Trabajadores y estudiantes se concentraron en las principales ciudades del país para rechazar las medidas del Gobierno de Lenín Moreno que atacan derechos laborales y recortan el presupuesto de las universidades públicas.

Son las 10 de la mañana del 18 de mayo y en los principales cruces de la ciudad de Quito, empiezan concentrarse decenas de manifestantes. La escena se repite en varias ciudades del país. Guayaquil, Cuenca, Riobamba, Loja, Machala, se llenan de mascarillas y banderas. Con distancia social y todas las medidas de seguridad, los manifestantes toman las calles para nacionalizar el rechazo a la mal llamada “ley humanitaria” que aprobó la Asamblea Nacional, con los votos provenientes del oficialismo de Alianza País y la derecha banquera de CREO.

El plantón en varios puntos céntricos fue convocado por las centrales sindicales y unificó las demandas de trabajadores y estudiantes contra las políticas de ajuste. Así mismo, se planteó el rechazo al pago de la deuda con el FMI de más de 17.000 millones de dólares, que no fueron invertidos en salud, a pesar del estado desastroso del sistema sanitario ecuatoriano en mitad de la crisis por Covid-19.

“Una ley humanitaria que esclaviza”

Es la consigna que puede leerse en varias de las pancartas y que corean los manifestantes, pero ¿en qué consiste? Como suele suceder en estos casos, dentro de un mismo paquete de medidas presentadas como urgentes para “paliar” la grave crisis económica que atraviesa el país, como impedir los desalojos mientras dure el estado de excepción o prohibir sanciones por incumplimiento de las cuotas educativas, se introducen modificaciones profundas que buscan arrasar con derechos históricos de los trabajadores.

Es que en esta misma ley “humanitaria” se incluyó la flexibilización de las condiciones económicas de la relación entre el trabajador y la patronal, es decir, se legaliza la disminución de la jornada laboral con reducciones salariales o incluso con cambios en la relación de contratación, las patronales quedan liberadas para contratar por horas o servicios y reducen sus aportes a la seguridad social. El empleador queda habilitado para definir el período vacacional de sus trabajadores y puede reemplazarlo por días de ausencias justificadas o no, incluso por enfermedad.

Para intentar bajar la polémica, el Gobierno ordenó desistir de incluir en este paquete los llamados “aportes solidarios” de los trabajadores (10% en el caso de los estatales), aunque la posibilidad de recortar salarios queda igualmente abierta.

Mientras tanto, son los empresarios los únicos que quedan nuevamente exonerados de tener que pagar un mínimo impuesto de sus ganancias, para poder invertir en salud.

Lenín Moreno vuelve a dejar contentos a sus amigos en esta crisis, mientras, en sintonía con la estrategia que perfilan los gobiernos capitalistas a nivel internacional, el suyo, también intenta aprovechar la crisis para avanzar en una reforma laboral en los hechos y en la precarización del conjunto de las condiciones de vida de los sectores populares.

Un rechazo que persiste en las calles

La cantidad de muertos y el trato degradante del Estado sobre los pacientes con Covid que provienen de los sectores más pobres, los escándalos de sobreprecios en la compra de insumos médicos, un 400% en el caso de barbijos; el recorte del presupuesto educativo que se destina a universidades públicas, despidos en fábricas y servicios esenciales y ahora, un retroceso enorme en derechos laborales, suman nuevas fuentes de un descontento social profundo con el gobierno, que Moreno no pudo revertir desde el año pasado.

Es que las batallas contra el ajuste del FMI, los muertos de la represión, la solidaridad de los trabajadores de la salud haciendo cordones humanitarios contra los avances de la Policía, -los mismos que hoy son primera línea en los hospitales-, forman parte de la memoria viva de un octubre de rebelión popular y que vuelve a las calles de la mano de trabajadores y estudiantes en defensa de derechos laborales y el acceso a la educación.

Es necesario que se profundice la lucha para impedir que el Gobierno logre imponer una reforma laboral, rechazar los despidos y las rebajas salariales y exigir que los empresarios paguen efectivamente un impuesto a las grandes fortunas y que ese dinero se destine a un plan de emergencia en salud, hoy, una necesidad vital para el Ecuador que ya supera los 32.000 casos de contagios por Covid, y como parte de un conjunto de medidas para que la crisis económica y sanitaria no la descarguen nuevamente sobre las espaldas de los trabajadores y los más pobres.