La declaración de la Organización Mundial de la Salud considerando a América del Sur el nuevo epicentro de la pandemia (principalmente debido a su descontrol en Brasil, donde ya hay más de 22.000 muertos y 331.000 infectados), coincide en nuestro país con la constatación de que vamos a un escenario económico y social catastrófico. A diferencia del hemisferio norte donde, con la curva de contagios va en descenso y, con temperaturas más elevadas por la cercanía del verano, comienza el desconfinamiento de la población y un lento retorno de la actividad económica, en nuestra región todo indica que resta aún un largo trecho de convivencia con medidas de aislamiento más o menos duras y de continuidad de la parálisis económica.

En todo el mundo lo que el coronavirus ha desencadenado no es solo una crisis sanitaria sino también una crisis económica y social, cuyas consecuencias irán mucho más allá de la eventual contención de la pandemia. Una crisis que ya empezó a generar protestas contra el hambre en diferentes países, que muestran que las tendencias a las rebeliones populares previas al coronavirus van a incrementarse en respuesta al aumento del desempleo y al empobrecimiento de las masas.

Nuestro país entró en esta crisis después de cuatro años de terror, en los que el gobierno de Macri, con el apoyo de amplios sectores del peronismo, produjo una caída muy importante de salarios y jubilaciones, un aumento de la pobreza hasta casi un 40 % y un endeudamiento sideral y acelerado. Para una economía que venía ya bastante paralizada, la caída general de la actividad y el freno total para varias actividades que ha significado el aislamiento obligatorio está provocando un escenario de bancarrota. A esto hay que agregar el parate por la caída de los precios internacionales del petróleo de la actividad petrolera en Vaca Muerta, lo que era considerado ya desde los años de la presidencia de Cristina como la gran esperanza en la generación de dólares por las exportaciones. Aunque el precio subsidiado mediante el “barril criollo” limite las pérdidas del sector, no parece ser que vaya a recuperar dinamismo en un futuro más o menos próximo.

Los datos de la actividad económica de marzo, donde la parálisis causada por las medidas de Aislamiento Social Preventivo Obligatorio afectaron solo diez días del mes, ya indican la magnitud de la caída: un índice negativo del 11,5 %. En algunos rubros como la Construcción, altamente intensiva en utilización de puestos de trabajo, la baja superó el 45 %. Imaginemos abril, y mayo, afectados enteramente por el freno económico. Por su parte, el trabajo conjunto de la CEPAL y la OIT respecto a las consecuencias del Covid 19 en la región de América Latina y el Caribe es también lapidario respecto de lo que se viene. El PBI regional se contraería al menos un 5,3 % para finales del 2020 y en el segundo trimestre se perderían el equivalente a 31 millones de puestos de trabajo a tiempo completo. La pobreza en ascenso alcanzaría a 214,7 millones de personas y la pobreza extrema a 83,4 millones [1].

En nuestro país, según una encuesta realizada a las 100 principales empresas, aunque hasta el momento solo un 5 % tuvo despidos, un 33 % se apresta a implementarlos durante 2020. Es decir que al menos una de cada tres de las principales empresas, las que tienen mayor espalda económica, pretende dejar trabajadores en la calle [2]. Imaginemos la situación en empresas de menor tamaño. Para encontrar números semejantes al escenario que se está conformando, tenemos que remontarnos al año 2002, cuando el PIB a precios constantes se derrumbó un 10,9 %. Ese año la desocupación llegó en mayo a casi un 22 % y la pobreza al 57,8 % en octubre. Este es el horizonte que se avecina para el próximo período.

Ante tiempos convulsivos

Una encuesta reciente indagaba en el hecho aparentemente extraño de la alta popularidad que mantenía la figura presidencial (arriba del 80 %) en medio de índices económicos catastróficos. La conclusión a la que llegaba era que una mayoría de la población hasta el momento no culpaba al gobierno del empeoramiento de su situación económica personal y de la del país en general. Pero si la popularidad de las encuestas es en general un indicador muchas veces muy volátil qué decir en una situación tan cambiante como la que estamos viviendo actualmente en todo el mundo donde, como decían Marx y Engels, “todo lo sólido se desvanece en el aire”.

