Martínez es conocido por su permanente denuncia, en redes sociales, de los casos de represión policial e institucional del Estado español, como también por hacer memoria, permanentemente, de los atropellos, torturas y violación a los Derechos Humanos cometidos por la Guardia Civil y otras fuerzas represivas, especialmente contra los movimientos independentistas vasco y catalán.

Hace unos días, conversó con Izquierda Diario sobre algunos de los hechos que fueron noticia en las últimas semanas y que volvieron a poner en debate el rol de las denominadas “cloacas” del Estado, el papel de la monarquía y los estrechos vínculos de los partidos pilares del régimen del ‘78 con la guerra sucia. También nos dio su visión sobre la integración de la formación de Pablo Iglesias al gobierno de coalición con el PSOE y la crisis económica a la que el coronavirus abrió la puerta.

Hace pocos días, escribías sobre el informe con el que la Guardia Civil pretendía incriminar a algunos funcionarios de gobierno por la gestión de la epidemia en el 8M. Mencionabas la medida del ministro Grande Marlaska, que intentó “calmar las aguas”, con incremento salarial a policías y guardias civiles y citabas “Roma no paga traidores”. ¿Cuál es la relación de Marlaska con las “cloacas” contra las que se vio obligado a actuar en este caso?

El Ministerio de Interior es uno de los espacios de poder más delicados del Gobierno español, ya que entre otras cosas debe lidiar con cuerpos como la Guardia Civil, que es un lobby de poder en sí mismo. Es por eso que Interior ha sido territorio para grandes hombres de Estado.

Cuando Pedro Sánchez atrae a Marlaska a su gobierno, es consciente de que está arrebatándole una pieza a los sectores derechistas. De hecho Marlaska ocupaba el ala conservadora del Consejo General del Poder Judicial. El problema es que ahora existe una guerra abierta entre Moncloa y las derechas parlamentarias. Y en los sectores ultras, Marlaska es percibido como un converso. La verdad es que ha intentado equilibrios imposibles desde su nombramiento. Por ejemplo, en 2018 cesó como líder de la UCO a Manuel Sánchez Corbí —condenado en 1998 por torturas— pero al mismo tiempo le concedió la Cruz de Plata.

El actual ministro siempre desestimó que se hubieran cometido torturas a detenidos, en el Estado español, a pesar de las 9 sentencias condenatorias del TEDH por violación de los derechos humanos. ¿Cuál fue su responsabilidad en estos casos y en qué consistieron esas violaciones?

Fernando Grande-Marlaska era instructor en seis de esas nueve condenas por no investigar torturas. Son los casos de Beatriz Etxebarria (2014), Oihan Ataun (2014), Patxi Arratibel (2015), Xabier Beortegui (2016) y Martin Sarasola e Igor Portu (2018).

Pero las denuncias en casos instruidos por Marlaska se cuentan por decenas. Aplicó por sistema la detención incomunicada para sorpresa del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura, que en un informe recoge incluso una denuncia de violación en comisaría en 2011. Los testimonios hablan de golpes, asfixia con bolsa, ejercicios físicos forzados y amenazas de tortura eléctrica.

Hace ahora seis años, la Audiencia Nacional absolvió a 40 jóvenes vascos porque las confesiones obtenidas en comisaría no coincidían con las declaraciones en el juzgado. Obviamente se inculparon por la fuerza. La mayoría de ellos pasó más de un año en prisión. Marlaska ignoró sus relatos de malos tratos cuando acudieron a su despacho.

Más allá de Marlaska, el PSOE como partido pilar del régimen del ‘78, tiene profundas relaciones estructurales con las “cloacas del Estado”. ¿Cuál es tu visión?

Cuando hablamos de cloacas del Estado o de deep state, entiendo que nos referimos a un poder fáctico que va más allá del parlamentarismo y que atañe al sistema judicial, a las estructuras policiales, al Ejército, a los poderes económicos y al búnker mediático. Se trata de una estructura cuya esencia no sufrió grandísimas alteraciones durante la Transición y que tiene el papel de garantizar la unidad de España y la hegemonía de las élites.

En ese aspecto, el PSOE forma parte del pacto constitucional del ‘78 y nunca se ha apartado un ápice de sus estructuras. Sostienen la monarquía, avalan la impunidad del franquismo mediante la Ley de Amnistía, mantienen una Ley de Secretos Oficiales de 1968 y sus dirigentes terminan sus días en los consejos de administración de las grandes empresas.

