El viernes 14 por la mañana, familiares y amigos de Francisco Cruz realizaron una movilización a la fiscalía de Florencio Varela en reclamo de justicia. El joven había sido encontrado sin vida el viernes 17 de marzo, días después de haber sido detenido por miembros de la policía bonaerense.
Participaron también de la movilización familiares de victimas de gatillo fácil: Nayra, madre del jóven Lautaro Leguizamon, y Brisa, hija de Fernando Leguizamon. Ambas denunciaron a la policía y la responsabilidad del estado en los hechos de violencia institucional.
Los resultados de la autopsia reflejan que Francisco sufrió torturas y que le pasaron corriente eléctrica, lo cual sólo pudo haber sido practicado por la policía.
Los familiares denuncian que la única medida de la fiscalía fue desafectar a los policías implicados y que, por las demoras en la investigación, se han perdido pruebas que podían haber sido fundamentales para el esclarecimiento del caso. Por este motivo, los familiares exigen que se aparte al fiscal Darío Privicionato de la causa, ya que consideran que estas demoras pueden haber sido intencionales, con el fin de sostener el encubrimiento de los responsables.
La desaparición de Facundo Castro en plena cuarentena (quien también fue visto por última vez con vida siendo demorado por un patrullero de la misma Policía Bonaerense), las maniobras y amenazas contra el abogado y la familia de Facundo llevadas a cabo por las fuerzas represivas y el poder judicial, con el solo fin de encubrir a los responsables y entorpecer las investigaciones, muestran la total validez de la exigencia que hoy hace la familia de Francisco.
El despliegue de la Gendarmería y la Policía Bonaerense en los barrios del conurbano es la respuesta que dan el gobernador Alex Kicillof y el ministro de Seguridad Sergio Berni a la profundización de la pobreza y la desocupación que genera la crisis económica que atraviesa el país. Este aumento de las fuerzas represivas es festejado por Andrés Watson, intendente del distrito que está entre los que lucen índices más altos de pobreza del conurbano.
Como venimos observando y denunciando desde el inicio de la cuarentena, este incremento de la presencia de las fuerzas represivas trae como consecuencia el aumento del abuso y la violencia institucional en todo el país, práctica que tiene como principal foco a los trabajadores y jóvenes de los barrios populares Así lo mostraron el asesinato de Blas Correas en Córdoba o de Walter Nadal en Tucumán, junto a otros tantos casos de brutalidad policial y gatillo fácil en todo el país.
Ayer hubo una masiva movilización contra el gatillo fácil en Córdoba, y también hubo otras anteriormente por otros casos, lo que demuestra una disposición a buscar activamente detener esta ola de violencia institucional y lograr justicia para quienes fueron víctimas de estos hechos.
En la zona sur del Gran Buenos Aires, además, avanza el intento de coordinación entre familiares y amigos de víctimas de hechos de violencia policial durante la pandemia, como los de Ignacio Seijas, Fernando Leguizamón y Alan Maidana, que se reunieron el jueves 14 con la referente de la lucha contra el gatillo fácil Carla Lacorte, dirigente del Ceprodh.
Recordemos además que recientemente se realizó una audiencia virtual en torno a este tema que convocaron los legisladores del FIT Unidad Nicolás del Caño y Myriam Bregman, de la que participaron Nora Cortiñas, integrantes de varios organismos de derechos humanos como Correpi, Ceprodh y otros, además de familiares de víctimas. | 