Hoy la buena imagen del gobierno es tan alta como endeble. Está ligada en particular a los números exhibidos en el combate a la pandemia, a partir del establecimiento temprano de las medidas de aislamiento obligatorio. Pero esta medida, que ha contado con el apoyo mayoritario de la población, fue tomada inicialmente sin estar acompañada de testeos masivos (que hubieran permitido focalizar la cuarentena) y sin garantizar un ingreso de emergencia que cubriera las necesidades de trabajadores, cuenta propistas y pequeños comerciantes que se quedaron sin recursos de un día para el otro, como propusimos desde el Frente de Izquierda con el “salario de cuarentena” de $ 30 mil para todo quien dejó de percibir sus ingresos. Tampoco se tomaron medidas para al menos aliviar el hacinamiento en los barrios populares o para limitar las condiciones de precariedad laboral en los geriátricos, dos focos del aumento de casos actuales. Peor aún, entre el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y AYSA se pasaron la pelota durante los doce días que tuvieron sin agua al Barrio 31 y que provocó el crimen social de Ramona Medina, la militante de La Garganta Poderosa que había denunciado esta situación, y otros habitantes del lugar. Con epicentro en el Barrio 31, los infectados en las villas porteñas ya representan alrededor del 35 % de los que hay en toda la ciudad.

Entrando en la décima semana de aislamiento obligatorio, aunque focalizado en el aumento de casos en AMBA (y en menor medida en Córdoba y Chaco), el aumento en el tiempo de duplicación ha comenzado a revertirse, esperándose una continuidad de esta dinámica en las semanas inmediatas. En solo 15 días en el AMBA se han quintuplicado los casos diarios detectados. Esta tendencia limita fuertemente cualquier hipótesis de mayor flexibilización de la cuarentena, sin descartarse que puedan revertirse aperturas anteriores. Esto ocurre al mismo momento que el ahogo económico se vuelve difícilmente sostenible para diferentes sectores. De ahí que podamos prever un crecimiento de los cuestionamientos al gobierno tanto por derecha como por izquierda. Por derecha, de sectores patronales a quienes nada importa la salud de sus trabajadores y de la población y empujan una política “a lo Bolsonaro”. Por izquierda, de trabajadores que no quieren ser quienes paguen los costos de la crisis con despidos, mayor precarización y rebajas salariales. O de aquellos que poco tienen y para los cuales los comedores populares no alcanzan y las medidas de aislamiento social son difíciles de llevar adelante por los niveles de hacinamiento existente.

El carácter económica y socialmente catastrófico que implica la crisis que estamos viviendo internacional y nacionalmente aún no es percibido por amplios sectores de las masas, especialmente entre quienes siguen recibiendo sus ingresos durante la cuarentena. Allí predomina la ilusión de que todo volverá a ser más o menos como antes una vez pasada la pandemia y que los padecimientos económicos y psicosociales actuales son un costo necesario a pagar para evitar que se disparen los contagios. La CGT y las direcciones burocráticas han puesto todos sus esfuerzos en lograr que los trabajadores acepten rebajas salariales y suspensiones. Sin embargo, este estado de ánimo puede cambiar bruscamente, especialmente producto de los golpes generados por el agravamiento de la crisis. En función de su orientación social (porque tendría más recursos si no hubiera pagado USD 5.000 millones de deuda, entre otras cosas), los recursos económicos de los que el gobierno dispone son cada vez más limitados, aún si solo continuara con el mismo esquema de gasto realizado hasta el momento. Como señalamos, los despidos y suspensiones con bajas salariales están en pleno crecimiento. En los barrios populares los comedores están cada vez más saturados y el IFE no compensa la pérdida de recursos de amplísimos sectores que quedaron sin su sustento. Los ahorros de las clases medias que perdieron sus ingresos o los vieron fuertemente disminuidos se van agotando (como expresan las protestas de comerciantes en La Plata, Mar del Plata y Córdoba). Una multitud de quiebras espera a la vuelta de la esquina. Rubros enteros de la economía (turismo, hotelería, gastronomía, las industrias del espectáculo y el esparcimiento, etc.) no se recuperarán aún cuando comience el descenso en la curva de contagios. Si no interviene en defensa de sus propios intereses y con un programa para ganar el apoyo de las clases medias arruinadas evitando que sean ganadas para salidas de derecha (como ya estamos viendo en el Estado Español o en Brasil), el panorama para el movimiento obrero será sombrío. Independientemente de las percepciones, tenemos que ser conscientes que la catástrofe está ante nosotros y, parafraseando a Lenin, se trata de cómo mejor prepararnos para combatirla.