Si hay un partido de régimen es el PSOE, porque es el que ofrece el lado amable y progresista de una arquitectura de poder construida a medida de la clase dominante.

Recientemente, la CIA desclasificó información reservada que demostraría que el mismo Felipe González era el “señor X” que la investigación periodística señalaba como dirigente de los GAL. ¿Qué opinión te merece esta información y la poca repercusión que está teniendo en el Estado español? ¿Consideras que hay posibilidades de llevar al expresidente a los tribunales por esta causa?

En realidad ese informe de la CIA lleva ya mucho tiempo desclasificado y por algún motivo que desconozco ha pasado desapercibido hasta ahora. El documento no aporta ninguna información de la que no dispusiéramos antes, pero comprendo que resulta vistoso leer sobre Felipe González y los GAL en un informe secreto, aún parcialmente censurado y procedente de la agencia de inteligencia estadounidense. En todo caso, celebro que la guerra sucia vuelva a ser motivo de debate porque aún hoy es una mancha que el Estado no ha sabido purgar.

Nadie en su sano juicio puede sostener que fuera posible organizar semejante escuadrón de mercenarios con lazos policiales sin conocimiento del presidente del Gobierno. Ahora que van a cumplirse 33 años del asesinato de Juan Carlos García Goena a manos de los GAL, leo que su hija reclama explicaciones a la dirección actual del PSOE. Y esto me recuerda que todavía hoy sigue habiendo víctimas de segunda categoría, muchas de ellas ni siquiera reconocidas, de las que nunca nadie se atreve a hablar porque su mera existencia arruina la fantasía del relato oficial.

¿Qué análisis haces de la reapertura de la investigación del Tribunal Supremo sobre el rey emérito y su posible “retiro” a una exclusiva zona residencial de República Dominicana?

Entre 2013 y 2014, en pleno ciclo de movilizaciones sociales, comenzaron a saltar los escándalos de la Casa Real. La monarquía empezó a cosechar sus primeras valoraciones negativas en los informes del CIS [Centro de Investigaciones Sociológicas] y la cuestión desapareció del barómetro. Entonces se puso en marcha una gran operación de Estado para salvar la Corona y Felipe VI tomó el relevo.

Parece que ahora por fin se ha abierto la veda para investigar al rey emérito y que algunos medios se atreven a hablar de corruptelas que hasta ahora era tabú nombrar. Comisiones saudíes, cuentas suizas, amantes a cuenta del erario público y demás. Es positivo que todo esto vea la luz. Lo preocupante es que los poderes del Estado pueden presentar este proceso como la purga de una manzana podrida frente a la hipotética limpieza de los monarcas actuales y sus hijas.

Pero la corrupción no es un mal del sistema sino el sistema mismo. Y ningún país democrático debería aceptar una jefatura de Estado instaurada por un tirano, construida sobre el lucro ilícito y protegida por leyes excepcionales de irresponsabilidad e inviolabilidad.

Para muchos, la entrada de Unidas-Podemos al gobierno pudo haber generado expectativas en un cambio más radical del régimen, con la llegada de quienes surgieron del 15M “contra la casta”. ¿Qué impresión tienes de la integración de esa izquierda en una coalición con el PSOE y cómo ves al gobierno y la oposición en esta crisis abierta a nivel mundial?

Honestamente, creo que cuando Unidas Podemos accede al Ejecutivo español ya nadie espera un cambio de régimen sino de gobierno. Podemos recoge algunos motivos de las protestas sociales y en su fundación abriga la idea de un proceso constituyente que impugne a los poderes del Estado y al bipartidismo. Sin embargo, cuando la hipótesis del asalto a los cielos fracasa, la dirección asume una posición más pragmática que pasa por arrancar algunos avances sociales a cambio de no librar una batalla frontal contra los estandartes del régimen.

El bipartidismo se ha resentido, pero el Congreso sigue representando la vieja idea de las dos Españas. Es verdad que el ascenso de los populismos de extrema derecha deja a la izquierda en una posición de resistencia, pero tengo la sensación de que se aproxima una crisis económica que va a resquebrajar de nuevo el tablero de juego. Y las calles volverán a tomar la palabra.