En la última revista del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) [1], los rectores de las distintas universidades nacionales pretenden mostrar al sistema universitario abocado a garantizar la permanencia de estudiantes y la colaboración en la lucha contra la pandemia.
En medio de la crisis, se conocieron los detalles de un convenio entre la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires [2] y la multinacional petrolera Shell, para la investigación de las formaciones de Vaca Muerta, Los Molles y Agrio, en Neuquén, para fracking. Entonces, ¿cuál es el rol que juega la universidad?
Algunos dirán que no fueron pocos los aportes del sistema universitario y científico en medio de la pandemia. Sin embargo, ¿Se trata del grueso de la producción de conocimiento? Más allá de los desarrollos puntuales, ¿Quién capitalizará finalmente las producciones científicas realizadas por instituciones públicas? La contradicción radica en que la capacidad intelectual de los universitarios, la infraestructura y la tecnología de los establecimientos educativos no se presentan en el vacío. Tampoco son condiciones suficientes para enfrentar las consecuencias sociales, sanitarias y económicas para las mayorías trabajadoras y sus familias, en esta crisis de magnitud histórica, donde sólo en Argentina hay más de 5 millones de trabajadores afectados por despidos, suspensiones y ataques al salario.
¿Conocimiento para quién?
Estamos frente a una batalla integral contra un orden capitalista, donde la universidad es un terreno en disputa. Es nuestra tarea pelear sobre la orientación social de la producción de conocimiento y construir una masa crítica capaz de cuestionar a los dueños del país que lo mantienen en una estructura económica atrasada con rasgos semicoloniales. En “¿Qué universidad para qué sociedad? a 50 años del aniversario del Mayo Francés del 68”, decíamos: “Si de lo que se trata es de cuestionar los límites que impone la lógica capitalista para producir conocimiento –expresado en algunos casos por la vía directa de producción para la ganancia empresaria, pero en otros casos como en las facultades humanísticas, mediante la reproducción de la ideología dominante y la obturación de un pensamiento crítico, la crítica debe partir de su relación con la clase que puede llevar adelante una transformación social.” [3]
Nos encontramos ante una contradicción entre el desarrollo del conocimiento actual, la formación de profesionales, y los límites sobre cómo está organizada la sociedad en base a la ganancia capitalista. Lejos de ser una isla, la universidad debemos pensarla en el marco del atraso y la dependencia del capitalismo argentino.
Por poner sólo algunos ejemplos. El desarrollo y la capacidad de las y los profesionales de la salud no garantizan un sistema de salud público, solvente y de calidad. Hay profesionales sobrecalificados que no son absorbidos por el sistema, mientras las y los trabajadores actuales cuentan con largas jornadas y están “reventados”. Todo el potencial que hoy podría tener el país para cuidar y salvar vidas queda trunco, sin poder ser desarrollado. Históricamente, el sistema de salud, desde la dictadura militar a esta parte, se desfinancia, y con la avanzada neoliberal de los 90 sufrió un golpe mayor. Después de casi 4 meses de pandemia, por una negativa de los empresarios de la salud y del gobierno a avanzar sobre ellos, todavía no se centraliza y unifica el sistema de salud público y privado, que implicaría contar con mejor tecnología y mayores recursos, como camas de terapia intensiva y de internación frente al colapso que anuncian las y los trabajadores de la salud. [4]
La política en ciencia y técnica apunta a la transformación de las investigaciones en mercancías y de los trabajadores de ciencia en empresarios. Como por ejemplo sucede en la producción de los nuevos test rápidos moleculares, que se trata de un gran logro producto del trabajo de científicos y científicas del sistema público, con financiamiento estatal, pero que finalmente queda en manos de empresas privadas. Es el caso del Laboratorio Pablo Cassará, de los más grandes de Argentina, en el caso del Neokit; y el ELA Chemstrip, con investigación de Universidades nacionales de San Martín (UNSAM) y de Quilmes (UNQ) en manos de Chemtest y Productos Biológicos SA (PBL). [5]
Frente a la pandemia, la preocupación de las máximas autoridades de la política universitaria es mostrar que el funcionamiento de las universidades no se vea alterado en cuarentena y que la deserción no está en aumento, como parte de que los mecanismos de contención hacia los sectores de la juventud que acceden a la educación superior no dejen de funcionar. En la reciente publicación del CIN, la presidenta del organismo, que reúne a los rectores del país, afirma “Entendemos que este vínculo de los millones de estudiantes con la universidad, con sus carreras, sus docentes y con el conocimiento es una de las funciones que, en este contexto de aislamiento social, debemos sostener. Porque permite darles contención, certidumbre y continuidad a sus proyectos vitales”. [6]
En otros casos, las autoridades universitarias como en UNSAM [7] y UNQ se ocupan en hacer propaganda [8] de los frutos de su política de "consorcio público-privado" donde los proyectos son de equipos conjuntos de investigadores con participación de empresas privadas.
