Los rumores de autogolpe pegaron un salto este jueves luego de que el comandante de las Fuerzas Armadas, Sergio Orellana, acompañado por una comitiva del Alto Mando Militar, vestidos con uniforme camuflado, ingresaron a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para entregar una carta en la que exigen que de una vez se ratifiquen los ascensos, que llevan postergados varios meses.
Reproducimos a continuación la declaración de la Liga Obrera Revolucionaria por la Cuarta Internacional, de Bolivia, publicada en el sitio de La Izquierda Diario de ese país, ante las crecientes amenazas de los militares y la posibilidad de un autogolpe.
Según lo establecido en el Artículo 172, numeral 19, de la Constitución Política del Estado (CPE), el o la presidente puede proponer asensos del alto mando militar pero los mismos para ser efectivos deben ser ratificados por el senado (Art. 160, numeral 8, CPE).
Orellana luego de haber entregado la referida carta, en una conferencia de prensa en la Plaza Murillo, dio un ultimátum a la ALP para que en una semana el senado proceda a esta ratificación. Caso contrario, declaró que estos ascensos se darían por decreto ya que en sus palabras la ALP solo debe ratificar la decisión del ejecutivo. Así mismo, afirmó que la ALP no puede “aprobar o rechazar” sino que debe limitarse a ratificar, como si se tratara de un trámite administrativo. Señaló que “la ALP no está tratando a las instituciones armadas con el debido respeto”. Recordemos que fueron las FF.AA las que posesionaron con la banda presidencial a Jeanine Áñez, desconociendo a la ALP, y que hoy le dan un ultimátum.
La premura por parte de los altos mandos militares para la ratificación de los ascensos propuestos por parte de la autonombrada Áñez obedece a la necesidad que tiene la oficialidad golpista de ir recubriéndose con mayores garantías de poder y de impunidad ante los asesinatos producidos en las masacres de Sacaba, Ovejuyo y Senkata. Se pone así en evidencia su preocupación por la indefinida y fluida situación de crisis política que vive el país que hace temer a los altos mandos de su propio futuro legal.
Así mismo, como denunciaron dirigentes sindicales, en conferencia de prensa en la ciudad de El Alto, la propuesta de ascenso enviada por Áñez estaría incumpliendo la normativa interna de las propias instituciones armadas para favorecer a militares claramente comprometidos con su Gobierno y dejando fuera de los ascensos a oficiales "no confiables". En el mismo sentido, en redes sociales, se multiplican supuestas cartas de militares solicitando la suspensión de los ascensos poniendo en evidencia una crisis profunda al interior de estas instituciones armadas.
Para intentar salvar esta situación Áñez presentó, la semana pasada, ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) una acción de cumplimiento para obligar a los senadores a ratificar los ascensos militares desconociendo que es una atribución de la cámara de senadores determinar si acepta o rechaza las nominaciones propuestas (Art, 160 numeral 8, CPE)..
La gravedad de las declaraciones de Sergio Orellana, presionando a la ALP para que en una semana viabilice los ascensos, motivaron el rechazo por parte de la presidenta del senado, Eva Copa.
Copa ante este ultimatun, y por su cuenta de twitter, ratificó lo que en días pasados ya había manifestado y que también las redes sociales se hacían eco, sobre que el Gobierno de Áñez y las instituciones represivas estarían preparando un autogolpe.
Asi mismo, en la referida conferencia de prensa de organizaciones sociales, vecinales y campesinas de la ciudad de El Alto, encabezadas por el dirigente de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), Orlando Gutiérrez, exigieron la inmediata convocatoria a elecciones y rechazaron la posibilidad de autogolpe, recordando que dentro de las FF.AA y la policía también estarían sus hermanos. Y advirtieron con posibles acciones si el Gobierno de facto no procede a la convocatoria de las mismas, evidenciando con ello la importante presión social que las burocracias sindicales y de los movimientos sociales -que eran masistas y que se hicieron golpistas luego del 10 de noviembre-, están sintiendo desde abajo.
Los golpistas se resisten a convocar a elecciones
Los rumores de autogolpe comenzaron luego de que la ALP, tomando en cuenta el plazo sugerido en el proyecto de ley presentado por Salvador Romero, presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), fijara el rango para las elecciones en un periodo de 90 días, cuya fecha máxima sería el próximo 3 de agosto. Ante el rechazo de la presidenta de facto, de promulgar la ley aprobada por la ALP, la misma fue promulgada por la presidenta del senado, Eva Copa, con el respaldo de los 2/3 del MAS en el parlamento y amparada en el artículo 163, numeral 11, de la CPE.
El recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno así como el de nulidad presentado por el ex senador y actual ministro de los agroindustriales, Oscar Ortíz, fueron acompañados por las denuncias por parte del ministro de Gobierno, Arturo Murillo, de que el MAS estaría preparando un golpe de Estado. Murillo afirmaba esto apoyándose en la creciente tensión social provocada por una extendida cuarentena militarizada y el hambre que empieza a desbordar la misma en vastos sectores populares y precarizados del país. Esto se expresó en más de una decena de puntos de bloqueo (K’ara K’ara en Cochabamba, Macha en Norte Potosí, Yapacaní en Santa Cruz, Senkata, Río Seco y otros en El Alto) y cacerolazos masivos las últimas semanas y que tenían, sin excepción, la demanda de elecciones ya, como uno de sus puntos centrales, junto con el pedido de flexibilización de la cuarentena para poder ejercer el derecho a trabajar.
Frente a las acusaciones de Murillo, Eva Copa y representantes de organizaciones sociales respondieron que no había ningún plan de golpe en marcha. Eva Copa, en una entrevista reciente con el conocido periodista Jhon Arandia, y con lágrimas en los ojos, denunció que el Gobierno acusa al MAS de todas las protestas que hay por hambre, reconociendo de esta manera lo que varios dirigentes decían: que estaban desbordados y que las protestas no eran alentadas desde el partido de Evo Morales. Así, devolvió el golpe a Murillo afirmando que en realidad es el Gobierno de Áñez el que prepara un autogolpe para cerrar la ALP y terminar con el papel fiscalizador que la misma vendría cumpliendo.
El rechazo del bloque golpista a fijar fecha de elecciones, arguyendo que es un peligro para la salud, no tiene ningún asidero toda vez que la cuarentena está siendo desbordada cada hora y cada día que pasa. La fuerza de los hechos contradice y tensiona el discurso y las medidas de los golpistas frente a la pandemia. Por un lado, presionados por las protestas por hambre se ven obligados a flexibilizar la cuarentena. Tal es así que, desde este lunes por ejemplo en La Paz, donde todavía se consideraba a varios municipios como zonas de alto riesgo, se empezará a flexibilizar la misma. Es decir, la realidad flexibiliza la cuarentena en los hechos y eso hace más difícil para los golpistas apoyarse en ese argumento para seguir postergando las elecciones.
De esta manera se confirma lo que hemos venido sosteniendo desde esta línea editorial y es que era muy difícil que el bloque agroindustrial, clerical, policial y militar, que había ensangrentado al país para consolidar el golpe de Estado, se decidiera a entregar el poder por las urnas, salvo que pudieran asegurar de alguna manera, léase fraude de por medio, una victoria segura. Sin embargo, esto se hace cada día más difícil, porque es gracias a su gestión salpicada de bochornosos casos de corrupción, donde se ha desnudado de manera abierta que tomaron el poder para imponer una agenda abiertamente entreguista de nuestros recursos y privatizadora, que acompañada además de crecientes medidas de represión, persecución y vulneraciones de libertades y derechos básicos como la libre expresión, en los hechos los ubica a Áñez y Murillo como jefes de campaña del MAS. Y donde cada vez más, incluso, sectores de las clases medias empiezan a reevaluar críticamente el movimiento cívico iniciado en octubre del año pasado.
Es urgente la más amplia unidad obrera, campesina, indígena y popular para enfrentar al golpismo
La gravedad de las declaraciones del comandante de las FF.AA que amenazan con profundizar el giro reaccionario que desde el golpe de noviembre continua avanzando, deben ser enérgicamente repudiadas por las organizaciones obreras, campesinas, indígenas, estudiantiles, de mujeres y populares.
El bloque golpista pretende avanzar sobre todas las libertades democráticas para allanar el camino a la imposición de un plan de ajuste brutal, con decenas de miles de despidos, rebajas salariales, recorte de derechos laborales, y facilitar la entrega de todos los recursos naturales a la voracidad del capital trasnacional. Así como avanzar sin crítica alguna en su campaña de enriquecimiento acelerado como lo vienen evidenciando los escandalosos casos de corrupción en el país. La vida de las y los trabajadores, de los pueblos y comunidades indígenas y campesinas, y de todos los sectores populares está en peligro.
La profunda situación de crisis socio-sanitaria, política y económica en marcha, se prolonga gracias a la permanente colaboración que viene brindando el MAS desde el parlamento a los golpistas. Primero fue la huida de Evo Morales y García Linera sin lucha, luego vimos la sesión parlamentaria del 17 de noviembre que legitimó al autodenominado Gobierno de transición de Áñez estableciendo nueva fecha de elecciones usando como moneda de cambio las sangrientas masacres de Ovejuyo y Sacaba, y que luego facilitaron la masacre de Senkata dos días después.
