En una reciente entrevista, el periodista Alejandro Bercovich le preguntaba al ministro de Trabajo Claudio Moroni si le constaba que la ATP (Asistencia al programa del Trabajo y la Producción) lo estaban cobrando directivos y autoridades como el Ceo de Techint Construcciones Carlos Bacher o la CEO de Latam Rosario Altgel:
Moroni - La realidad es que cuando se definieron pautas objetivas para acceder a la asistencia del trabajo y la producción se definieron pautas objetivas. Y las pautas objetivas no tienen apellidos ni casos concretos.
Bercovich - No excluían Ceos, digamos…
Moroni - Pa, pa, pasa, pasa por un programa que fijó la AFIP (...) Imagínese que estamos hablando de análisis de trescientos y pico mil de empresas y más de dos millones de trabajadores, no se hace un análisis por apellidos, nombres, etc. Se puso todo los trabajadores en relación de dependencia y con el límite que le pusimos la incidencia que puede tener eso en los altos salarios es muy baja.
El ATP consiste en un aporte del Estado a través de la Anses para subsidiar salarios a empresas cuyas finanzas, según la declaración de las propias firmas, se vieran comprometidas. Según las declaraciones del propio ministro, sería muy complicado controlar quién lo cobra y quien no. Así fue como Paolo Rocca, el hombre más rico de Argentina, cuyo patrimonio asciende a U$S 3.300 millones, cuenta con un beneficio extra para directivos del grupo como Bacher, responsable de despedir a 1.450 trabajadores en plena pandemia.
Entre los favorecidos por este subsidio también se encuentran Ledesma (de la familia Blaquier), Clarín (el antiguamente archienemigo) y multinacionales como Volkswagen, Mercedes Benz, McDonald’s y Burger King (ambas multinacionales de comidas rápidas subsidiadas desde hace años mediante programas ministeriales).
Todas esas empresas son protagonistas en las últimas semanas por estar a la cabeza de los despidos, suspensiones y rebajas salariales. Los fondos del Estado, que se les niegan a las jubiladas y los jubilados, van a los bolsillos de los CEO mientras sobreexplotan a los trabajadores o los dejan en la calle.
¿Quiénes son los protegidos por el Estado durante la pandemia?
Repasemos algunos de los principales hitos del Ministerio de Trabajo. El 1° de abril el presidente Alberto Fernández sacó un DNU que prohíbe despidos y suspensiones. Sin embargo, el artículo 223 bis permite las suspensiones por “causas económicas dispuestas por el empleador”.
En un pacto calificado como “histórico” por el presidente, la CGT y la UIA transformaron la excepción en regla y de un plumazo le recortaron el 25 % de salarios a millones de trabajadores. Todo esto homologado por la propia cartera laboral.
Por otro lado estuvo el acuerdo firmado entre General Motors y la química Unilever (con el consentimiento del gremio de los mecánicos, Smata). El mismo consiste en que la primera le “preste” trabajadores que están suspendidos a la segunda, abriendo una ventana a la “multifuncionalidad”, dinamitando los Convenios Colectivos de Trabajo.
También el acuerdo para suspender todo el personal de la alimenticia Mondelez-Victoria que se stockeó durante la primera parte de la cuarentena y apeló al 223 bis para cerrar su planta por un mes y rebajar el salario.
Tan burdo e ilegal fue el acuerdo que Máximo Kirchner dijo que fue un error que esperaba que su gobierno corrija. Sin embargo el Ministro reafirmó el acuerdo.
Al observar el cuadro completo, la situación es la siguiente: un discurso gubernamental donde se plantea un supuesto cuidado a la situación de los trabajadores, pero que se evapora en el terreno de lo real.
Es el propio Estado el que dejó la puerta abierta para que las patronales puedan esquivar la prohibición de despidos y suspensiones e implementar rebajas. Según el Observatorio de Despidos Durante la Pandemia de La Izquierda Diario, al día de hoy se registran 139.136 despidos, 1.783.393 suspensiones y 767.185 trabajadorxs alcanzados por rebajas salariales. En total son 2.692.714 de trabajadores afectados.
Es decir, una política centrada en que el Estado se haga cargo de un porcentaje del salario que deberían pagar las patronales y acuerdos con burocracias sindicales que pactan rebajas salariales descaradamente.
Finalmente, la pregunta se impone: ¿quiénes son los protegidos por el Estado en la cuarentena? Los empresarios, que despiden, suspenden, pagan menos salarios y encima el Estado les cubre parte de lo que tienen que pagar.
ATE Trabajo, ni de los gobiernos ni de los patrones
En un último comunicado, producto de una reunión de coordinación a nivel nacional, la conducción de ATE del Ministerio de Trabajo afirmaba que “en otro orden, se coincidió en la necesidad de que el Ministerio adquiera un protagonismo efectivo en el impulso de políticas públicas que permitan llegar a los sectores sociales más golpeados por la crisis sanitaria, económica y social; y en el sostenimiento de los puestos de trabajo y salarios, sin convalidar los despidos, suspensiones y rebajas salariales que imponen las patronales y que golpean fuertemente a numerosos sectores del movimiento obrero, con los que nos solidarizamos” (las negritas son nuestras).
