En Beni el 70% de los trabajadores de Salud han sido contagiados. Se tiene que elegir quien vive y a quien se deja morir. Hubo que improvisar un cementerio y la gente empieza a morir en sus casas sin siquiera ser diagnosticada. El gobierno golpista es absolutamente responsable de esta tragedia.

Beni es el segundo departamento más extenso de Bolivia, está ubicado al centro-norte del país y limita con Brasil, tiene una población menor al medio millón de habitantes y es conocido por ser uno de los departamentos más “olvidados”. Un estudio sobre pobreza multidimensional, realizado por el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) el 2019, ubica al Beni –junto con Potosí- como uno de los departamentos más pobres (entre el 34% y 36%). La pobreza multidimensional no solo mide los ingresos económicos, sino otras dimensiones como oportunidad (salud, educación, acceso y calidad de trabajo, vivienda y medio ambiente), recursos monetarios, poder y voz (participación política) y seguridad humana (alimentaria y de la personas).

Desde el inicio de la pandemia, Beni era una de las zonas que durante casi un mes y medio mantuvo un “silencio epidemiológico”, mientras iban sumando paulatinamente los casos de Covid-19 en el resto del país, y hoy es el epicentro de la pandemia. Ocupa el segundo lugar en cantidad de contagios y de fallecidos, luego de Santa Cruz, y tiene una de las tasas de letalidad más alta, casi del 6%, según la información “oficial”. Es decir, la información que muestran los mercaderes de la salud que vienen gestionando la crisis. Sin embargo, como se dejó ver a través de denuncias de médicos pidiendo auxilio e incluso noticias de medios de la prensa hegemónica, al menos en el caso del Beni, existen fuertes dudas sobre la veracidad de la cantidad real de contagios y fallecidos.

Hay muertes que no llegan a ser diagnosticadas porque no hay pruebas. Se tuvo que improvisar un cementerio, al que llaman cementerio Covid, en el que se informa que se cuentan cerca de 200 tumbas; muchas de ellas por Covid-19 mientras que reportan solo 84 muertes. La gente muere en sus casas. Hoy el diario Página Siete publicó un testimonio de Remmy Lázaro, del Servicio Departamental de Salud (Sedes) Beni, en el que señala que su equipo recoge entre 10 y 15 cuerpos diarios para enterrarlos.

El lunes el gobernador del Beni, Fanor Amapo, emitió la Ley de Declaratoria de Desastre Sanitario Departamental. La respuesta de Áñez y sus ministros fue nombrar una comisión para atender la crisis, conformada, entre otros, por las principales figuras de su gabinete responsables de garantizar la represión y la militarización de la cuarentena como son Fernando López, ministro de Defensa y Arturo Murillo, ministro de Gobierno. Han determinado encapsular por tercera vez a Trinidad (capital del Departamento) para iniciar un rastrillaje casa por casa, mientras tanto siguen sin realizarse las pruebas mínimas necesarias para detectar el virus.

Los laboratorios que se iban a instalar para no tener que esperar por días que lleguen resultados de las insuficientes pruebas que se logran realizar aún no funcionan, se esperan los reactivos.

Frente a esta situación, la autonombrada Áñez, que por cierto es beniana, el 24 de mayo anunció que hizo la entrega de "pruebas de Covid-19, medicamentos, ítems de salud y 11 equipos completos de terapia intensiva, que incluyen respiradores, camas, monitores de control e insumos”. Medidas desesperadas, tardías y que siguen siendo insuficientes. Hay que decir, según informaron varios medios de prensa, que el 70% de los trabajadores de Salud en Beni, que tuvieron que enfrentar la pandemia sin condiciones, hoy están de baja por contagio, algunos han renunciado por miedo, y al menos 3 médicos fallecieron.

Medios de prensa informan que en el país hay solamente 91 camas para coronavirus y las UTIs en los departamentos de Santa Cruz y Beni están llenas. Para colmo de la brutalidad con la que se maneja la pandemia en el país, en la misma nota, se informa que la Sociedad Boliviana de Médicos de Terapia Intensiva indicó que los 170 respiradores (básicos) comprados en montos millonarios y entregados hace unos días no pueden ser usados porque falta que sean actualizados y que solo estarían ocupando espacio.

Los golpistas se negaron sistemáticamente a realizar test masivos. Marcelo Navajas, el segundo ex ministro de Salud de Áñez, que hoy está involucrado en un fuerte caso de corrupción por la compra de respiradores con sobreprecio, explícitamente señaló que solo se deben realizar pruebas a casos con síntomas claros de Covid-19. Es decir, una política basada en el cálculo y no en salvar vidas. Esto explica porque de un momento a otro en Beni hoy la situación es tan trágica.

Áñez y su gabinete han apostado deliberadamente y casi como única medida a exigir una cuarentena militarizada, combinada con recomendaciones de ayuno y rezos por parte de la autonombrada, mientras Murillo en traje militar de manera recurrente se encargaba de “disciplinar aterrorizando” con amenazas de cárcel y de la caída de todo el peso de la ley a quién infrinja la cuarentena.

