El Covid-19 aceleró tendencias previas en la economía mundial que transformaron en pequeña la recesión que se preveía venir hace años: la dimensión que está adquiriendo la catástrofe económica ya se compara, al menos en la profundidad de sus primeros episodios, con la crisis desatada en la década de 1930 del siglo pasado. En aquella década la economía latinoamericana y, fundamentalmente la de nuestro país, experimentaron un giro trascendental, que sin liquidar la base agropecuaria del aparato productivo, devino en un resultado inesperado: la industrialización sustitutiva de importaciones. Es decir, un nuevo modelo de acumulación de capital impuesto por las nuevas condiciones mundiales. Esa transición fue profundamente traumática.
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La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) prevé “la mayor contracción de la actividad económica en la historia de la región: caerá 5,3 %” en 2020. La CEPAL llama a promover un “estado de bienestar” en Latinoamérica con base en un nuevo pacto social que abarque varias dimensiones: fiscal, social y productiva. Pero esa idea es la que no se pudo concretar en la “década ganada” de la región, que para simplificar podemos ubicar en la primer década del siglo XXI, cuando los ingresos de dólares frescos del comercio exterior se elevaron como nunca en la historia gracias a la demanda de la locomotora China y los gobiernos gozaron de recursos económicos de los que ahora carecen. Más allá de los límites trazados por la situación mundial para realizar un proyecto como el delineado desde la CEPAL, lo interesante de esas ideas es que están señalando el nivel de intervención estatal que se requerirá para reconstruir la economía y contener la crisis social.
En contraste, la Argentina ingresa con una particular escasez de recursos en el nuevo escenario, con casi diez años de una economía estancada, situación agravada en los últimos tres períodos anuales por la recesión: para 2020 la contracción podría llegar al menos (todo pronóstico es provisorio) al 7 %. En el Gobierno de Alberto Fernández, algunas voces indican que la economía pos cuarentena requerirá un Plan Marshall, en referencia a la intervención de gran escala que se aplicó para reconstruir a la Europa capitalista de posguerra y evitar el avance de la revolución social, en un mundo donde dos tercios de la superficie del planeta quedaron bajo la influencia de la Unión Soviética. Suena una idea extravagante en las actuales condiciones: los medios con los que cuenta el oficialismo no se adecúan al objetivo de reconstruir la economía. Una intervención estatal de gran escala requiere recursos, que para resumir podrían provenir de tres fuentes: emisión de deuda, emisión monetaria o recurrir a una mejora considerablemente de la recaudación con mayores impuestos. En todos los terrenos, la situación está empantanada.
La gran estafa
El recurso a la emisión de deuda, un arma diabólica cargada por los centros financieros internacionales, fue utilizado al extremo por Macri hasta llegar al default virtual al final de su mandato. Con o sin acuerdo, el país tendrá vedado el acceso al financiamiento por varios años. Si la dinámica de la negociación se sale de los carriles, el default virtual puede convertirse en cesación de pagos real en las próximas semanas. La propuesta del ministro de Economía, Martín Guzmán, carece del carácter agresivo con el que es calificada por los lobos de Wall Street, que exigen más concesiones. BlackRock, Fidelity, Templeton, Ashmore, Pimco, son los principales fondos que negocian como gánsteres con el Gobierno. A BlackRock y Pimco la Reserva Federal de los Estados Unidos (FED) le otorgó la gestión de las compras de bonos corporativos para capear la crisis del país del norte. BlackRock administra fondos que superan en diez veces el tamaño de la economía argentina. Es claro que tiene espalda de sobra para tensar la cuerda: el negociador de ese fondo amenazó con total impunidad al ministro Guzmán diciendo que si no aceptaba sus propuestas esperarían a un próximo gobierno más dócil.
