Organizaciones sindicales, de maestros, estudiantes, movimientos sociales, de mujeres se concentraron en el centro de la capital avanzando por el casco histórico pasando cerca del palacio de Carondelet, sede del Ejecutivo, custodiado y con alambre de espinas a cuatro cuadras a la redonda.
Esta nueva protesta es parte de las continuas manifestaciones que se han venido realizando contra las políticas de Lenín Moreno, tal como vimos el 18 de mayo, donde trabajadores y estudiantes se concentraron en las principales ciudades del país para rechazar las medidas del Gobierno que atacan derechos laborales y recortan el presupuesto de las universidades públicas.
En esta nueva marcha se rechazó la eliminación del subsidio a los combustibles y el recorte salarial a los maestros, así como los nuevos lazos que el país ha establecido con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Muchas de las consignas eran contra el ministro de Finanzas, Richard Martínez, y en demanda de la reintegración de trabajadores del sector público despedidos en el marco de la política de recortes del Ejecutivo nacional.
“Esta movilización es bien clara, porque los despidos están en el sector público y en el sector privado (…) notificando a los trabajadores de 30 años, con $1.200 dólares”, declaraba el dirigente sindical Mesías Tatamuez, presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT). “No puede ser posible que el presidente Lenín Moreno y su ministro Richard Martínez (Economía) prefieran pagar la deuda externa antes que defender la vida, la salud y la educación’, declaraba Luis Aguirre, coordinador de la Federación de Estudiantes Universitarios de Ecuador. La Unión Nacional de Educadores (UNE) también se estuvo presente.
También en la marcha se rechazó el reciente acuerdo del Gobierno que permite a las Fuerzas Armadas hacer uso progresivo de la fuerza en las protestas, pues implica toda una escalada de la represión y un intento de silenciar el derecho a la protesta.
"Por nuestros derechos, la lucha sigue", "No al paquetazo, no más despidos" se leía en algunos de los carteles en la manifestación. "La banca y los empresarios no aportan un centavo" en alusión a que es sobre el pueblo de trabajador ecuatoriano sobre el que están descargando la crisis mientras que los empresarios son beneficiados con las nuevas medidas de Lenin Moreno viene aplicando aprovechando la situación de la pandemia.
En esta marcha, además de las organizaciones sindicales también participaron estudiantes, expresando su rechazo contra del racismo y con carteles exigiendo justicia por George Floyd, quien fue asesinado por la policía en Estados Unidos.
Los manifestantes usaban mascarillas y algunos también portaban protectores transparentes para el rostro, como medida de bioseguridad por el coronavirus. Los participantes en la marcha pacífica también exigieron la realización masiva entre la población de las llamadas "pruebas PCR", para la detección del coronavirus. Es que en Ecuador se registra un total de 43 378 casos confirmados de covid-19 desde el inicio de la emergencia sanitaria. En este contexto, 6 065 personas han fallecido, entre casos confirmados y casos con sospecha.
De la cifra total de fallecidos, 3 642 corresponden a personas que murieron con un diagnóstico positivo de covid-19 mediante pruebas PCR. Los 2 423 restantes son casos con sospecha de coronavirus; es decir, personas a quienes no se pudo aplicar pruebas de diagnóstico, pero que fallecieron con cuadros de insuficiencia respiratoria, de acuerdo al informe del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional.
Las luchas de Ecuador son parte de las nuevas protestas que se vienen retomando en el continente como hemos visto con las protestas en Chile, en Colombia y más recientemente con las manifestaciones que tomaron las calles de Brasil contra el racismo y el gobierno de ultraderecha de Bolsonaro y Mourão.
Como escribimos en un reciente artículo en este diario: “Es necesario que se profundice la lucha para impedir que el Gobierno logre imponer una reforma laboral, rechazar los despidos y las rebajas salariales y exigir que los empresarios paguen efectivamente un impuesto a las grandes fortunas y que ese dinero se destine a un plan de emergencia en salud (…)como parte de un conjunto de medidas para que la crisis económica y sanitaria no la descarguen nuevamente sobre las espaldas de los trabajadores y los más pobres”. | 