Salvataje capitalista

Más allá de los discursos gubernamentales, hasta el momento los recursos destinados por el estado para tratar de contener los efectos de la crisis han tenido como principales destinatarios a los capitalistas. La principal medida de ayuda social, el IFE, solo $ 10 mil para una persona por grupo familiar, está por detrás de los 600 reales por tres meses para el 30 % más pobre de la población que votó por unanimidad el Congreso en Brasil y promulgó un gobierno ultraderechista como el de Bolsonaro. Además, los requisitos a cumplir para cobrarlo dejan afuera a muchos que se quedaron sin ingresos por detalles insignificantes y prácticamente sin posibilidad de reclamo. Esto contrasta con la facilidad con la cual las patronales accedieron al programa ATP, por el cuál es Estado se hace cargo del 50 % de los salarios privados pagando hasta dos salarios mínimos. Entre otros, obtuvieron el beneficio Techint, Clarín, La Nación o la Sociedad Rural Argentina. En muchos casos incluyeron aún a los principales gerentes entre el personal a subsidiar. Y en lo que hace a la SRA, se da cuando el sector agropecuario fue siempre considerado “esencial” y nunca paró su actividad. Mientras este beneficio llega a las patronales prácticamente en forma universal, no se le ha otorgado a las fábricas bajo gestión de sus trabajadores ni a las cooperativas en general, que solo reciben un subsidio de $ 6.400 (contra $ 33.700 que paga como tope el ATP, cuando en muchos casos tuvieron que frenar sus actividades). Para graficar la diferencia, de los aproximadamente $ 465 mil millones que han tenido de gasto fiscal las medidas tomadas desde la pandemia, un 70 % se destinó a las empresas y solo un 30 % para paliar la situación de los sectores más vulnerables. A esto debemos sumar el ataque a los jubilados, con aumentos por decreto muy inferiores a los que hubieran recibido de cumplirse con la movilidad jubilatoria. Nuevamente socialización de las pérdidas, privatización de las ganancias, una de las máximas preferidas en las que se sostiene este sistema. Esto ocurre además en el marco de la convalidación por parte del gobierno del pacto UIA-CGT estableciendo una ilegal (según señala la Asociación de Abogados Laboralistas) rebaja salarial y suspensiones al 75% aún en empresas que no demuestren crisis. Es en este marco que se dio el conflicto en la planta San Fernando de Mondelez (ex Stani), donde el Sindicato de la Alimentación (STIA) dirigido por Rodolfo Daer firmó un acuerdo a espaldas de los trabajadores de suspensiones con rebaja salarial en una empresa que estuvo trabajando amparada en el carácter “esencial” de la producción alimenticia. El acuerdo, que fue cuestionado incluso por Máximo Kirchner en la Cámara de Diputados, contemplaba la posibilidad de renovar las suspensiones más allá del mes estipulado y solo hacer ingresar a un sector de los trabajadores para favorecer el despido del activismo, cuestión que finalmente fue abortada por el reclamo y organización de los trabajadores a partir de la iniciativa de la Agrupación Bordó. De conjunto las patronales han aprovechado este tiempo para imponer una reforma laboral de hecho en numerosos sectores, rebajando salarios y modificando regresivamente condiciones de trabajo. Sin embargo, lo que tienen en carpeta es mucho peor, incluyendo despidos masivos en numerosas empresas.

Este salvataje capitalista no significa que no existan roces entre el gobierno y los sectores dominantes de la burguesía agrupados en la AEA. Más allá del carácter exiguo de lo que se propone recaudar y que aún no fue presentado en el Congreso el proyecto del Frente de Todos (que gravaría solo patrimonios y no las ganancias de los bancos, las multinacionales y a los terratenientes) , a las patronales no les agrada el solo hecho que se discuta un impuesto extraordinario a los grandes patrimonios. Rechazan también los condicionamientos que se les han impuesto a cambio de la entrada en el programa ATP de pago del 50 % de los salarios.

Independientemente del carácter limitado de estas medidas, la oposición de la burguesía a cualquier tipo de regulación a la evasión fiscal y a la fuga de capitales (esta última mutiplicada bajo el macrismo), prácticas generalizadas en nuestra clase dominante, es algo que no van a dejar pasar sin pataleo. Como señala un artículo de Francisco Olivera en La Nación:

Hay empresarios arrepentidos de haber aceptado la ayuda del Estado para pagar sueldos. Lo admiten en voz baja. Anteayer, ejecutivos de la Unión Industrial Argentina se lo transmitieron directamente al ministro de la Producción, Matías Kulfas: no están conformes con los requisitos que la AFIP exige a cambio de recibirla. Por ejemplo, no distribuir utilidades, no comprar dólares mediante operaciones con acciones y no hacer transferencias a socios relacionados con paraísos fiscales” [3].

Como siempre, la burguesía quiere todo a cambio de nada. Igualmente, estos son tironeos dentro de un salvataje en toda la línea, que ocurren mientras toda la patronal celebra el curso tomado por la renegociación de la deuda y la alta probabilidad de llegar a un acuerdo con los fondos de inversión tenedores de los bonos argentinos que vuelva a legitimar el fraude de Macri y los gobiernos anteriores.