A dos meses de la cuarentena la situación ya se ha desbordado. La señalada negativa a la implementación de test combinada con el uso corrupto de los bienes y recursos del Estado empieza a pasar factura a la gestión golpista de la pandemia. Las urgentes necesidades de las amplias mayorías trabajadoras que viven del día a día ha mostrado que el hambre supera el miedo a la represión y al virus y eso ha obligado a flexibilizar la cuarentena en El Alto, en La Paz lo harán a partir del lunes. Ayer en el Beni se llevó a cabo una marcha rechazando un nuevo encapsulamiento porque sus habitantes no aguantan más la cuarentena: necesitan comer y trabajar.

La curva de contagios en el país va en aumento. A la fecha ya suman 8.387 caso pero sabemos que son cifras poco creíbles porque no hay test. Las medidas de “contención social” de Áñez son migajas que no llegan a quienes más lo necesitan.

Los bonos dispuestos frente a las graves necesidades se hacen agua y para muchos ni siquiera es posible cobrarlos. No solo es la distancia para llegar a un banco; un estudio realizado por el INESAD el 2018 señalaba que el 23% de los hogares en Bolivia tiene al menos un miembro mayor a 6 años sin carnet de identidad por lo que no pueden acceder a ningún servicio financiero.

Áñez otorga recursos, que sí existen, para el beneficio y salvataje de la banca y la agroindustria, aprovechando la pandemia para acelerar medidas abiertamente entreguistas y privatizadoras en beneficio de su clase.

La ayuda obrera al Beni pasa por impulsar la más amplia movilización nacional

La grave crisis que vivimos no es un problema de irresponsabilidad o negligencia únicamente. Áñez y su gabinete han tomado el poder del Estado para ponerlo al servicio de sus negocios y de su clase. Sin embargo tampoco hay una salida de las manos del MAS, que no solo es también responsable del desmantelamiento del sistema de salud sino que se ha encargado de negociar sistemáticamente con los golpistas.

Pese a tener 2/3 en el parlamento no han aprobado ni una sola de las medidas que su candidato solo agita como bandera electoral. Arce habló de un salario de cuarentena e incluso de impuestos a las grandes fortunas pero en el parlamento los 2/3 del MAS callan en mil idiomas. No solo esto, Arce Catacora recién públicamente reconoció a Jeanine Áñez como presidenta constitucional mientras los sectores populares que se movilizaron y realizaron protestas por hambre –que el MAS se encargó de contener- piden la renuncia de la presidenta de facto.

Frente a esta trágica situación es urgente discutir y poner en pie un plan de emergencia para salvar vidas y no sus negocios. Las organizaciones obreras, las organizaciones campesinas e indígenas, las organizaciones vecinales y de estudiantes debemos recuperar nuestras instancias sindicales y de organización, de las manos de las burocracias y de las direcciones corrompidas, y discutir medidas urgentes para enfrentar la crisis socio-sanitaria y económica en marcha.

1. Es urgente un plan que contemple un sistema de salud único, es decir, la nacionalización de las clínicas y hospitales y cuya centralización sea puesta bajo control y administración de las y los trabajadores de la salud. Sólo así se puede garantizar no solo el aprovisionamiento masivo de los insumos de bioseguridad y los EPP para que ningún trabajador siga muriendo. Solo así se puede garantizar el pase a la Ley General del Trabajo de una gran mayoría de trabajadores de salud precarizados. Solo así se podrá garantizar el testeo masivo para no seguir adivinando la ruta del virus.
2. Necesitamos la nacionalización de las empresas en manos de los trabajadores y trabajadoras para que sean reconvertidas y puedan producir implementos tan necesarios para la bioseguridad de los trabajadores, lo que garantizaría también salvaguardar los empleos de cientos de trabajadores que en plena crisis están siendo despedidos.
3. Debemos exigir la prohibición de los despidos y el pase a administración obrera, sin indemnización, de toda fábrica o empresa que cierre o despida.
4. Los recursos existen y vemos cómo con impunidad hoy hacen negocios a costa de las vidas. Es urgente imponer un impuesto extraordinario a las grandes fortunas, para que toda la población tenga acceso a medidas preventivas y necesarias para enfrentar la pandemia. ¡Basta de financiar la represión!¡Que el dinero que va a las fuerzas represivas vaya para la salud!
5. Solo una salida a la cabeza de las y los trabajadores puede imponer el no pago de la externa.
6. Solo la organización independiente y desde abajo de las y los trabajadores puede imponer un sueldo mínimo acorde a la canasta familiar y licencias laborales masivas para los trabajadores de los sectores no esenciales con pago íntegro del salario.

Estas son algunas de las medidas más urgentes que las organizaciones sindicales, vecinales y de los movimientos indígena y campesino, de manera independiente, deben empezar a enarbolar y a exigir mediante la movilización y la lucha. Única forma de ayudar al Beni. Única forma para que la crisis no caiga como siempre en los hombros de las mayorías trabajadoras y esta vez la paguen los ricos y los capitalistas.