Mientras tanto, el número de casos estimados de covid-19, es decir, los que aún no han sido confirmados en su totalidad, es de 404,092 y la cifra de defunciones estimadas asciende a 43,139.

En esta ocasión, se dio un informe sobre las recomendaciones para las mujeres embarazadas o en puerperio. Esto porque la ONU afirmó este miércoles que la covid-19 es la principal causa de muerte materna por la pandemia, y que México es uno de los países con mayores tasas de mortalidad materna de la región.

Así fue que los funcionarios de la Secretaría de Salud dieron a conocer que hasta la Semana Epidemiológica 29, registraron 81 muertes maternas confirmadas por covid-19 en México, así como 27 clasificadas como casos probables. Con estos datos, el gobierno admitió los dichos de la ONU.

De acuerdo con cifras oficiales, se contabilizan 2,178 casos confirmados en mujeres embarazadas, y entre los estados con los mayores índices están Ciudad de México, Tabasco, Baja California, Estado de México, Sonora y Quintana Roo, con 286, 203, 136, 128, 119, 109 pacientes, respectivamente.

Lo grave de esto es que, según la Organización Panamericana de la Salud, la mortalidad materna, desde antes de la pandemia, ya constituía un problema crítico en México, en especial en las entidades más pobres como Chiapas.

A la negativa de la realización de pruebas masivas, el gobierno suma otro aspecto crítico ante la crisis sanitaria. La atención a las personas que previo a la pandemia padecían distintas enfermedades, o a las mujeres que cursan un embarazo, se resintió ante el déficit de personal médico, técnico y de enfermería.

Hace unos meses, cuando se inició la reconversión de hospitales del sector público, el gobierno había anunciado un convenio con hospitales privados para atender, entre otros cuadros, partos y cesáreas.

Pero con la proliferación del virus, sumado al déficit para la atención médica, las mujeres embarazadas han quedado con pocas o nulas posibilidades de mantener los controles prenatales sin arriesgarse al contagio de covid, ya que en los hospitales privados no les dan atención de seguimiento.

El incremento de la mortalidad materna abre un nuevo capítulo de la crisis sanitaria. Con un sistema de salud que se sostiene sólo con los loables esfuerzos de las y los trabajadores del sector, con poco presupuesto -mientras que el gobierno destina miles de millones a la Guardia Nacional, al Ejército y la Marina-, las mujeres ven mermado su derecho a una maternidad con atención médica de calidad.

Se trata de otro golpe del gobierno de López Obrador -que minimiza la violencia de género y recorta presupuesto de los programas destinados al sector- contra los derechos de las mujeres. Esto a la par que en estados como San Luis Potosí, Nuevo León y Querétaro la derecha avanza contra los derechos reproductivos de las mujeres como lo es el aborto e intentan aprobar el PIN parental a nivel nacional.

Ante este panorama, es necesario que las trabajadoras y los trabajadores que protestan por falta de equipos de protección personal y protocolos, así como contra los despidos, luchen también por atención de calidad para mujeres embarazada y que cursen el puerperio, así como por pruebas masivas y periódicas para el sector salud y todos los sectores esenciales como parte de un plan obrero de emergencia ante la crisis.

Sumado a esto es urgente que el movimiento de mujeres articulando su lucha con los trabajadores de la salud y demás sectores que le hacen frente a las consecuencias de la pandemia, recupere las calles para pelear por plenos derechos reproductivos, desde el acceso a la salud para un embarazo y un parto sin dificultades hasta el derecho al aborto.