En las próximas semanas, si la ofensiva mediático-judicial del gobierno de la “Cuarta Transformación” no retrocede, podríamos ser testigos de una serie de acontecimientos inusuales en la política nacional.
Se trataría de un desfile por los juzgados de importantes personajes de la clase política del pasado inmediato, “incluyendo dos expresidentes, por lo menos cuatro exsecretarios de Hacienda, algunos de los legisladores más importantes de las últimas legislaturas, exdirectores de Pemex, secretarios de Energía, algunos gobernadores, [1] de quienes se esperarían largas disputas verbales más que la presentación de pruebas. O al menos eso es lo que nos quiso hacer creer el titular de la FGR en su conferencia de ayer.
El pasado lunes el extraditado y beneficiario del “criterio de oportunidad” invocado por la Fiscalía General de la República, en voz de su director, Alejandro Gertz Manero, comunicó que en la audiencia practicada a Lozoya, éste había imputado al expresidente Peña Nieto y a su brazo derecho Videgaray la autoría de los crímenes cometidos señalando tres escenarios cubiertos con los sobornos de la constructora brasileña Odebretch:
100 millones de pesos para pagar a los asesores extranjeros contratados para la campaña presidencial de Peña Nieto en 2012, la entrega de 120 millones de pesos a diputado y senadores federales para hacer avanzar las reformas estructurales del presidente Peña Nieto en 2013 y 2014 y, además, otros 284 millones entregados a legisladores para aprobar la reforma electoral.
Otro de los embarrados fue el ex candidato priísta en 2018, José Antonio Meade, quien fuera jefe de Lozoya Austin cuando llegó a Pemex. El convenio de Lozoya con el gobierno del Morena es que involucre por escrito a sus jefes para imputarlos, por lo cual en la comparecencia del lunes se asumió como denunciante, involucrando además al ex presidente panista Felipe Calderón Hinojosa, quien ahora resulta como el iniciador de la trama fraudulenta en perjuicio de Pemex que terminó en la construcción de la planta Etileno XXI que favoreció a la empresa Braskem, filial de Odebretch y a su asociada mexicana Idesa, que reciben la materia prima, etano, con un descuento del 30 % de su valor y miles de millones en pérdidas para la petrolera.
Que dos ex presidentes sean citados a declarar es un hecho histórico, habrá que ver si se hace realidad o el gobierno de AMLO encuentra algún esquema de “oportunidad” para evitar dicha instancia. Pero es el mismo López Obrador quien no puede ocultar su interés y pontifica en la “mañanera” que ambos personajes deben declarar. Y es que encauzarlos ante la Ley significaría un enorme golpe mediático de cara a las elecciones del año que viene. El Morena podría obtener grandes ganancias en el voto en las candidaturas en competencia, pero tampoco hay que olvidar la recurrente promesa que López Obrador ha hecho a los jefes de los gobiernos anteriores de que no los va a perseguir. ¿Son sólo maniobras de efecto mediático? Esperar y ver.
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