A la oferta del ministro, la calificó adecuadamente Alberto Fernández: “en verdad lo que estamos haciendo es que ganen menos, no que pierdan”, dijo el presidente. La propuesta oficial implica una quita que, según el tipo de bono, puede llegar al 60 % para títulos que en la actualidad cotizan entre el 25 % y el 30 % de su valor nominal (visto de otra forma, se desvalorizaron entre un 75 % y 70 %). Es decir, quien tiene un bono de USD 100 en la mano si va al “mercado” lo puede vender a USD 25 o USD 30, pero si acepta el canje le dan a cambio otro de un valor de USD 40. Por lo cual, la propuesta de Guzmán implica una potencial recuperación patrimonial para el tenedor del bono. Un detalle no menor: no existe registro sobre a qué valor compraron los títulos los fondos de inversión. No se sabe si los compraron originalmente a USD 100 o con el devenir de la crisis y la desvalorización los adquirieron a precios de remate. Si ocurrió esto último, estarían realizando ganancias exorbitantes. El antecedente de los canjes de 2005 de Roberto Lavagna y Néstor Kirchner y, luego, el de 2010 de Amado Boudou, indica que en aquellas oportunidades varios de los fondos especulativos habían adquirido bonos a precios de remate, por lo cual lograron ganancias de hasta 300 %, como reconoció Axel Kicillof en 2014 durante la negociación fallida con los fondos buitre. Esos canjes se siguen pagando al día de hoy y, paradojas de la historia, constituyen el capítulo más difícil de los bonos que tiene que reestructurar Guzmán.
Vista desde otro ángulo, la propuesta del ministro de Economía implica un recorte de la tasa de interés desde el 7 % actual al 3,5 % aproximadamente. Es un recorte importante, pero relativamente atractivo en un mundo donde rigen tasas cercanas a cero en las principales potencias económicas. No solo eso. En las tasas extraordinarias que el país estaba pagando a los fondos especulativos, además de otorgarles rendimientos que no se consiguen en casi en ningún lugar del mundo, tenían incorporado el riesgo de un impago: el famoso “riesgo país”. Los prestamistas conocían esa situación y en los hechos contribuyeron a crearla con los intereses usurarios que cobraban, como ocurrió con el bono a cien años emitido por el Messi de las finanzas, Luis Caputo.
Tres propuestas de reestructuración de deuda llegaron esta semana a la Casa Rosada. Constituyen la contraoferta de los fondos especulativos que quieren, de acuerdo a los trascendidos, lograr al menos U$S 10 adicionales por encima de los U$S 40 que ya les reconoce la propuesta de Guzmán por cada bono. Los plazos se van extendiendo. La fecha límite del 22 de mayo, día en que el Gobierno tiene que pagar el Bono Global para no caer en default, los analistas estiman que podría postergarse al menos dos meses más si existe un acercamiento de las partes, como se insinúa que ocurrió los últimos días. Esto tiene un requisito: que hasta que no se cierre el canje ningún bonista exija judicialmente la aceleración de los pagos, una cláusula leonina que se establece en las emisiones de deuda frente la eventualidad de un evento de default. Una aceleración de pagos permitiría, por ejemplo, a los que adquirieron el bono a cien años de Caputo (entre ellos, el fondo Noctua, del que el exministro fue administrador) cobrar por anticipado el capital e intereses: la gran estafa del siglo.
Los lobos de Wall Street tienen voceros locales que intentan “acercar” posiciones, inclinando la cancha en favor de ellos. El diario Clarín publicó un perfil de Laurence “Larry” Fink, el dueño de BlackRock, donde el multimillonario es presentado como un tierno ecologista y militante de la inclusión de mujeres en los directorios de empresas. No es casual. El Grupo Clarín, a través de Cablevisión, posee bonos a reestructurarse. El grupo Resetear (la continuación de Nuestra Voz, el perecido grupo de Whatsapp que se conformó para apoyar a Macri en la campaña electoral), integrado por los dueños o CEO de Globant, Mercado Libre, Cabrales y Grobocopatel, entre varios más, convocó a reconocidos economistas ortodoxos para elaborar una propuesta de reestructuración que fue elevada al Gobierno: para evitar el default plantean, obviamente, más concesiones a los bonistas.
