El ERE presentado por la empresa nipona al Departament de Treball afectará a 2.525 trabajadores directos. Un número algo menor a los 3.000 que barajaba la patronal al inicio.
Esto es porque el centro de recambios de El Prat (110 personas) quedaría por fuera del expediente y podría quedar fuera del plan de cierre el centro técnico y el de compras, unos 400 trabajadores más, aunque según la empresa en función de cómo se dé la negociación sobre el ERE.
El mismo día que se presentaron estos números dieron inicio a las consultas con los representantes sindicales.
La dirección de Nissan muestra así su voluntad de que su decisión sea irreversible en cuanto al cierre de las plantas, y sólo queda negociar las condiciones. Todo un chantaje.
Al primer encuentro de la negociación, al cual la empresa acudió con un notario para que conste la entrega de la documentación del expediente, no acudió Frank Torres, el responsable designado por la multinacional para llevar adelante el cierre de las plantas. Por lo que los sindicatos no reconocieron la constitución de la mesa que no tuvo más recorrido.
El conseller de Treball, Chakir El Homrani vía twitter escribía: “Nissan ha registrado un ERE que afecta a miles de personas trabajadoras. Velaremos por sus derechos. Los que promovieron la reforma laboral, los que le dieron apoyo y los que no la han derogado, hoy son el exponente de un fracaso político en defensa de los derechos laborales”.
Si desde los gobiernos -catalán o central- van a velar por los derechos de los trabajadores de la misma manera que lo hicieron con los de nuestros abuelos en las residencias, ya sabemos de lo que tratan sus eufemismos.
Quizás no recuerde el ministro de Trabajo de ERC que sus actuales socios en el Govern, bajo las siglas de la extinta CIU, convalidaron desde el congreso la reforma laboral en 2012.
Mientras, para los representantes sindicales de los trabajadores ni siquiera se ha iniciado el proceso de consulta, la empresa anunció que se ha cerrado el calendario de reuniones para las consultas hasta el 30 de julio.
Por lo que se mantienen las movilizaciones. “Vamos a seguir trabajando para demostrar que los motivos para cerrarnos no son ciertos”, declaró Miguel Ruiz, del sindicato Sigen-Usoc, mayoritarios en el comité de empresa de Nissan, integrado también por CCOO, UGT y CGT.
Está previsto que hoy miércoles y mañana jueves se manifiesten en las fábricas que tiene Nissan en Cantabria y en la capital Santander, trabajadores que se han desplazado desde Barcelona para participar de las mismas.
Sin embargo la fuerza sola de los trabajadores de Nissan, sin tener en cuenta a las propias contratas, la coordinación con estos trabajadores así como con otros sectores en una situación similar y la comunidad de conjunto, no será suficiente.
Así como que más allá de las fuerza que desplieguen, si los trabajadores no proponen un plan alternativo, independiente de los negocios y los intereses patronales y que ponga por delante sus intereses y los de las mayorías, están condenados de antemano a ser furgón de cola de la patronal del sector, de la mano de los sindicatos mayoritarios.
Militantes de la izquierda sindical y anticapitalista han impulsado una recogida de firmas por la exigencia de una nacionalización de Nissan. Una iniciativa que apoyamos, pero críticamente, ya que no compartimos el conjunto de los términos en los que se expresa sobre la nacionalización.
En primer lugar, la definición sobre "la debilitat del Govern espanyol i català" suena a exculpatoria para quienes siempre priorizaron los negocios de la clase a la que representan. Los que la apoyaron como CIU la reforma laboral o los mismos que prometieron derogar la reforma laboral como el PSOE y UP, con la que en esta crisis atacan y atacarán a nuestra clase.
En segundo lugar, la cuestión de la “soberanía industrial” como argumento a favor de la nacionalización plantea el problema en términos de “nacionalismo económico” y por lo tanto en términos interclasistas que no compartimos, menos aún en un Estado imperialista como es el español.
La perspectiva de nacionalización que defendemos solo puede ser producto de la lucha de clases como parte de una serie de medidas transicionales hacia a una economía socialista, de racionalidad y democratización de la economía. Es decir, en un sentido contrario de nacionalizaciones de tipo burguesas.
Una nacionalización que rompa con las reglas de juego –capitalista- en las que siempre perdemos, que ponga por delante los intereses de la clase trabajadora a los negocios patronales y sus ganancias y las fábricas al servicio de las necesidades sociales bajo una verdadera reconversión de la industria del automóvil. | 
