El Doctor Alejandro Espinosa, investigador del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), advirtió que el Tratado Comercial entre Estados Unidos, Canadá y México (T-Mec) abre una puerta abre la puerta para un mayor ingreso de alimentos transgénicos, pago de regalías y patente a las grandes firmas multinacionales que dominan este mercado.

Según el experto este nuevo tratado obliga a México a cambiar la legislación que rige el uso de sus semillas, abriendo la puerta a los transgénicos y al pago de regalías y patente las cuatro multinacionales que controlan el negocio. En este “marco jurídico de la semilla”, obligaría a México a reconocer el sistema de patentes norteamericano, al tiempo que limitaría el uso propio de los campesinos y el intercambio milenario de semillas.

“Los oligopolios que manejan Bayer-Monsanto, Pioneer, Syngenta y Dow —las llamadas ‘hermanas’—, junto a los grandes productores internacionales han presionado para que se pase al acuerdo UPOV 91", explica Espinosa.

Con el T-MEC, México es obligado a firmar y hacerse parte del acta o convenio de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) 1991, es un convenio de países que deciden cómo se van a proteger las variedades vegetales que obtengan los “mejoradores”, que para esta unión se llaman “obtentores”, pues son quienes “inventan” el mejoramiento de una semilla (es decir, las corporaciones). En este caso podrían regular la variedad del maíz.

Según la Red de Defensa del Maíz, organización que se dedica desde hace más de 14 años a documentar y difundir la lucha de las comunidades en contra de los transgénicos, El T-MEC conserva todas las desventajas del TLCAN contra México y agrega nuevos elementos, entre ellos los aspectos de propiedad intelectual, especialmente en farmacéutica y agricultura, con el fin de aumentar los privilegios y el dominio de mercado de las empresas transnacionales que, además, agrega secciones nuevas, como la de biotecnología agrícola, destinada a aumentar y facilitar la importación de maíz y otros transgénicos a México y presionar al país a aceptar su siembra y consumo.

La investigadora Ana de Ita, del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (CECAM), advierte que la reciente aprobación de la Ley De Fomento y Protección del Maíz, paradójicamente implica una burocratización de la propiedad, registro, investigación, y uso del maíz, que cuestiona los bancos de semillas.

Asegura que los campesinos guardan semillas que son ancestrales y no necesitan de bancos que se los den, la investigadora advierte que “con un mercado abierto, con importaciones crecientes”, como implica este tratado con Canadá y Estados Unidos, el Estado mexicano no tiene manera de garantizar “que todas las personas tengan acceso a estos productos sin Organismos Genéticamente Modificados”.

“Tanto los tratados de libre comercio, la Organización Mundial del Comercio se basan en un principio, que es la equivalencia sustancial: ellos dicen que el maíz transgénico es equivalente al maíz convencional híbrido, nativo o el que sea porque tiene, la misma composición física y química”.

Esta convención UPOV 1991 dice que los que van a decidir si un agricultor puede re sembrar las semillas de su cosecha son las compañías porque son los ‘obtentores’. Entonces les quitan a los agricultores la posibilidad, que ha sido el derecho de toda su vida, de seguir sembrando las semillas que ellos quieran y lo dejan en manos de los dueños de la patente el saber si los dejan o no los dejan”, explica la investigadora del CECAM, quien participa desde 2002 en la Red de Defensa del Maíz.

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Las leyes mexicanas en materia de maíz tienen un historial de modificaciones que favorecen los cultivos genéticamente modificados de empresas trasnacionales como Monsanto, Bayer, Pioneer, Dow, Syngenta, y perjudican las más de 59 variedades de maíces nativos.

Desde 2012, la organización Científicos comprometidos con la Sociedad advirtió que una vez que se siembre maíz transgénico en cualquier parte de México, será imposible evitar el flujo de los transgenes a las variedades nativas o criollas, lo cual pone en entredicho “no sólo la viabilidad del maíz nativo mexicano sino también afectará el modo de vida de millones de personas”, sobre todo indígenas, campesinos, agricultores y consumidores.

El TLCAN implicó una transformación total de la economía mexicana incluyendo el abandono del campo mexicano y la agricultura tradicional, además de la reducción del salario y conquistas sociales de los trabajadores, los recursos naturales y la biodiversidad, apostando a una integración en beneficio exclusivo de las trasnacionales. La entrada en vigor del T-MEC implica la continuación del anterior tratado, pero con mayores regulaciones internacionales.