Este viernes por la tarde, desde su cuenta de Twitter, el presidente Alberto Fernández anunció la derogación del DNU 522/2020, que ordenaba la intervención de Vicentin por 60 días.
La decisión fue explicada por el mandatario en un hilo de tuits, donde se refirió a los hechos que vinieron teniendo lugar en la causa judicial, hoy a cargo del juez Fabián Lorenzini.
Hemos dispuesto la derogación del DNU 522/2020 que ordenó la intervención de Vicentin S.A.I.C. por 60 días. pic.twitter.com/TEilNynB8T
El presidente indicó en el hilo de tuits que “el juez interviniente en el concurso no ha permitido hasta aquí que el Estado pudiera conocer cuál es el pasivo real de la compañía”. Además, señaló que “ha mantenido en sus funciones a los mismos directores que, ante la pasividad del tribunal, siguen sin entregar el Balance y Memoria del ejercicio 2019”.
En ese contexto, la decisión implica que el Estado nacional “no va a comprometer recursos públicos mientras el actual directorio permanezca en la empresa, ni tampoco integrará un fideicomiso compartiendo la gestión del mismo”.
El presidente también escribió que “nuestra intención siempre fue rescatar a la empresa, preservar los activos, colaborar con los productores damnificados y mantener las fuentes de trabajo”.
Sin embargo, con esta decisión no queda claro que ocurrirá con los trabajadores y trabajadoras que se desempeñan en la empresa. Tampoco lo que sucederá con los miles de productores afectados por las maniobras fraudulentas de esta patronal vaciadora.
Ya en el final, el presidente señaló: “He dado instrucciones a todos los organismos públicos involucrados para que realicen las acciones civiles, comerciales y penales que permitan la recuperación de los créditos reclamados en el concurso preventivo, dirimir responsabilidades y preservar los intereses del Estado”.
No queda claro cuál será la política del Gobierno hacia la patronal vaciadora. El presidente parece referirse a que se seguirá reclamando ante el Poder Judicial, para que el proceso de quiebra garantice parte del pago de la deuda que tiene la empresa con el Estado.
Sin embargo, de conjunto, la actitud del Gobierno nacional ante el vaciamiento llevado adelante por Vicentin pasó de un discurso duro -que incluía la eventual expropiación- a una creciente moderación. El mismo presidente llegó a aclarar en varias ocasiones que era "muy respetuoso de la propiedad privada".
Muy atrás en el tiempo quedó el discurso que planteaba la expropiación como un paso hacia la soberanía alimentaria. Este argumento, junto a la enorme deuda de Vicentin hacia miles de productores, fue utilizado por el oficialismo para darle sustento a su propuesta.
Conocida la decisión presidencial, desde la izquierda Nicolás del Caño (PTS-FIT) volvió a insistir con su propuesta de expropiación sin pago de Vicentin, así como de su estatización bajo control de los trabajadores. El Frente de Izquierda Unidad es la presentó un proyecto en el Congreso Nacional con este objetivo.
Para garantizar la continuidad laboral, el pago a pequeños productores y cobrarse al estafa al estado, la expropiación sin pago a los empresarios vaciadores y la estatización bajo gestión de sus trabajadores, es el único camino para Vicentín.