Decisiones para todos, beneficios para pocos
“El esfuerzo docente es enorme” [9] reconoció Alberto Barbieri, el rector de la Universidad de Buenos Aires, al diario Perfil después de vanagloriarse de ser la universidad con más alumnos en el mundo cursando virtualmente y después de señalar que “siempre pensando en que los alumnos no deben sentir que están perdiendo el ciclo académico”. Las declaraciones del excandidato a Ministro de Educación de Daniel Scioli en los medios de comunicación omiten las exigencias docentes, sobre la necesidad de que se les pague la conectividad a internet y se los capacite para poder dar las clases virtuales, brindando todos los recursos necesarios. También oculta que la virtualización forzosa en la universidad se basa en un esquema de precarización del trabajo preexistente a la pandemia. Como vemos en las y los miles de docentes que trabajan gratis y que se los conoce como docentes ad honorem, o en las y los trabajadores no docentes, y trabajadores de limpieza de los establecimientos educativos que en la mayoría de los casos son contratados por empresas tercerizadas.
Barbieri y los partidos tradicionales como la UCR y PJ son los principales representantes del régimen universitario de la Universidad de Buenos Aires. ¿A qué nos referimos con esto? A que la UBA es cogobernada, desde 1983 en adelante, por esta alianza que se basa en el sostenimiento de una universidad ahogada presupuestariamente, que por lo tanto se ubica como reproductora de una creciente precarización y deserción. Además, desde la avanzada neoliberal con la Ley de Educación Superior, se busca concebir a la educación como un servicio, susceptible de ser brindado por quienes lo puedan hacer de forma “competitiva” [10]. Es allí cuando tras el desfinanciamiento estatal, se habilita y se multiplica la incorporación de “recursos propios” por medio de distintos mecanismos de obtención, como son los convenios con empresas.
Si consideramos que la actual sociedad de clases es la que da fisonomía a la universidad, podemos decir que el régimen universitario compuesto por una casta de funcionarios (con sueldos abultados), se encuentra principalmente a disposición de producir, por un lado mano de obra calificada en función de las ganancias de las empresas –mediante trabajo precarizado revestido de pasantías, planes de estudios acorde a las necesidades de las empresas, laboratorios, bancos- y, por el otro, de formar profesionales que serán los futuros funcionarios del Estado, sin cuestionar el statu quo.
Al mismo tiempo que el régimen universitario hace referencia a la inclusión, naturaliza la elitización de la universidad, y pone obstáculos que dificultan el acceso a los sectores populares y precarizados de la sociedad, que son los más golpeados por las crisis y los primeros en abandonar.
En el proceso de ir transformando al conocimiento en mercancía o a la educación en un servicio, las agrupaciones que responden a los intereses del régimen universitario, son parte de este engranaje desarrollando una logística con fotocopiadoras y bares, queriendo brindar y suplantar lo que el Estado debería garantizar.
