Las cifras oficiales informan que hay 33.219 contagios y 1123 muertes por Covid-19. Aún estamos lejos del pico y el sistema sanitario ya colapsó. Las y los trabajadores de salud se encuentran desesperados y están en estado de emergencia. La gente sigue muriendo en puertas de hospitales, en sus casas o en las calles. Santa Cruz, Beni, Cochabamba están desbordados y en La Paz vamos hacia ese escenario. ¡Basta de lucrar con la salud!. Para salvar las vidas debemos imponer la nacionalización de la salud privada bajo control de las y los trabajadores.
El gobierno golpista de Áñez y los mercaderes de la salud informan día a día sobre la cantidad de contagios, muertes, encima con cifras dudosas, además de nuevos cementerios y nuevos crematorios. Sin embargo, las y los trabajadores y el pueblo necesitamos otra información. Necesitamos saber cuántas unidades de terapia intensiva y respiradores se instalan por día, cuántos barbijos, insumos de bioseguridad y EPP (equipos de protección personal) se reparten por día a las y los trabajadores de salud. Queremos saber cuántos ítems se entregan por día. El colapso del sistema de salud pública está afectando a los más pobres. Mientras, por otro lado crecen las ganancias de las clínicas privadas.
Los golpistas destilan casos de corrupción ya sin el más mínimo reparo desnudando con meridiana claridad que tomaron el Estado, de la mano de policías y militares y con la venia eclesial, para hacer negocios al beneficio de su clase.
El colapso sanitario se profundiza y extiende
Sin llegar aún a los picos pronosticados por los golpistas ya estamos en una situación dramática y de colapso sanitario. Santa Cruz, Beni y Cochabamba son los departamentos más golpeados. En La Paz vamos hacia ese camino.
El autodenominado Gobierno de transición, las gobernaciones y municipios ante el incremento de casos improvisan encapsulamientos que no resuelven nada porque todo lo demás para enfrentar la pandemia falta. Más de 100 días de cuarentena no sirvieron de nada porque como denunció el dirigente del SIRMES, Romero, sólo implementaron 30 unidades de terapia intensiva (UTI) cuando la cuarentena tenía que haber servido para ganar tiempo equipando todos los centros de salud del país.
Como ya desde marzo se venía señalando, no llegábamos ni a las 500 UTI de las que el 60% están en manos privadas. Es decir, ni la mitad de lo que la OMS recomienda para una población como la de Bolivia en situaciones normales. No solo que no hubo plan preventivo sino que pareciera que esto fue deliberado porque se negaron sistemáticamente a la implementación de test masivos al inicio de la pandemia.
Recordemos que Beni, que durante un tiempo estaba en un silencio epidemiológico, “sorpresivamente” empezó a reportar casos y hoy, después de Santa Cruz, es el segundo departamento más golpeado por la grave crisis sanitaria.
Con lo sucedido en el departamento de Beni recién incluyeron los rastrillajes casa por casa que está causando que haya más personal médico y administrativo contagiado. Ya que los y las trabajadores destinados a estas tareas no cuentan con los equipos de bioseguridad completos e intentan detectar la pandemia con pocos recursos.
En el día a día, mientras las cifras de contagios van en aumento, el acceso a pruebas es una quimera. Hay referencias de donde ir pero en la realidad conseguir un laboratorio es casi imposible. Por ejemplo en un laboratorio ubicado en la Zona Sura de La Paz hay colas de más de 100 personas para que puedan realizarse la prueba y las pruebas rápidas cuestan entre 800bs a 1000 bs (cerca de 150 dólares). Sumado a esto, los hospitales de Cotahuma y La Portada, que son los hospitales COVID-19, no atienden si uno no lleva su prueba positiva. Es decir, por más que uno se esté casi muriendo no le atienden sin tener el resultado positivo de una prueba.
Esta situación es total responsabilidad de los golpistas que están lucrando con la salud. Su cuarentena militarizada y los gastos en reforzar las fuerzas represivas que, para ellos, son la primera línea –de la represión- para enfrentar la pandemia son una política criminal o dicho en otras palabras, implementaron políticas privilegiando la represión y no para salvar vidas.