Explicar pacientemente, intervenir audazmente

Las disputas por los recursos del estado anticipan, aún distorsionadamente, la agudización de las contradicciones sociales y políticas que tenemos por delante, algo que veremos expresarse incluso en el seno de la coalición gobernante, donde los rumores de cambios ministeriales dan cuenta de esas pujas. La aspiración de sectores de la clase dominante a que se mantenga más allá de la emergencia el cogobierno de los “moderados” entre Alberto Fernández y Rodríguez Larreta de estos tiempos de pandemia no parece tener base alguna. Pero, más allá de cómo el desarrollo de la crisis vaya reconfigurando el régimen político burgués y las coaliciones que lo conforman, la crisis que ya está en pleno desarrollo nos presenta un gran desafío para el PTS y el Frente de Izquierda. Los límites y contradicciones de la coalición peronista gubernamental quedarán en evidencia más temprano que tarde. Sin ninguna duda vamos a ver multiplicarse las expresiones de la lucha de clases, resistiendo los cierres, despidos, rebajas salariales y otros embates patronales. La juventud precaria, a su vez, ha comenzado a organizarse y ponerse de pie. Si este proceso se generaliza sería un cambio muy relevante para el conjunto del movimiento obrero: la entrada en escena de un destacamento que hasta ahora había estado predominantemente en situación de reserva debido a la acción combinada de la burocracia sindical, el despotismo patronal y la anuencia gubernamental.

Desde hoy mismo tenemos planteado intervenir con audacia en los procesos de organización y lucha de la clase trabajadora que se vayan desarrollando, partiendo de la experiencia de lucha acumulada en el período anterior, de la gesta de Zanon y las fábricas bajo gestión obrera del 2001 para mantener las fuentes de trabajo a los grandes combates de fábrica bajo el kirchnerismo y el macrismo como Kraft, Mafissa, Lear o Pepsico, o las jornadas de lucha contra la reforma jubilatoria de Macri en diciembre de 2017, que marcaron el inicio de su caída. Y también la revalorización de las distintas experiencias de coordinación y autoorganización (como fue en la crisis del 2001 la Coordinadora del Alto Valle en Neuquén, uniendo ocupados y desocupados) que, junto al empleo de la táctica del frente único obrero, serán centrales para superar a las burocracias sindicales y permitir a la clase trabajadora ir constituyéndose en “clase dirigente” del conjunto de los explotados y oprimidos.

Junto con esto tenemos planteado explicar pacientemente y difundir ampliamente nuestro programa de salida frente a la crisis en curso. Mientras levantamos las demandas inmediatas de las distintas luchas y exigimos medidas ante la emergencia (como el Impuesto extraordinario a las grandes fortunas, bancos y terratenientes presentado en el Congreso por el Frente de Izquierda) sostenemos que no hay forma de evitar otro salto en la decadencia nacional sin medidas de fondo contra el saqueo y los “dueños del país” [4]. Frente a la convalidación de la deuda fraudulenta que se apresta a hacer el gobierno, planteamos el desconocimiento soberano de la misma (no pago), no como una medida aislada sino como parte de un plan integral que tiene en la nacionalización del sistema bancario y el comercio exterior dos de sus pilares centrales, para evitar la fuga de capitales, la defensa del ahorro nacional y el constante drenaje de las reservas. Un programa que sostiene la nacionalización de todo el sector energético para terminar con el saqueo de las privatizadas y las petroleras. Que incluye la expropiación de los principales 4.000 terratenientes para volcar los recursos de la principal fuente de renta nacional al servicio de satisfacer las necesidades sociales y no seguir llenando los bolsillos de unos pocos. Una reforma urbana integral, para terminar con el hacinamiento y la falta de vivienda que hoy agobia a las tres millones y medio de familias que se encuentran en emergencia habitacional, y donde casi un millón de las mismas habitan en alguna de las 4.300 villas y asentamientos que hay en nuestro país. Que plantea el fin de toda forma de precarización laboral, la rebaja de la jornada laboral a 6 horas sin afectar el salario y el reparto de las horas de trabajo entre ocupados y desocupados. Que el salario y la jubilación mínima cubran el costo de la canasta familiar, y estas últimas no estén por debajo del 82 % móvil de lo percibido en cada actividad. Es un programa que, obviamente, solo puede conseguirse con la más amplia movilización de la clase trabajadora y el conjunto de los explotados y que tiene como coronación la conquista de un gobierno de las y los trabajadores que termine con este régimen político y social.

Independientemente de la coyuntura actual tenemos por delante tiempos convulsionados en nuestro país y a nivel internacional. Nada de lo que ocurra está previamente definido. Dependerá del resultado de los combates de clase que tenemos por delante. Y de que estas ideas penetren en las amplias masas, para transformase en fuerza material que pueda transforman el orden de cosas actualmente existente.