Los pueblos originarios del noreste de Jujuy vienen resistiendo en las peores condiciones sociales, sanitarias y económicas estas epidemias. La responsabilidad estatal de esta situación evitable está encubierta de clientelismo y asistencia social mínima que están muy lejos de resolver los problemas estructurales históricos y garantizar derechos.
En la ciudad de Yuto, zona de fincas y El Bananal viven unas 4700 personas y varias comunidades indígenas que pertenecen al pueblo guaraní vinculadas al trabajo agrario y actividades de subsistencia. Como denunciamos a finales de marzo, una vez establecida la cuarentena estricta en todo el país, había más de diez infectados con dengue por manzana, familias sin poder garantizar el distanciamiento social, sin agua y condiciones mínimas para la higiene. También un hospital colapsado sin poder abastecer de paracetamol a quienes presentaban síntomas.
Esta situación no fue menor, ya que Jujuy encabeza los récords nacionales si hablamos de dengue, siendo la provincia con mayor incidencia acumulada del período desde agosto de 2019 hasta julio 2020, con 644,5 casos por cada 100 mil habitantes, seguida por Salta, Misiones y Tucumán. Los datos arrojados en julio daban cuenta de 4901 casos. Yuto fue la segunda ciudad con mayor cantidad de personas infectadas, llegando al 14.9 % (725 casos), y cuya tasa de incidencia sería de 15.425.
Si bien el dengue mermó en invierno, no se descartan rebrotes y nuevos contagios que en caso de darse con distintas cepas, asoma la posibilidad mortal de que el mismo sea hemorrágico.
Quienes aportaron testimonios y voces desde Yuto consternados por la situación, comentan lo que viven las familias de las comunidades indígenas en el sector rural y en los barrios del pueblo:
“El covid está afectando bastante a la comunidad guaraní porque su forma de vivir es comunitaria y trasciende tiempo y espacio. El fin de semana hemos perdimos una lidereza de la comunidad la Mburuvicha Guazu de la Comunidad Tenta Cavi de Yuto, Alicia Rivas. Ella tenía 40 años y fue elegida por la Asamblea del Pueblo Guraraní. Ha sido defensora incansable de los derechos de los pueblos indígenas originarios”.
La situación es grave. En el Bananal hay un 80% de las familias que son guaraní y por lo menos 30 de ellas presentaron fiebre y fueron aisladas. Un único lugar de aislamiento de contactos estrechos que depende de la Iglesia está colapsado. No hay hospital de campaña, no hay hospedajes y hoteles, por eso ahora van a acondicionar la escuela. Las familias no consiguen camas para sintomáticos, ni hablar de respirador.
En Yuto la situación es similar o peor, hospital colapsado, totalmente precario. Sin camas de terapia, sin respiradores, y sólo con 50 camas para casi 5000 personas. Los mismos trabajadores de la salud denunciaron la falta de insumos y condiciones de trabajo, y peor aún, el hospital ni siquiera tiene agua potable, siguen llenando sus tanques para abastecer al mismo.
“Las medidas sanitarias son insuficientes. No hay recursos para tener la higiene y el cuidado que es necesario. No en todas las casas puede haber alcohol en gel o alcohol para lavarse las manos. En algunos barrios tanto de Yuto como en El Bananal no hay agua potable entonces cómo podemos hablar de lavarnos las manos asiduamente. Es complicado y triste. Las formas mismas de trabajo y alimentación hace que el gran porcentaje de la población tenga algunas comorbilidades, enfermedades o complicaciones que son predisponentes a que el covid actúa de una manera más grave si tienes sobrepeso, hipertensión y diabetes”, afirmó María corresponsal de LID en Yuto.
Los responsables no somos todos
La mayoría de los trabajadores de la zona son peones rurales, indígenas y migrantes. Muchos de ellos fueron maltratados y discriminados por el Estado y patronales del agro a principio de la cuarentena cuando los encontraba en el sur terminando la cosecha de frutas. Pasando hambre y frío en las terminales de Mendoza o Río Negro, sin poder regresar a la provincia. La falta de protocolos para los trabajadores golondrina por parte del gobierno nacional y provinciales sirvió para recordarles que para ellos no hay derechos.
Son los mismos, quienes ahora, con el departamento en rojo, y el principal brote de la provincia, los patrones los llevan desde sus casas hasta las fincas, en las cajas de las camionetas o viajando en colectivos, cuyos vehículos son desinfectados, pero los trabajadores ni siquiera lo hacen con distanciamiento, ni protección, menos testeos. Muchos de ellos ya están aislados por ser contactos estrechos pero “como trabajan al día no tienen salario para poder comer. Lo que reparte el municipio también es insuficiente para cubrir todo lo que una familia necesita en 15 días de aislamiento”
En estos lugares la pobreza y la precariedad es crónica. Está a la vista de cualquier político, funcionario de turno y hasta gobernadores, como Morales que caminó en estos días por las calles de tierra y casillas de madera, mientras filman y sacan fotos. Reparte junto con gendarmería bolsones de mercadería que a las familias no les dura ni una semana, tampoco la IFE de 10 mil, pero no resuelve el problema estructural de la falta de agua potable que afecta al 80 % de las familias en el Bananal que no tienen red de agua dentro de sus casas, o las más de 400 viviendas en Yuto. Menos la precariedad del trabajo que ronda el 46%.
Gerardo Morales se sacó fotos en el Hospital San Martín de Yuto, tampoco resolvió en estos años la compra de la bomba de agua que necesita el hospital, o que el mismo cuente con respiradores, camas de terapia, medicamentos, y personal de la salud con plenos derechos, y garantizar testeos temprano y rastreo exhaustivo de casos sospechosos y contactos estrechos.
¿Era imposible? Claramente no. De hecho el presupuesto de ajuste en la salud votado por la mayoría de la legislatura de Jujuy (Cambia Jujuy y PJ) no fue utilizado en su totalidad, e incluso, si era necesario, se podría haber avanzando en el cobro de impuestos a las grandes fortunas comenzando por Blaquier y las mineras en Jujuy. Sin embargo, el bipartidismo se opuso en la provincia y votó en contra en el Congreso cuando Nicolás del Caño presentó proyecto y pidió tratamiento en abril.
“El gobernador que estuvo aquí el lunes viene a hacer clientelismo político y entregar bolsones de mercadería, una costumbre vetusta, desacorde a lo que hoy se necesita. Más que una ayuda viene a ser una burla, sentencia María que con otros jóvenes solidarios acompañan y asisten a familias con lo que necesitan.
Muchos de ellos son bastante conscientes de que el Estado y cada gobierno de turno, como el de Morales o Fernández, está presente en cada decisión política. Y que cada día elige beneficiar a patronales como Ledesma o empresarios del campo, y también elige que las condiciones de vida y sanitarias de familias obreras e indígenas sean precarias, incluso en plena pandemia del coronavirus o del dengue.