La Guardia Nacional, corporación policíaca creada durante el gobierno de AMLO, ha estado en las calles poco más de un año (de febrero 2019 a marzo 2020). En ese período, se han levantado ya más de cien quejas en la Comisión Nacional de Derechos Humanos por violación a derechos humanos, detenciones arbitrarias, desaparición forzada, tortura, tratos inhumanos e intimidación, y según investigadores de Derechos Humanos, existe menos de 1% de probabilidad de que estos elementos enfrenten la justicia.

La mayoría de las agresiones han sido contra personas migrantes, tanto en zonas fronterizas, centros de detención migratoria así como a lo largo del territorio nacional en las zonas de traslado de migrantes.

Recientemente, según denunciaron medios e integrantes del Colectivo de
Observación y Monitoreo de Derechos Humanos del Sureste Mexicano, 50 migrantes protestaron en un centro de detención migrante de Tapachula, Chiapas, y fueron brutalmente reprimidos por la GN, que les tiró gases lacrimógenos y aplicó descargas eléctricas sobre sus cuerpos (tortura), para después subirlos a un autobús que los desapareció durante varias horas, siendo presentados con vida debido a la presión de los observadores de derechos humanos.

Lejos de “pacificar al país” como anunció AMLO que haría la GN, esta corporación conformada por militares, marinos y policías federales ha demostrado en tiempo récord que no importa el nombre que lleven, las coporaciones policíaco militares están al servicio de la defensa y protección de la propiedad privada de los empresarios y sus intereses.

Ya sea reprimiendo migrantes, despojando pueblos originarios de sus territorios para entregarlos a grandes empresas, o reprimiendo protestas sociales, la GN ha obtenido en tiempo récord una insignia que la distingue por su carácter violento.

Frente a este escenario se vuelve indispensable exigir la desmilitarización inmediata del país, así como la disolución de los cuerpos represivos, a la par de la exigencia por libre tránsito y plenos derechos políticos y civiles para toda la población migrante.