Una virtual separación de docentes y estudiantes
Existen algunos supuestos que, promovidos por las autoridades universitarias y acompañados muchas veces por la complicidad de las conducciones burocráticas de las federaciones estudiantiles, fomentan los intentos de separar estudiantes y docentes. La idea de que estos sectores tienen objetivos distintos y abiertamente separados, se configura a partir de la noción acerca de que las y los estudiantes tienen el singular y único objetivo de transitar la universidad con el fin de recibirse, y que el rol de las y los docentes es el de sencillamente garantizar que eso suceda. Esta mecánica es parte de la concepción de la educación como un “servicio”, en el cual las y los docentes serían responsables de brindar conocimiento, mientras que las y los estudiantes serían una suerte de “clientes receptores”. Esto último oculta y no problematiza el rol y la responsabilidad que verdaderamente tienen las autoridades de las facultades en reproducir un modelo que restringe tanto el acceso como la permanencia en la educación superior.
La exigencia de los rendimientos no tiene relación con los recursos designados. El caso de la Universidad Nacional de Córdoba es significativo y clarificador sobre dónde están las prioridades. Allí, el régimen universitario en vez de estar ocupado en lograr que deserte la menor cantidad de estudiantes posible por los despidos y los problemas psicológicos y sociales -que trae aparejado la pandemia en un contexto de crisis económica- o en vez de jugar un rol social destacado poniendo la tecnología al servicio de los trabajadores y los sectores populares de Córdoba, apareció en escena a partir de la implementación de Respondus un dispositivo tecnológico algorítmico que permite controlar a los estudiantes mientras hacen los exámenes. Entre otras cosas, se les exige hacerlo desde una computadora, y no desde los celulares, restringiendo aún más el acceso a la evaluación. El rol de las autoridades estuvo concentrado en decidir de forma unilateral la puesta en funcionamiento de este software de vigilancia para las y los estudiantes.
En el caso de la Facultad de Psicología de la UBA, el decano en una entrevista reciente a Clarín, en vez de emitir declaraciones en relación al inminente colapso del sistema de salud y del estado de la salud mental en la pandemia, negó la necesidad de hacer cuarentena y dijo que hay que dar herramientas para cuidarse solo, como si el aumento de la pobreza y la incertidumbre sobre el rumbo económico no fuesen también determinantes para la salud mental.
No son solo las autoridades (rectores/as y decanas/os) quienes quieren mostrar “capacidad de adaptabilidad” y “normalidad”. Las agrupaciones políticas peronistas y radicales, desde las conducciones burocráticas de los centros de estudiantes, están a gusto con este funcionamiento. Es en este sentido que votan junto a las gestiones, por detrás de toda la comunidad educativa y en contra de docentes y estudiantes vulnerando sus derechos conquistados. Como en el caso de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, donde Nuevo Espacio respalda las resoluciones del decanato, sin siquiera reunir al antidemocrático Consejo Directivo, sobre las condiciones de cursadas luego de dos meses de transcurrido el cuatrimestre afectando a los estudiantes. Y también en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA donde las agrupaciones kirchneristas votaron un proyecto que vulnera derechos laborales de las y los docentes para las instancias de evaluación final.
La educación no puede ser un privilegio
La defensa de la educación universitaria pública tuvo de protagonistas en las calles, en asambleas, en paros y en tomas de facultades, a las y los estudiantes y docentes universitarios. Como es el caso de la pelea en 1995 contra la Ley de Educación Superior (LES) y el intento de arancelamiento durante el menemismo, o la voluntad de desfinanciamiento de la universidad por López Murphy en 2001 durante el gobierno de la Alianza. A pesar de que la LES se terminó aplicando y no fue derogada por ningún gobierno posterior, estas luchas son grandes ejemplos que lograron que no avance la implementación de los planes privatistas con arancelamiento en las carreras de grado, como en el resto de los países de la región.
Esta alianza de estudiantes y docentes siempre tuvo los mismos enemigos: al PJ y la UCR, o al PRO en el caso de la lucha que se llevó adelante a nivel nacional en el 2018 contra el presupuesto deficitario. Tanto en los casos de las luchas de 2016 como de 2018 estos enemigos operaron de distintas formas, los partidos nucleados en Cambiemos (PRO-UCR) desde el Estado aplicando el ajuste, y la oposición del Frente de Todos (PJ-kirchnerismo) abonando desde la conducción de los sindicatos docentes a dividir la alianza con las y los estudiantes, cerrando la paritaria cuando había fuerzas para seguir luchando. Es posible entender entonces el intento de división de estudiantes y docentes por parte del régimen universitario, ya que durante distintos gobiernos esta unidad de los actores universitarios fue la que pudo frenar los intereses de hundir a la educación superior.