Desde la Agrupación Marrón, como parte del cuerpo de delegados de ATE Trabajo, venimos cuestionando esta ubicación, que nos parece un error, ya que omite que el ataque vía despidos y suspensiones, cuenta con el aval explícito del propio Ministerio de Trabajo junto a la complicidad de la burocracia sindical.
Nuestros delegados de la Marrón han planteado “la necesidad de hacer mención al rol que está jugando el ministerio respecto a los acuerdos salariales a la baja en múltiples gremios. En la propuesta (citada más arriba) sólo queda enunciado como un problema hacia adelante cuando el ministerio ya está homologando rebajas y recortes salariales masivamente.” Sin embargo esta posición no viene siendo reflejada en los comunicados de la Junta Interna de ATE Trabajo que expresan el posicionamiento hacia el conjunto de los trabajadores.
Dentro del Ministerio de Trabajo existen programas que se encargan de evaluar y otorgar programas de ayuda a cooperativas y a emprendedores independientes, direcciones de estadísticas que miden los diferentes indicadores laborales; áreas que reciben denuncias o se encargan la inspección de trabajo en negro, entre otros. Sin embargo, todos esos programas y tareas, no modifican en lo esencial el rol que hoy está jugando el Ministerio en esta coyuntura de crisis profundizada por la pandemia.
Hay programas que se encuentran prácticamente vaciados sin presupuesto, con compañeros y compañeras que (con salarios bajísimos) hacen esfuerzos enormes para llevar el trabajo al día y que los participantes de los programas puedan acceder aunque se les destine sólo migajas de un ya magro presupuesto.
No plantear claramente al conjunto de compañerxs el rol que está jugando el organismo, nos deja del lado de un Ministerio de Trabajo que junto a las direcciones sindicales y los grandes empresarios, están aplicando una reforma laboral de hecho. Nuestra defensa a los puestos de trabajo, y a nuestra labor como trabajadores estatales no puede significar avalar esta práctica pro patronal que están llevando adelante. Por el contrario, nos deja en peores condiciones para enfrentar futuros ataques a nuestras condiciones de vida.
En su momento desde nuestra agrupación debatimos largamente sobre la idea de que la “rejerarquización” del Ministerio implicaba en sí mismo un avance progresivo para la realidad de los trabajadores/as.
Recordábamos que su función esencial es la de contener el conflicto y limitar las luchas de los trabajadores, además de intervenir en las organizaciones de los trabajadores y velar por la Ley de Asociaciones Profesionales que sostiene a la burocracia de los sindicatos. Hoy la autoridad y el rango de Ministerio, funciona dándole mayor aval a acuerdos que son del todo perjudiciales para millones de trabajadores.
Unidad de los trabajadores
Desde que comenzó la pandemia esta realidad se refleja con dureza en los barrios populares y en las villas donde viven miles de trabajadores precarios, desocupados, que hoy son golpeados por estos empresarios. El fallecimiento de Ramona Medina referente de La Garganta Poderosa y Victor Giracoy en Villa 31 muestran la gravedad de la catástrofe que nos amenaza.
Mientras once millones de personas se anotaron para cobrar los miserables 10.000$ de la IFE (donde la mayoría son mujeres sostenes de hogar) continúan las negociaciones de una deuda ilegal, ilegitima y fraudulenta. En lo que va del año, el gobierno ya pagó más de U$S 5.000 millones al sector privado, y la semana pasada U$S 324 millones al FMI.
Nuestra perspectiva, tiene que ser la unidad con los “esenciales”, los que a pesar de la pandemia, comienzan a organizarse y salen a pelear: las trabajadoras de la salud que están en la primera línea en los centros de salud y hospitales; las pibas y pibes precarizados de apps, callcenters, comidas rápidas, casas particulares y trabajadores informales que se empiezan a organizar; las docentes que se encuentran cada día con cientos de madres haciendo filas en las escuelas contando que se quedaron sin laburo, y se ponen a la cabeza de exigir al gobierno alimento de calidad organizándose con las familias trabajadoras que sufren las consecuencias de esta crisis; las mujeres de los barrios, que tejen lazos de solidaridad con otras trabajadoras y trabajadores; los trabajadores de las fábricas recuperadas como Madygraf, Zanon y las textiles de Neuquén que reconvierten su producción para producir alcohol en gel y barbijos.
No podemos permitir que continúen dividiéndonos, por eso peleamos y le exigimos a las direcciones sindicales de la CGT y la CTA que se pongan al frente de la pelea contra los despidos, el hambre y la carestía de vida.
Para llevar adelante este programa elemental exigimos el impuesto a las grandes fortunas, proyecto que ya fue presentado por Nicolás del Caño y Romina del Plá del FIT-U pero que se negaron a discutir el peronismo (kirchnerismo) junto al macrismo y los radicales.
Este impuesto permitiría dar respuesta urgente a las necesidades sanitarias y sociales, como ser la elaboración e importación de material sanitario y contratación de personal de salud; un salario de cuarentena de $30.000 para todos los trabajadores que no tengan licencias pagas por sus empleadores, desocupados, empleados de servicios eventuales, trabajadores de casas particulares, monotributistas de las categorías A y B, y cuentapropistas; así como un plan de construcción de viviendas populares; y por la efectiva prohibición de los despidos, las suspensiones y las rebajas salariales.
Estas banderas consideramos que tienen que ser tomadas por todas las organizaciones de trabajadores para empezar a poner una agenda propia ante los grandes problemas que plantea esta crisis.
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