En la causa se juzgaban distintos crímenes cometidos durante el año 1976. El Tribunal Oral Federal Número 1 constituido por los jueces Germán Castelli, Pablo Vega y Alejandro Esmoris, consideró que la banda paraestatal funcionaba con la aquiescencia absoluta del Estado y que formaba parte integral del plan de represión que era dirigido desde las más altas esferas del Estado argentino.
En noviembre de 2017 luego de siete meses de audiencias dictó el veredicto en el juicio a dos miembros de la Concentración Nacional Universitaria (CNU), condenando a Carlos Ernesto “el Indio” Castillo a cadena perpetua por encontrarlo responsable de homicidios y desapariciones de personas, y absolviendo a Juan José “Pipi” Pomares por el “beneficio de la duda”, argumentando principalmente que no era prueba firme el reconocimiento fotográfico realizado por un sobreviviente de los hechos y por el hijo de una de las víctimas que a los diez años vio cómo se llevaban a su madre.
En abril de 2018 la Cámara Federal de Casación Penal con los votos de los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo confirmó la condena a prisión perpetua de Carlos Ernesto “Indio” Castillo por los delitos de homicidio y sustracción de personas y anuló la absolución de Juan José “Pipi” Pomares, argumentando que el reconocimiento es un medio de prueba válido y que resulta idóneo, apropiado y razonable para este tipo de causas y haciendo lugar a los recursos de los querellantes (el colectivo de organismos de derechos humanos Justicia Ya! La Plata, familiares de las víctimas y las secretarías de Derechos Humanos de la Nación y de la provincia de Buenos Aires). La Fiscalía, pese a haber acusado durante el juicio oral, no hizo ninguna presentación ante Casación.
Desde la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires y el espacio Justicia Ya! repudiaron esta nueva absolución de Juan José “Pipi” Pomares de unos de los principales miembros de esta organización parapolicial de la derecha peronista que, en los años previos a la dictadura, asesinó a decenas de militantes obreros y populares especialmente en La Plata y Mar del Plata. Muchos de sus miembros, después del 24 de marzo del 76, se integraron a los grupos de tareas genocidas.
El caso de Juan José Pomares es paradigmático. El “Pipi” (ése es su alias) fue uno de los más pesados de la patota. En su investigación La CNU, el terrorismo de Estado antes del golpe, Daniel Cecchini y Alberto Elizalde Leal lo ubican en prácticamente todos los secuestros y crímenes comprobados. Sin embargo, hasta no hace mucho Pomares era un empleado privilegiado de la Legislatura bonaerense al servicio del Frente Para la Victoria.
Varios años después de perpetrar crímenes atroces en sociedad con la Triple A y las fuerzas represivas estatales, a principios de los 90 el “Pipi” Pomares fue convocado para trabajar en el área de Desarrollo Social de la Municipalidad de La Plata. Más tarde trabajó en la Legislatura provincial como “asesor” del bloque de senadores kirchneristas, cargo que conservó hasta un año después de ser detenido y alojado en el penal de Marcos Paz.
Uno de sus máximos benefactores fue nada menos que Julio César Alak, actual ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, ex ministro de la cartera homónima nacional durante la presidencia de Cristina Fernández y durante 16 años (1991-2007) intendente de La Plata, capital de la provincia donde Pomares cometió sus crímenes.
Los organismos integrantes del espacio Justicia Ya y los familiares de las victimas de la CNU continuaremos la lucha para que estos crímenes no queden impunes.
Sentencia contra el represor Pomares - 8 de junio de 2020 by La Izquierda Diario on Scribd
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