La noche del miércoles 20, la gobernadora de Cochabamba, autoridades de la Alcaldía, además de otras instituciones como el Defensor del Pueblo, firmaron con representantes de la movilización vecinal autoconvocada de K’ara K’ara un acuerdo de 16 puntos cuya letra está lejos de resolver las causas que originaron el bloqueo.
El camino hacia la zona de K’ara K’ara aparece hoy, jueves 21 de mayo, despejado, aunque con rastros de los contundentes bloqueos previos que se extendieron hasta el kilómetro 4 de la Avenida Petrolera.
Ya en la zona, sus habitantes se esfuerzan por retomar la anhelada normalidad que les permita generar ingresos. En las principales avenidas circulan decenas de carros de basura que se dirigen al botadero, ubicado prácticamente en el centro de K’ara K’ara, cada uno despidiendo olores fétidos a su paso.
La sensación general es que la cuarentena parece haber sido asfixiante. Las caseras de unos pequeños puestos de venta de refrescos comentan que el control para que los vecinos salgan de su zona era riguroso. Cotidianamente, a mediodía pasaba la policía con megáfonos ordenando meterse en sus casas. Si en las zonas de las clases acomodadas de Cochabamba la percepción frente a la presencia policial y militar es de “seguridad”, en zonas como K’ara K’ara puede resultar todo lo contrario. Hay tensiones muy recientes; en la crisis política de noviembre del año pasado se sucedieron duros enfrentamientos con la policía. De esa confrontación todavía queda el recuerdo de policías incursionando con patrullas, motos y gases. El módulo policial quemado por los vecinos, en cuyas paredes se puede leer “¡La whipala se respeta, carajo!”, es un cronista de esas duras jornadas.
De las jornadas recientes, queda la intensidad espontánea que recorrió los barrios para organizar el bloqueo. A diferencia de lo que transmiten el gobierno, los medios masivos oficiales y toda la derecha, la contundente organización de la medida de presión que duró los 10 días anteriores solo se puede comprender en su dimensión “autoconvocada”. Básicamente, la estructura dirigencial de las OTBs (Organización Territorial de Bases) ha sido barrida por la represión previa (desde noviembre) y reciente. En la zona se rumorea que los teléfonos de los dirigentes identificados por el gobierno han sido intervenidos. Así se explica que, por ejemplo, los videos “oficiales” de las decisiones vecinales sean leídos por grupos de vecinos, la mayoría jóvenes, bien encapuchados y anónimos.
Casi a mediodía del mismo jueves 21, se articula un único punto de bloqueo cerca a la Unidad Educativa “Maria Ayma” de un pequeño grupo de personas que aseguran sostener la medida debido a que “los dirigentes firmaron un acuerdo sin consultar a las bases”.
A propósito, el acuerdo firmado a altas horas de la noche del miércoles previo entre representantes de la Gobernación, la Alcaldía y de los vecinos de K’ara K’ara menciona como resolución al tema sensible del conflicto, que se “remitirá al SEDES y al gobierno central el análisis de la flexibilización de la cuarentena”. La redacción del punto es lo mismo que nada para los vecinos. No obstante, es probable que haya un acuerdo implícito, puesto que los controles militares y policiales que prácticamente cercaban la zona durante la cuarentena e incluso en medio de los bloqueos se han levantado. Muchos vecinos perciben que el acuerdo supone la ausencia intimidante de la policía y los militares, la libre circulación para que puedan trabajar en paz. Es la única forma de entender que sea racional el levantamiento de los bloqueos. La viabilidad del acuerdo reside entonces en que las autoridades se hagan de la vista gorda frente a la “normalización” que van imponiendo los vecinos de K’ara K’ara y toda la zona sur de Cochabamba, como forma de procurar satisfacer sus urgentes necesidades y pese a los riesgos que todavía supone la presencia de la pandemia del COVID – 19.