El megaendeudamiento macrista califica como deuda odiosa: fue contraído contra los intereses de la nación y del pueblo, creando cinco millones de nuevos pobres, 10 % de desocupación y una inflación del 300 %. Todo ese endeudamiento está sospechado por conflicto de intereses: muchos funcionarios eran exempleados de grandes bancos internacionales. Tal el caso de Alfonso Prat Gay (que ahora apoya la propuesta de Guzmán) y Luis Caputo, que habían trabajado en J.P. Morgan y en Deutsche Bank. Un capítulo importante de ese endeudamiento, que no está contemplado en la reestructuración que en este momento se concentra con acreedores privados de deuda con jurisdicción extranjera, es el préstamo con FMI, un aval de Donald Trump a la continuidad de Macri en el poder. La aprobación de ese préstamo no pasó por el Congreso. El Fondo autorizó en abril de 2019 la utilización de reservas del Banco Central para financiar la fuga de capitales, algo que de todos modos venía ocurriendo desde antes y está prohibido en sus estatutos: como en la dictadura, la deuda que recae sobre la espalda del pueblo trabajador financió la “bicicleta financiera” y gran parte de la fuga de dólares a paraísos fiscales. En la lista de los Panama Papers y otras delaciones sobre la colocación de recursos en el exterior gracias a mecanismos oscuros, figuran la familia Rocca dueña de Techint, los Macri, los Coto y siguen las firmas de las nobles familias argentinas. Hoy el Gobierno de Alberto Fernández eligió como aliada a la titular del Fondo, Kristalina Georgieva, a quien se abraza más que Macri cuando llamó a “enamorarse” de Christine Lagarde. Y la negociación con los lobos de Wall Street transcurre sin investigar ni poner en cuestionamiento las aventuras de Cambiemos. La propuesta de Guzmán cursa además con la concesión, votada en febrero en el Congreso, de la prórroga de jurisdicción extranjera, una deposición de la soberanía que otorga la potestad a tribunales extranjeros para fallar sobre cualquier litigio de deuda: los futuros Thomas Griesa se arremangan para tomar al país del cuello.
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Sobran los motivos para establecer un desconocimiento soberano de la deuda. Lo cual no es lo mismo que la aventura de un default, como el de Argentina en 2001, una medida a la que recurren los estados capitalistas cuando se quedan sin recursos: es una aventura porque constituye una medida aislada y circunstancial, que libra a los capitalistas para hacer lo que quieran, mientras vacían al país y hacen pagar los costos de la crisis a las mayorías. Por el contrario, un desconocimiento soberano, impulsado mediante la movilización popular, debe ser acompañado con medidas que impidan la fuga de capitales (como la nacionalización de la banca y el comercio exterior), con la expulsión del FMI del país, para evitar un mayor caos económico que recargue los costos sobre los hombros del pueblo trabajador. Este es el sentido del planteo de la izquierda, que se integra en un programa de conjunto, para que la crisis la paguen los capitalistas.
La “maquinita” y el dólar
La inflación de 1,5 % de abril, festejada por el oficialismo porque reflejo una desaceleración en la suba de precios y por constituir el menor registro desde diciembre de 2017, está reflejando al menos dos dinámicas diferenciales. En alimentos y bebidas no alcohólicas la suba de precios sigue fuerte, con 3,2 % de aumento. El núcleo de los aumentos se concentró en precios estacionales de frutas, verduras y carnes. Los rubros que permitieron un registro inflacionario menor fueron las comunicaciones, por la retracción de precios en los planes prepagos de telefonía, y educación, por la reducción de cuotas a causa de la cuarentena. Esta realidad indica que, por el momento, la recesión acentuada por la emergencia sanitaria y menores volúmenes de venta no logró disciplinar del todo la remarcación, excepto allí donde la intervención estatal lo impone, como en el caso de la telefonía o las tarifas del resto de los servicios públicos que se encuentran congeladas.
