó en un comunicado “Priorizar la salud y seguridad de mujeres y hombres que trabajan en el campo es más importante que nunca. En este caso hemos puesto el foco en la agricultura, un sector de vital importancia que provee de alimentos e insumos a toda la población”.
Por esto, el organismo junto con VZF crearon una “Guía práctica para la prevención y mitigación del COVID-19 en la agricultura”, que incluye distintas medidas como el control de acceso, higiene personal, procedimiento de limpieza y desinfección de instalaciones, procedimiento de limpieza de superficies potencialmente contaminadas, identificación de personal vulnerable, transporte y traslado de trabajadores y manejo del estrés.
Parece más un decálogo de buenos deseos que una salida real ante la precaria situación que viven jornaleras y jornaleros, expuestos a la superexplotación impuestas por la agroindustria con el aval de sucesivos gobiernos, tanto en México como en EE.UU.
En 2015, irrumpió la rebelión de los jornaleros de San Quintín, Baja California, durante la cual jornaleras y jornaleros con paros y barricadas, resistiendo la represión del Ejército y de la policía, exigieron derecho a libre sindicalización, jornada de 8 horas y la inscripción de los trabajadores en el Seguro Social. Fue una lucha testigo que visibilizó la precarización de las condiciones de trabajo y de vida de las y los trabajadores agrícolas, sin cuyo trabajo no habría frutas y hortalizas frescas, alimentos de primera necesidad a la cual, irónicamente, millones de personas no tienen acceso.
Como señala Kau Sirenio en un reportaje reciente publicado en Pie de Página, “autoridades federales y estatales, encabezadas por la Secretaría de Gobernación, y el entonces gobernador Francisco Vega de Lamadrid, firmaron un acuerdo. Se comprometieron a mejorar las condiciones sociales y laborales de los jornaleros y de sus familiares.”
Fueron promesas que nacieron muertas. Ante la pandemia, el agua, los drenajes, la exposición a agroquímicos, el acceso insuficiente a los servicios de salud, continúan.
Para que se implementen medidas de seguridad para proteger a las y los trabajadores agrícolas ante el covid-19, el Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas -que agrupa a gran parte de ellos- debe organizar al conjunto del sector para exigir equipos personales de protección adecuados, acceso a tests gratuitos y periódicos de covid-19 y atención de salud para todas y todos, así como para sus familias.
Asimismo, deben exigir servicio de transporte seguro y con sanitización sistematiza, suministro de agua potable, servicios de drenajes y cancelación del uso de agroquímicos que atentan contra la salud humana, viviendas dignas y salarios que cubran las necesidades básicas de la familia jornalera y se ajusten de acuerdo con la inflación.
Si las empresas como Driscoll o ranchos que laboran para estas agroindustrias trasnacionales se niegan, deben ser expropiadas sin pago por el gobierno y puestas a producir bajo control de sus trabajadoras y trabajadores, con todas las medidas de protección que se requieren ante la pandemia, para garantizar el suministro de alimentos frescos para la clase trabajadora y los sectores populares. |
