Igual que en el juicio contra los líderes soberanistas que concluyó en octubre pasado, la fiscalía pide ahora diez años de prisión para el mayor de los Mossos d’Esquadra Josep Lluís Trapero, por un delito de sedición.
El ministerio público rebaja así el delito para Trapero, igual que también hizo con el ex vice president Junqueras y los ex consellers, pero mantiene la pena de prisión y también la de inhabilitación por diez años.
Para el ex director de los Mossos y para el ex secretari general d’Interior, Pere Soler y César Puig respectivamente, la fiscalía pide los mismo años de pena de prisión que el mayor por delitos también de sedición. En el caso de Teresa Laplana, ex intendenta, pide cuatro años de prisión y los mismos de inhabilitación.
En el caso de Trapero y Laplana, la fiscalía mantiene que ambos "cooperaron de forma decisiva con los fines perseguidos por las instituciones catalanas", en referencia a impedir u obstaculizar que la comitiva judicial pudiera salir con garantías del edificio de la conselleria de Interior y de asumir conscientemente "las imposiciones" de los líderes soberanistas Jordi Sànchez y Jordi Cuixart de "evitar poner fin al grave problema de orden público".
Para Soler y Puig, los fiscales consideran que ambos contribuyeron durante el 1-O de 2017 a que los Mossos se mantuvieran pasivos ante la celebración del referéndum.
El carácter y el historial del cuerpo de los Mossos d’Esquadra es indudablemente represivo, como lo demuestra que el mismo 1-O fueran el cuerpo policial que más sanciones interpusieran o las mismas declaraciones de Trapero durante el juicio a los ex cosellers y contrarias a la celebración del referéndum.
Sin embargo, es sobre todo después de la realización del referéndum cuando el cuerpo de los Mossos d’Esquadra ha ido profundizando en una criminalización y persecución hacia la izquierda independentista catalana sin precedentes, con centenares de detenciones y causas judiciales abiertas.
Todo ello sin tener en cuenta la brutal represión que llevaron a cabo los Mossos d’Esquadra ante miles de jóvenes durante el otoño catalán del 2019 tras conocerse la sentencia a los líderes independentistas, dejando tras de si centenares de heridos y detenidos, y más de 30 presos políticos, algunos de los cuales aun hoy siguen en prisión o han sido deportados a sus países de origen.
No obstante, igual que con el juicio a los líderes soberanistas, lo que persigue el Régimen del 78, con el poder judicial al frente y mediante un juicio a Trapero y el resto de la antigua cúpula directiva de los Mossos, que concluye la semana próxima, es profundizar en la aniquilación de raíz del movimiento independentista en su conjunto y acabar con las aspiraciones democráticas por el derecho a decidir del pueblo catalán.
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