El Gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta, totalmente por fuera de la realidad que viven porteños y porteñas frente a la cuarentena que aceleró una crisis sanitaria, social y económica, está apurado por tratar la rezonificación y venta de los terrenos ubicados en las inmediaciones de la Estación Villa Crespo del FFCC San Martín. En principio la idea del Ejecutivo era hacerlo en la sesión de la Legislatura porteña de este jueves 21, pero finalmente decidieron postergar la discusión para el próximo jueves 28.
Es que varios funcionarios porteños intentan esquivar (a fuerza de concretar sus millonarios negocios) la presión que ejercen los vecinos de la zona que vienen organizándose contra la entrega de estos terrenos fiscales en donde capitales privados tienen pensado construir dos torres de 45 metros de altura.
A principios del mes de mayo, al tomar conocimiento de este nuevo intento que va en contra de los intereses de los habitantes de Villa Crespo, la Asamblea de vecinos presentó una solicitada firmada por cientos de organizaciones y personalidades como Norita Cortiñas, contra el tratamiento de estos terrenos en la legislatura porteña. El comunicado se pronunciaba por la consigna: “¿El negocio inmobiliario no está en cuarentena, es pandemia en CABA!”. Y denunciaba: “Nos negamos a que nos borren del mapa de la Ciudad para construir torres”.
Producto de la movilización de los habitantes del barrio porteño, la AABE (Agencia de Administración de Bienes del Estado) presentó este martes ante la Justicia un amparo para “que se dicte de manera urgente una manera de NO INNOVAR” para no alterar la situación de estos terrenos. De hecho ese organismo, que depende del Estado Nacional, tiene que revisar la legalidad de los procesos a través de los cuales se realizaron estas transferencias de inmuebles en tiempo y de manera express. Los plazos para dicha investigación, que originalmente eran de 60 días, se extendieron producto de la pandemia por el Covid-19. Sin embargo, la investigación aún no ha arrojado novedades al día de hoy, más allá de que hay sobradas pruebas para que se declare la nulidad de estas cesiones de tierras.
La útima audiencia pública que el gobierno porteño se vió obligado a realizar, fue en el pasado marzo, y todas las organizaciones vecinales rechazaron estos negociados inmobiliarios. Los vecinos además denuncian que quieren borrar cualquier foco de organización barrial y popular, ya que dentro de esos está la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes nacida en el año 2001, donde además funciona la emisora comunitaria Radio Asamblea 94.1, y llevan a cabo diversas actividades que son producto de la organización de los vecinos.
Sus constantes denuncias indican que quieren avanzar con estas operaciones en el recinto porteño porque tienen que ver con la ampliación del multimillonario y privado negocio del Mega Estadio Movistar Arena, contra el cual se vienen manifestando los vecinos desde el año pasado con acciones que incluyen cortes de calle y juntadas de firmas, entre otras.
Hace dos semanas también se armó revuelo porque el gobierno de Larreta había vuelto a la carga con la intención de vender un terreno muy codiciado ubicado en Costanera Norte, el “Triángulo de Salguero”, cerca de la bajada de la Autopista Illía. Son 5800 m2 ubicados en una de las zonas más caras de la Ciudad. Y se sabe que su destino serán negocios inmobiliarios.
Estas tierras están recibiendo el tratamiento que fue denunciado en su momento por la diputada porteña del PTS en el Frente de Izquierda Myriam Bregman como un paquete de ajuste, represión y remate, a fines del año pasado, cuando vendieron más de 100 inmuebles y espacios públicos.
Los mencionados terrenos pertenecían al Estadio Nacional, pero entre septiembre de 2019 y diciembre de ese mismo año, el Gobierno de Mauricio Macri los cedió a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia a la Ciudad como parte de pago de una deuda por 175 millones de dólares que había contraído con el gobierno porteño para financiar el Paseo del Bajo. Obra que provocó que el gobierno porteño protagonizara un escándalo, denunciado por los sobreprecios que se pagaron para finalizarlo y por los materiales y construcción de pésima calidad.
La Ciudad pretende reflotar estos negocios inmobiliarios a través de la legislatura, que tendría que estar sesionando para definir como revertir la terrible situación de las villas porteñas. Todo esto sucede a pocos días del fallecimiento de Ramona, habitante de la Villa 31 y referente de La Poderosa, que había denunciado las condiciones infrahumanas en las que miles de habitantes de las villas en la Ciudad de Buenos Aires son confinados a vivir. Aquellos que se encuentran en mayor estado de vulnerabailidad son quienes más están sufriendo los estragos ocasionados por la cuarentena en sus precarias economías, y por la pandemia, que hizo que la Villa 31 al igual que el resto de los asentamientos porteños y de todo el país sean los mayores focos de infección de Covid-19.
Las condiciones en las que se llega esta pandemia mundial, donde miles sufren de hacinamiento y falta de servicios básicos como el agua, que es prioritaria para la higiene, desentona completamente con las intenciones de seguir avanzando con el negociado producto de la venta de terrenos fiscales.
Hay que parar con la entrega de estos terrenos para especulaciones inmobiliarias y empezar a atender los problemas de vivienda de la mayoría de la población que vive hacinada y que se ven agravados por las medidas producto de la cuarentena. Por eso es urgente que se implemente un plan integral de viviendas para asistir la grave problemática habitacional que existe en la Ciudad y en el resto del país.
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