Como nos tiene acostumbrados el gobernador y precandidato presidencial José Manuel De La Sota, el pasado 20 de mayo lanzó un proyecto llamado “Córdoba más segura”, donde en vez de tratar la inseguridad desde sus raíces sociales y económicas, propone enfrentarla con una batería de costosas medidas represivas y superficiales que refuerzan el poder policial y militar de la provincia y su capacidad para monitorear todos nuestros movimientos.
Teniendo en cuenta la presión que ejercen los medios y ciertos sectores de la población por una “mejor política de seguridad y medidas contra el crimen”, y que nos encontramos en tiempos electorales, es claro que el gobernador de la provincia tiene como objetivo ganar votos ofreciendo salidas rápidas. Lo que no dicen los medios es que estas medidas implican una degradante persecución de la pobreza y una severa e inconstitucional limitación de derechos ciudadanos, como ya lo demuestran los últimos sucesos acaecidos pocas semanas atrás, donde las fuerzas policiales cordobesas atacaron ferozmente y sin motivos a los sectores más humildes de la población para dejarles en claro cómo deben comportarse y estar alejados del centro de la Ciudad.
En este contexto, el propio De La Sota informó que el nuevo plan se trataría de la implementación de un “plan de medidas que garantiza más seguridad para todos”, entre las que destacamos:
La incorporación de 1768 efectivos; la creación de la Policía de Pacificación; el refuerzo de las patrullas rurales; la Central de Monitores 24 horas; las Alarmas Comunitarias; el Programa Cuadra Segura; la Aplicación de Asistencia Ciudadana operando sobre la plataforma Whatsapp y la instalación de 1200 Cámaras de Seguridad y Domos.
“Invertimos en serio en seguridad – aseveró el gobernador frente funcionarios, intendentes y dirigentes oficialistas-. Son millones y millones en vehículos, armamento, equipos de protección, comunicaciones. La gente quiere ver el policía en la cuadra, haciendo el rondín de a pie, quiere sentir que el policía es parte del barrio. Tenemos que proteger a la gente de bien y, a los delincuentes, aplicarles la ley. El esfuerzo por la seguridad no es de un Gobierno, es de toda la sociedad”, finalizó el gobernador.
Este plan no ataca las raíces de la inseguridad, ni intenta paliar la desigualdad social que la genera, simplemente sigue los lineamientos obsoletos de reforzar la reaccionaria idea de que es la podrida policía la que nos protege y puede enfrentarla.
Incluso recalcamos que estas medidas tienen en el mediano y corto plazo el efecto inverso: la mayor criminalización y estigmatización de la juventud, y que el sistema carcelario terminan generando delitos más graves y numerosos (reincidencia), a la par que malgasta millones del presupuesto que podrían utilizarse para atacar de verdad las raíces del problema.
Vamos a retomar esta cuestión en diferentes notas, explicando detalladamente de que se tratan estas medidas que se pretenden implementar. | 
