El diputado nacional se refirió de esa manera al proyecto oficialista sobre la ampliación de la moratoria, y señaló que es un “salvataje a estafadores como Vicentin”. También denunció la desaparición de Facundo Castro.
En unas de las preguntas, los conductores del canal de TV consultaron al diputado nacional del Frente de Izquierda por su opinión acerca del proyecto de ampliación de la moratoria, el cual se tratará mañana en la comisión de presupuesto. Del Caño sostuvo que se trata de una moratoria muy amplia "donde se intenta poner en el mismo nivel a grandes grupos empresarios con Pymes, pequeños comercios o los sectores de trabajadores informales y monotributistas".
En ese sentido alertó que el proyecto no contempla ninguna serie de requisitos previos para las empresas que quieren ingresar a la moratoria, como por ejemplo comprobar que hayan cumplido con la ley de prohibición de despidos, que no hayan fugado capitales, sobre los dividendos que hayan repartido, entre otras cuestiones.
Y agregó que por el contrario, habría que avanzar en cuestiones como la condonación del monotributo para las categorías más bajas o una moratoria para los pequeños comerciantes. “Es decir para los sectores que es evidente que lo necesitan” señaló.
Al ser consultado alrededor de las medidas de ampliación de presupuesto, el diputado sostuvo que "fue una tomada de pelo que no se haya discutido el presupuesto 2020 y se haya prorrogado el presupuesto de ajuste de 2019 del gobierno de Cambiemos". Marcó que al mismo tiempo “se suspendió la movilidad jubilatoria, que implicó un ajuste y se pagaron 5.000 millones de dólares a los acreedores internacionales”. Y cerró: “eso no se debatió con el presupuesto pero se impuso en los hechos”.
En un tramo de la entrevista, uno de sus periodistas le pregunta a Nicolás si no le parecía que el beneficio para las grandes empresas tenía el fin de proteger el empleo, como había señalado la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont.
El diputado respondió que se trataba de una moratoria que incluía a grupos empresarios que fugaron capitales, eludieron y evadieron impuestos, como Vicentin. Recordó que Argentina es el quinto país del mundo con mayor cantidad de activos en paraísos fiscales y que el 50 % del impuesto a las ganancias no era pagado por las empresas. En ese sentido sostuvo que se trataba más bien de una excusa, ya que son empresas que además de los delitos fiscales, tienen espalda más que suficiente. Y señaló que se trataba de otro beneficio más para los grandes empresarios, como fueron los ATP, el permitirles reducir el salario mediante las suspensiones.
Finalmente sobre ese tema señaló que la moratoria propuesta era a su vez “una amnistía a toda la evasión y los delitos que han cometido en este tiempo”. Y que por ello “no vamos a convalidar semejante impunidad para grupos empresarios que vienen haciendo todo tipo de maniobras, como la elusión y evasión de impuestos; que son delitos que finalmente nunca se juzgan”.
Al fin de la entrevista una de las periodistas le consultó sobre el caso del joven desaparecido Facundo Astudillo Castro, ya que el diputado y el bloque del Frente de Izquierda venía trabajando en el tema.
El diputado nacional contó sobre la reciente realización de una audiencia pública con los familiares de víctimas del gatillo fácil y de represión por parte de las fuerzas de seguridad, en la que participó Leandro Aparicio, el abogado de la madre de Facundo, Cristina Castro. Sobre ese caso recordó que al joven la última vez que se lo vio, estaba siendo subido a un patrullero de la policía bonaerense. Y agregó sobre “las denuncias que viene haciendo la familia sobre las maniobras de encubrimiento que viene llevando adelante esa policía”.
Mencionó que en esa audiencia, impulsada por Del Caño junto a Myriam Bregman, Alejandrina Barry y Claudio Dellecarbonara (diputadas y diputados del PTS-FIT), participaron Nora Cortiñas, organismos de DD.HH. y varias personalidades representativas sobre el tema.
Detalló que la finalidad de la audiencia fue “mostrar esa realidad represiva que se está viviendo en el país, que es producto de una política del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales de todos los colores políticos”, la cual consistió en “empoderaron a las fuerzas de seguridad, dándoles un rol fundamental en una cuestión como la sanitaria”.
Continuó marcando que con el inicio de la pandemia “han aumentado el control social y la represión sobre los sectores populares”. Y agregó que “lo vimos en chaco con la comunidad quom, con los casos de Luis Espinoza y Ceferino Nadal, entre otros”.
Y finalizó la entrevista televisiva indicando que “nos parece un tema fundamental que el Congreso no viene tratando” y que en ese sentido, junto con los diputados del FIT se presentó un pedido de para que la ministra nacional de seguridad, Sabina Frederic, se hiciera presente en la cámara para dar explicaciones y poder tomar medidas sobre esa situación de mayor aumento del gatillo fácil y la represión.