Con matices, existe cierta coincidencia entre los economistas de la derecha ortodoxa neoliberal y de la centroizquierda progresista, pasando por los que están en “Corea del Centro”, acerca de que la emisión monetaria es un instrumento válido para atender la emergencia desatada por el nuevo coronavirus, inyectar recursos en la economía en el intento de sostener la demanda y hacer control de daños. Pero no existe “maquinita” de la felicidad que dure para siempre. Y, más tarde o más temprano, las consecuencias contradictorias de la emisión monetaria emergerán con fuerza. Existen exageraciones en quienes agitan el fantasma de una hiperinflación, en tanto lo hacen para exigir mayor ajuste fiscal. A la vez, muchos economistas del establishment que pronostican ese devenir de descontrol de precios lo hacen en representación de los intereses de los dueños del país que ayudan a que el pronóstico se haga realidad: son los que continúan con el vaciamiento cotidiano sacando dólares del circuito económico con el “contado con liqui” y con el “dólar bolsa”, que elevaron las cotizaciones paralelas del dólar, que llegó a $ 138; o los que retienen la cosecha agraria para presionar por una cotización más alta de la divisa estadounidense que les permita elevar sus ingresos. Todos ellos sueñan que esa presión se cristalice en una devaluación del tipo de cambio oficial, lo que conduciría más claramente a un resultado inexorable: más suba de precios y mayor contracción del poder de compra del salario, que ya viene golpeado por cuatro años de macrismo y el “acuerdo histórico” (Alberto dixit) entre la CGT y la UIA, avalado por el Gobierno, que rebaja un 25 % las remuneraciones de los trabajadores suspendidos. El efecto principal de toda devaluación, se sabe, es la destrucción del salario. A la “maquinita” de emisión monetaria la carga el diablo. Pero no porque el dinero puesto en circulación fortalece una demanda vigorosa que no puede ser atendida por una oferta limitada de bienes y servicios provocando inflación: está dinámica, que es la que reza la teoría monetarista, claramente no se corresponde con la prosaica realidad de un país con pobreza creciente. La “maquinita” de emisión monetaria es una arma rabiosa porque parte del dinero puesto en circulación está siendo captado por los francotiradores que especulan con la compra de dólares: así ayudan a la “mano invisible” del mercado a subir los precios.
Desde el Gobierno tomaron medidas de regulación financiera para contener la salida de dólares. Una de ellas, fue establecer límites en la tenencia de dólares de los fondos comunes de inversión, lo cual limitó la escalada del dólar por un breve tiempo hasta que volvió con fuerza esta semana: es clara aquí la extorsión de la presión sobre el dólar para apurar al oficialismo a cerrar un acuerdo por la deuda. También se introdujo el requisito de pedir autorización especial para acceder al mercado de cambios a las empresas que son beneficiadas con préstamos subsidiados para atravesar la pandemia. La sospecha es que, en lugar de utilizar los créditos baratos para pagar sueldos, los utilizan para comprar dólares. El oficialismo al mismo tiempo que denuncia la situación evita dar nombres de quienes ejercen estas maniobras. No obstante, el beneficio de obtener créditos baratos está focalizado en un selecto grupo de empresas. La imposibilidad de acceso a los préstamos oficiales no es un problema que afecta solo al kiosquero o el panadero del barrio, sino más generalizado. Es que el sistema bancario es una de las armas más poderosas de la especulación, de la fuga de capitales, pero está lejos de cumplir la que supone que es su función esencial en el sistema capitalista: canalizar recursos a la economía a través del crédito. Esta semana se conoció un informe del Banco Central sobre la fuga de la era Macri: 10.000 compradores explican la mitad de salida de dólares del sistema. Una vez más, no se identifica quiénes son. El informe indica que “Entre mayo de 2018 y hasta que fueron establecidos los controles cambiarios más estrictos en octubre 2019, del total pautado con el FMI llegaron a desembolsarse cerca de USD 44,5 mil millones”. Estos fondos, junto a las reservas internacionales, “abastecieron una fuga de capitales del sector privado, que alcanzó los USD 45,1 mil millones, una salida de capitales especulativos por USD 11,5 mil millones y los servicios de la deuda (pública y privada) por USD 36,9 mil millones”. Tal conclusión, como explicó Cristina Fernández en el mes de febrero desde Cuba, implica que el Fondo violó sus propios estatutos: tiene prohibido financiar la fuga. Es un argumento fuerte para impugnar la deuda con el FMI, pero el Gobierno no parece dispuesto a tomar este camino.