A partir de ahí aprobaron todas las leyes propuestas por Áñez para decretar el estado de emergencia sanitaria sin aprobar disposiciones que permitieran que los más humildes del pueblo trabajador puedan gozar de un salario de cuarentena equivalente a la canasta básica familiar, permitiendo que de esta manera Áñez y Murillo tengan las manos libres para militarizar el país empujando a vastos sectores populares a la desesperación por hambre.
Pese a que el candidato del MAS, Arce Catacora, afirmó que está dispuesto a imponer impuestos a las grandes fortunas para financiar un salario mínimo para toda la población, sus parlamentarios no adoptaron ninguna medida en ese sentido, quedando en evidencia que solo apuestan a la demagogia electoral. De los puntos de bloqueo que se dieron la semana pasada, varios han sido suspendidos y levantados gracias a la colaboración dialoguista de los dirigentes del MAS contra la voluntad de lucha de sus propias bases movilizadas. Con estos antecedentes no se puede descartar que el MAS termine aprobando los ascensos en las FF.AA propuestos por Áñez.
Mientras la ofensiva golpista continua amenazando incluso a estos mismos conciliares con cerrar la ALP, los dirigentes del MAS hacen llamados a esperar unas elecciones que a ciencia cierta no se saben cuándo se realizarán ignorando que la gente tiene hambre hoy. Los trabajos se están perdiendo hoy, los salarios se están bajando hoy, los transgénicos están ingresando hoy, el litio lo están entregando hoy.
Muchos trabajadores del campo y la ciudad esperan las elecciones como la forma más concreta de aliviar las penurias que están viviendo.
Desde la LOR-CI no hemos brindado apoyo político al MAS, ni antes ni ahora, sin embargo, defendemos el derecho democrático de vastos sectores populares que exigen elecciones. Empero les decimos que no dejen en manos de Eva Copa o de Arce Catacora esta importante demanda ya que como estamos viendo, ellos las dejan en manos de Áñez y Murillo. Solo con la organización y la lucha desde abajo podremos imponerle al bloque golpista un proceso electoral que no esté condicionado por las Fuerzas Armadas ni por el imperialismo, la OEA, ni por los golpistas.
Llamamos de manera urgente a los sindicatos, obreros y campesinos, a las organizaciones sociales, indígenas, de mujeres, vecinales, y del pueblo pobre a discutir urgentemente las medidas para enfrentar este brutal ataque capitalista que quieren imponernos a punta de bayoneta.
Se hace urgente discutir la coordinación de todas las manifestaciones de descontento y de resistencia así como la exigencia inmediata del pase a manos de los trabajadores de toda empresa o fábrica que cierre o despida, como Altifibers, Fidalga, y otras.
La cuarentena está desbordada y la curva de contagios continua en ascenso, el riesgo al contagio para los y las trabajadores y el pueblo es cada vez mayor. Basta de enriquecerse a costa de la salud del pueblo. Cárcel a todos los responsables de los escandalosos casos de corrupción que venimos presenciando las últimas semanas. Debemos exigir de manera inmediata la centralización de todos los sistemas de salud.
Hay que nacionalizar todos los hospitales y clínicas privadas para terminar con los mercaderes de la salud y poner todos esos recursos en manos de las y los trabajadores de la salud: en primer lugar, de las enfermeras, las trabajadoras y trabajadores de limpieza y las cocineras. Solo así podremos garantizar testeo masivos para mapear la ruta del virus y poder aislarlo efectivamente así como garantizar la provisión masiva de insumos y materiales de bioseguridad entre otras necesidades urgentes para enfrentar la pandemia.
Dicen que no hay plata, ¡mentira!. Basta de pagar los servicios de la deuda externa contraída por Evo Morales y agravada por el Gobierno de Áñez. Impuestos progresivos a empresarios y agroindustriales, financiadores del golpismo y de la represión.
Desde la Liga Obrera Revolucionaria por la Cuarta Internacional (LOR-CI) consideramos que al calor de esta pelea podremos ir convenciendo a las grandes mayorías trabajadoras de que la resolución integra de todos estos problemas económicos, sanitarios y sociales, solo se logrará efectivamente con un gobierno de las y los trabajadores en una poderosa alianza obrera, campesina, indígena y del pueblo pobre. Ésta es la única forma para que esta vez la crisis no la paguemos nosotros sino los ricos y los capitalistas. |