Ayer la gobernación de La Paz a cargo de Félix Patzi anunció “averiguar” los test masivos rápidos ante el inminente colapso. Otra vez la desidia de las autoridades a la hora de atacar la pandemia. Nos condenan a una espera nefasta luego sucede el desastre y recién “actúan”.
Desde La Izquierda Diario, cuando empezó la pandemia, hace más de 100 días, hemos insistido en la necesidad de los test masivos, que hubiera permitido detener los contagios con la detección temprana y aislar el virus y controlarlo.
La cuarentena, ha quedado demostrado, es insuficiente para atacar al virus, y también demostró que golpea a los más pobres. Con las migajas de los bonos de Áñez y sin poder trabajar durante la cuarentena dura, cientos de miles de familias quedaron sin recursos para garantizar el día a día y hoy, tampoco pueden acceder a un test, menos aún a atención médica.
Nacionalización de hospitales privados bajo control de los y las trabajadoras
Frente a este escenario de profunda crisis socio-sanitaria, económica y política, las mayorías trabajadoras, los sectores populares y las comunidades indígenas en sus territorios están prácticamente condenados a muerte. Áñez y su gobierno de agroindustriales y capitalistas van a terminar descargando, ya lo están haciendo, no solo los costos de la crisis en nuestras espaldas sino también los muertos por Covid-19.
Es por todo esto que desde La Izquierda Diario, la LOR-CI, la organización de mujeres Pan y Rosas, el organismo de Profesionales por los Derechos Humanos y contra la Represión Estatal (ProDHCre) creemos que es urgente impulsar un plan de lucha con medidas urgentes porque no podemos permitir la resignación del pueblo trabajador que hoy cae en la desesperación, el miedo y la resignación. No permitamos que las familias de las y los trabajadores del campo y la ciudad se cubran de luto.
Las organizaciones de los y las trabajadoras, de mujeres, vecinales, estudiantiles, indígenas y campesinas debemos exigir de manera urgente la nacionalización del sistema de salud privado, sin indemnizaciones, y su centralización y funcionamiento bajo dirección de las enfermeras, personal de limpieza y cocina y finalmente los médicos y especialistas para detener la enfermedad. Es urgente el pase de todo el personal de salud al régimen de la Ley General del Trabajo, algo que Áñez no hará, al igual que no lo hizo el MAS en 14 años de gobierno. Hay que terminar con la precarización laboral de las y los trabajadores de salud y de todo el pueblo trabajador.
Hasta el momento hemos visto que al Gobierno golpista de Áñez no le importa la salud de la población, pero tampoco al MAS que en sus 14 años de Gobierno es también responsable de la precariedad del sistema de salud y que pese a haber construido cientos de postas sanitarias y algunos hospitales, mantuvo y continuó con varias de las leyes neoliberales, como es la fragmentación del financiamiento de salud entre municipios, gobernaciones y gobierno central, alentando la privatización de los servicios de salud y que a la vez dejó a la gran mayoría de los trabajadores del sector en condiciones laborales precarias.
Con una mayoría en diputados, el MAS, podría -desde el inicio de la pandemia- haber impuesto la implementación de test masivos o la nacionalización de hospitales privados bajo control de sus trabajadores pero nada de esto hicieron. Su candidato a la presidencia habló de impuestos a las grandes fortunas y de un salario de cuarentena pero solo como bandera electoral porque en la asamblea los 2/3 del MAS no sacaron ninguna de estas medidas. El interés del MAS es otro; está por fuera de las necesidades de las y los trabajadores, campesinos, indígenas, desempleados y pobres. Durante sus 14 años de gobierno, ha garantizado los intereses de la clase dominante y hoy desde la oposición, viene negociando con los golpistas, vendiendo la ilusión que con las elecciones se solucionará todo.
Exigir la nacionalización de la salud privada y que todo el sistema de salud esté al servicio de salvar vidas y manejado por sus trabajadores es un primer paso. No puede ser que los privados hagan negocios mientras la gente está muriendo.
Esta vez la crisis y los muertos no permitamos que sean cargados sobre las mayorías empobrecidas y trabajadoras, la crisis deben pagarla los ricos y los capitalistas. | 