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En paralelo que favorecen el vaciamiento, los bancos obtuvieron ganancias récord en dólares y en pesos durante 2019. En estas circunstancias donde las medidas regulatorias son burladas por la creatividad financiera al día siguiente de que son implementadas, la realidad exhibe como una necesidad la expropiación de los bancos privados y la conformación de una banca pública única, bajo gestión de los trabajadores: es clave para que los recursos de los ahorristas no sean confiscados como con el “corralito”, pero también para canalizar recursos a la actividad económica, al crédito hipotecario barato, asistir al pequeño comerciante y productor fundido por la crisis. Además para cortar de raíz con la especulación y evitar la fuga de capitales: unos USD 400.000 millones, el equivalente a lo que produce el país en un año, están fugados en paraísos fiscales y centros financieros internacionales por los dueños del país gracias a los servicios de la banca.
No dejes para mañana
La consultora Analogías registró un 75 % de apoyo a la iniciativa de un “aporte extraordinario” de las personas más ricas del país. El oficialismo agita desde el inicio de la cuarentena un proyecto de impuesto a las grandes fortunas para gravar a las 12.000 personas con mayor patrimonio del país. Pero el proyecto no llega nunca al Congreso. El periodista y economista Alejandro Bercovich relata que el ministro Guzmán solicitó que el texto se dé a conocer luego del 22 de mayo, fecha en que se sabrá si existe acuerdo con los acreedores, para no introducir ruidos en la negociación. Si las negociaciones continúan más allá del 22, como ahora se empieza a prever ¿conocerá la luz la propuesta oficial? Esperar y ver.
Mientras tanto, este miércoles en la primera sesión virtual de la Cámara de Diputados, el oficialismo y Cambiemos rechazaron debatir el único proyecto a las grandes fortunas que fue presentado en la mesa de entradas del Congreso de la Nación. Se trata del proyecto del Frente de Izquierda y los Trabajadores-Unidad para gravar a las grandes fortunas: afecta a las 15.000 personas más ricas (0,04 % de la población del país), al sistema bancario, a las 5.000 empresas más grandes (0,8 % del total), a la gran propiedad de la tierra y a las viviendas ociosas más caras.
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El proyecto prevé recaudar al menos USD 15.000 millones para un salario de cuarentena de $ 30.000 para todos los que se quedaron sin ingresos, para fortalecer el presupuesto de salud de modo que se pueda contar con el material y recursos sanitarios necesarios para una hipótesis de 200.000 contagios y para la construcción de 100.000 viviendas para atender el hacinamiento de manera urgente. El proyecto de la izquierda no solamente se diferencia del (por el momento) fantasmal proyecto oficial en cuanto a que generaría recursos muy superiores para atender realmente la crisis social y sanitaria, sino también en que está inscripto en una salida integral anticapitalista.
Hasta hoy duermen tranquilos la familia Rocca de Techint con USD 8.000 millones de riqueza; los petroleros Bulgheroni con USD 6.200 millones; Pérez Companc dueño de Molinos Río de la Plata, La Paulina y otras empresas; Alberto Roemmers dueño del laboratorio del mismo nombre; el desarrollador inmobiliario Jorge Perez; Marcos Galperín de Mercado Libre; Hugo Sigman y Silvia Gold, también dueños de laboratorios y otros negocios; Edith Rodríguez de Pluspetrol; los Werthein; Eduardo Eurnekian; Luis Alejandro Pagani y familia, dueños de Arcor. Son las diez familias para ricas del país que, junto con otros afortunados, siguen tan miserables como siempre mientras el país se hunde en la pobreza, que se encamina a superar los guarismos de la catástrofe de 2001 y 2002.
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La postergación del debate de impuesto a las grandes riquezas ocurre en simultáneo que muchas de sus empresas se benefician con rebajas salariales, despidos, suspensiones e, incluso, están siendo asistidas por el Estado por distintos conceptos: pago de salarios; postergación o suspensión del pago de contribuciones patronales; y los mencionados créditos subsidiados. El costo recae sobre la ANSES, entidad que está siendo saqueada por la voracidad empresaria, generando de paso la “necesidad” de una futura reforma jubilatoria porque los “recursos no alcanzan”.
Un balance provisorio de los primeros sesenta días de cuarentena indica que los poderosos marcan el ritmo de la política. |