“Obreros y estudiantes”: otra salida es posible
La juventud en el mundo está siendo protagonista en Estados Unidos, cuestionando el racismo estructural del Estado imperialista, levantándose en distintas ciudades del mundo y tirando estatuas de traficantes de esclavos. Hay sobradas muestras de que este sistema no tiene nada para ofrecer a las nuevas generaciones. Millones son arrojados a la desocupación, mientras la burguesía impone leyes flexibilizadoras y los gobiernos le hacen frente sólo con discursos. Nos preparamos y peleamos para intervenir en la crisis nacional junto al movimiento obrero, para que esta vez la crisis la paguen los que la generaron, los “miserables”.
El cóctel explosivo entre el coronavirus y la crisis económica internacional tienen como “blanco” a la clase trabajadora y los oprimidos. La Organización Internacional del Trabajo dice que en tres meses se perderán 300 millones de puestos de trabajo, en donde las y los más precarios tendrán que elegir entre “enfermarse o morir de hambre”.
En el caso de Argentina, los recursos para solucionar los grandes problemas del país están, así como también los problemas de precarización y deserción en la educación, pero se destinan a pagar una deuda ilegítima y fraudulenta que se multiplicó durante la última dictadura cívico militar. O también se van, estos recursos, en la fuga de capitales a niveles exorbitantes. Por eso es necesario el desconocimiento soberano de la deuda.
Frente a la crisis actual es necesario articular la lucha por la permanencia en la educación superior y el mantenimiento de las conquistas estudiantiles, con la defensa de los derechos laborales de las y los docentes. En esa articulación junto a las y los trabajadores no docentes, radica la potencial fuerza, como también en la unidad con otros sectores de trabajadores como las y los estudiantes precarizados.
Para que las universidades dejen de estar mayoritariamente al servicio de las multinacionales -como vemos en el reciente convenio de la facultad de Exactas con Shell- y pasen a colaborar en enfrentar la pandemia y la crisis social y económica, en beneficio de las y los trabajadores y el pueblo pobre, es indispensable la democratización de los órganos de cogobierno en donde todos los miembros de la comunidad académica tengan voz y puedan decidir.
En el caso de la Universidad de Buenos Aires existe un régimen “feudal”, donde todavía el conjunto de los actores no tienen el derecho a votar. Las y los trabajadores “no docentes” no tienen voto en ninguna facultad, incluso donde gobiernan los autodenominados “progresistas”. A las y los docentes se los divide ponderando el voto de titulares de cátedra, dejando a la mayoría docente en el claustro de graduados. Mientras las y los estudiantes, siendo la inmensa mayoría de la comunidad académica, se encuentran subrepresentados. Es por eso que la Juventud del PTS siempre exigió y luchó por la democratización de los órganos de cogobierno, por mayoría estudiantil, claustro único docente (de los cuales muchos son ad-honorem) y voto de las y los no docentes, siendo que en la actualidad muchos de ellos se encuentran contratados por empresas tercerizadas sin siquiera ser reconocidos como trabajadores de las universidades.
Es necesario en cada establecimiento educativo poner en pie un comité de crisis de estudiantes, docentes y trabajadores donde se pueda decidir democráticamente el funcionamiento de los establecimientos, así como también cómo utilizar los recursos disponibles.
Con la perspectiva de organizarnos, convocamos desde En Clave Roja una gran asamblea estudiantil virtual en CABA, en donde participaron más de 300 estudiantes que votaron acompañar el paro docente realizado el pasado 3 de julio. Este paro se llevó adelante con un apagón virtual que encontró el apoyo de muchísimos estudiantes en las redes sociales.
La alianza de docentes, estudiantes e investigadores se vuelve necesaria para pelear por una salida a la crisis favorable a las grandes mayorías trabajadoras y poner la universidad “patas para arriba”. | 
