A tres días de iniciada la huelga general indefinida determinada por la Central Obrera Boliviana (COB) y las organizaciones sociales y sindicales aglutinadas en el Pacto de Unidad, se contabilizan casi 80 puntos de bloqueo a nivel nacional que muestran tendencias a aumentar. Sin embargo esta medida de presión se realiza no sin contradicciones, donde en los centros urbanos, mineros y fabriles la misma no es acatada. Tanto la CTEUB (Confederación de Trabajadores de la Educación Urbana de Bolivia), como la Confederación de Trabajadores Fabriles emitieron comunicados, rechazando la disposición cobista, con el argumento de que la salud está primero y seañalando además que solo se habrían postergado, las elecciones, por un mes.
Estas visiones, sostenidas por las dirigencias fabriles, "olvidan" que en realidad esta es la tercera postergación. El temor de amplios sectores populares, como se ha venido expresando en las movilizaciones, es que el bloque golpista pretenda nuevas postergaciones frente al aumento geométrico de contagios y donde además los diveros representantes del arco golpista así como los medios de prensa hegemónicos, señalan constantemente que el virus no va a desaparecer en los próximos meses, lo que dejaría abierta la puerta a los golpistas para seguir postergando el calendario electoral.
Juan Carlos Huarachi, secretario ejecutivo de la COB, hoy miércoles desafió al presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, a un debate que sea transmitido para que en todos los puntos de bloqueo puedan escuchar los argumentos del TSE y de la COB. Este “desafío”, sin embargo se complementa con la resolución del mismo TSE de abrir una mesa de diálogo con 7 organizaciones sindicales, entre ellas a la COB, para este miércoles a las 14:00, en donde esperan convencer a las organizaciones sociales de la necesidad de postergar para el 18 de octubre los comicios, buscando que las medidas de presión sean levantadas.
Por si esta táctica de diálogo no funciona, Arturo Murillo, afirmó que si no se levantan los bloqueos voluntariamente, tendrán que hacerlo ellos, en una clara amenaza de represión policial y militar, con el argumento de que deben garantizar la llegada de oxígeno a los centros hospitalarios, cuestión que estaría interrumpida por causa de los bloqueos. También afirmó que si el TSE dispone que las elecciones se realicen “mañana”, ellos como Gobierno y frente electoral JUNTOS, no tienen ningún problema en ir mañana a las elecciones. Esta declaración que busca focalizar el objeto del conflicto en el TSE mientras evalúan la posibilidad de llegar a nuevos acuerdos con el MAS antes de recurrir a la fuerza, se realiza en un marco de crecientes fisuras al interior del gabinete.
No solo que la clausura del año escolar fue anunciada por el ministro de la presidencia Yerko Nuñez, y no por el ministro de esa cartera, Victor Hugo Cárdenas, sino que ayer se conoció unas más de las tantas renuncias en lo que va de la gestión golpista. Se trata de la renuncia del ministro de Planificación del Desarrollo por diferencias en cómo manejar los eventuales créditos internacionales, los cuales estarían condicionados a una devaluación monetaria luego de superada la crisis sanitaria.
Por otro lado, los escándalos casos de corrupción no dan tregua, revelándose que el personal ejecutivo de la petrolera estatal YPFB, habrían sido funcionarios de Petrobras, y que habrían firmado resoluciones contrarias a los intereses del Estado y que benefician a la trasnacional por montos aproximados a los 5 millones de dólares por mes.
El negociado del sector privado de la salud
Mientras Murillo y todo el bloque golpista intentan difamar las movilizaciones con el argumento que las muertes se estarían produciendo por falta de oxígeno que no llegaría a los centros hospitalarios, la radio Kawsachum Coca desmintió estas declaraciones afirmando que ya se habría instruido la libre circulación de oxígeno y medicinas a los diversos puntos de bloqueo. Lo cierto es que hace semanas el colapso sanitario es tal que la gente muere en sus domicilios o en las calles por falta de oxígeno, o incluso en los hospitales donde los pacientes casi que solo pueden ser internados si es que portan con ellos un tubo de oxígeno.
El colapso del sistema de salud está alentando la especulación y la usura de clínicas, laboratorios y farmacéuticas, a los que hay que sumar ahora a las distribuidoras de oxígeno, donde los precios se cotizan en miles de bolivianos, para poder acceder a un tubo.
El Gobierno golpista alienta el negociado que propietarios y empresarios de la salud vienen realizando, donde los sectores populares más postergados están siendo condenados a tratamientos de dudosa efectividad como es la Ivermectina, un antiparasitario que según algunos, estaría contribuyendo a la lucha contra la enfermedad y otros que alientan el dióxido de cloro, un desinfectante industrial, para combatir la enfermedad. Es decir, la gestión criminal de la pandemia por parte de Áñez y sus ministros está condenando a las mayorías trabajadoras, populares; a las comunidades y pueblos indígenas y campesinos al sálvese quien pueda y a la resignación.
Lamentablemente la COB así como las direcciónes sindicales y de los movimientos sociales, lejos de pelear por la nacionalización, sin indemnización, de todo el sistema de salud privado para garantizar de esta manera el acceso a una atención médica en centros hospitalarios para la mayoría de la población, reduce sus exigencias para que éste desinfectante industrial, el dióxido de cloro, pueda ser libremente comercializado, evitando de esta manera sumar fuerzas para una verdadera lucha contra el golpismo y para salvar vidas del pueblo trabajador.
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