Bolivia parece estar cerca de en un punto de quiebre. Tras 8 días de bloqueos en ascenso y un gobierno que se empeña en patear las elecciones al 18 de octubre, crece la posibilidad de una ofensiva represiva. Pero también de una radicalización y masificación de las protestas.
El fin de semana hubo una mesa de diálogo que no llegó a nada y este lunes el gobierno de facto de Jeanine Añez arreció con su campaña sucia para justificar la represión, acusando a los manifestantes de impedir el paso de oxígeno para los pacientes de Covid-19. Una verdadera canallada, no solo por la falsedad de la acusación, sino por la propia desidia con la que ha gestionado la pandemia el gobierno golpista. Al mediodía se produjo la represión del punto clave de La Ceja, que une La Paz con El Alto, y del bloqueo de la ruta que va de La Paz a Santa Cruz.
A la intransigencia del gobierno, hay que sumar la presión por derecha de los grupos fascistas Unión Juvenil Cruceñista (UJC, de Santa Cruz de la Sierra) y Resistencia Juvenil Kochala (RJK, de Cochabamba). Impulsados, entre otros políticos ultraderechistas, por Luis Camacho de Santa Cruz (uno de los principales instigadores del golpe de estado de noviembre de 2019), estas organizaciones, verdaderos grupos de choque de la reacción, ya han salido a hostigar violentamente a las y los trabajadores, campesinos e indígenas que están luchando por que se respete su elemental derecho a elegir a sus representantes.
Pero al mismo tiempo, la intransigencia de los golpistas está provocando que se radicalicen las protestas. Tras 8 días de comenzada la huelga de la Central Obrera Boliviana junto a otras organizaciones sociales nucleadas en el Pacto de Unidad la cantidad de bloqueos aumentó de unos 80 el primer día a 200 este lunes. Y no solo eso. En los cortes y movilizaciones va creciendo el reclamo de RENUNCIA al gobierno “transitorio” de Jeanine Áñez. Es que detrás de la negativa a realizar las elecciones, hay un trasfondo social crítico para las clases explotadas, con un fuerte aumento de la desocupación y la miseria, con una pandemia que el gobierno deja correr sin medidas serias más que cuarentenas represivas, y un constante hostigamiento racista a la población indígena.
El caldo de cultivo para el estallido social está casi a punto. El MAS de Evo Morales, ahora acusado de “terrorista” por el gobierno, hace lo que puede por contener el descontento tratando de mantener los reclamos en el plano de la convocatoria a elecciones. Evo Morales y Arce Catacora (ministro de economía de 2006 a 2019 y actual candidato del MAS) llamaron a desmovilizar porque ya habrían aceptado la fecha "definitiva" del 18 de octubre que tiene que ser firmada en un acuerdo entre el Tribunal Supremo Electoral y la Asamblea Legislativa Plurinacional con garantía de las Naciones Unidas. Por su parte la COB continúa con las medidas de fuerza exigiendo “una fecha intermedia” entre el 6 de septiembre y el 18 de octubre, debido a la presión que por abajo expresan los movimientos sindicales y sociales.
El partido que gobernó Bolivia entre 2006 y 2019, dirige el grueso de las organizaciones sociales y apuesta a volver al poder con las elecciones. Hacia allí trata de conducir el actual movimiento de lucha. Una ilusión similar a la de Lula y el Partido de Trabajadores que terminó con Lula preso arbitrariamente y Bolsonaro y Sergio Moro en el poder como continuación del golpe a Dilma Rousseff de 2016.
La única manera de enfrentar a los golpistas y las bandas proto-facistas es profundizar y extender las protestas, organizando cada barrio, cada lugar de trabajo, cada punto de bloqueo peleando la dirección de los sindicatos a las burocracias golpistas como en el Magisterio de La Paz, y garantizando la defensa de las y los manifestantes frente a los ataques. Esto solo es posible organizando una verdadera huelga general que, a diferencia de las acciones aisladas o locales, unifique los bloqueos con la paralización de los principales sectores de la economía, al mismo tiempo que se organiza la autodofensa para enfrentar tanto la represión del Estado como los ataques de las bandas fascistas.
El golpe de estado de noviembre se impuso a sangre y fuego pero también a base de la negociación con el MAS que terminó aceptando las condiciones de los golpistas y hoy preside el parlamento. A 10 meses del golpe y con una derecha que pretende conservar el poder a toda costa, una vez más Bolivia se encuentra entre la amenaza represiva y la posibilidad de una radicalización que recupere el camino que abrieron los grandes levantamientos de comienzos de este siglo.
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