La crisis abierta en el gobierno nacional y bonaerense por la desaparición de Facundo Castro, tiene como responsable a la “maldita Policía”. El autogobierno de la Bonaerense y los fracasos de las purgas.
El 30 de abril, cuando el joven anhelaba reencontrarse con su exnovia, se topa con agentes de la Policía Bonaerense. Nunca más se supo de él. Facundo Castro desaparece en el marco de una crisis sanitaria donde el Gobierno elige empoderar a las fuerzas represivas para garantizar la cuarentena.
Desde que tomó estado público la desaparición del joven y trascendiera las sospechas sobre los agentes que lo detuvieron en las localidades de Mayor Buratovich y Origone (Partido de Villarino), el ministro de Seguridad Sergio Berni salió en defensa de la maldita Policía.
En tanto el presidente de la nación y el gobernador bonaerense eran consultados sobre lo ocurrido con Facundo cada vez que tenían contacto con la prensa. Alberto Fernández y Axel Kicillof repetían similares pronósticos “no vamos a encubrir a nadie y esperamos que la justicia actúe”.
Sin embargo, los mensajes ‘tranquilizadores’ de ambos mandatarios no lograron instalar un “tiempo de espera” hasta que la justicia lo resuelva. Diariamente fueron surgiendo pruebas del encubrimiento que lleva adelante la Bonaerense, con distintos grados de complicidad del fiscal Ulpiano Martínez y la jueza Marrón. Los responsables judiciales, no han dado muestra de buscar la ‘verdad’ que esperan Fernández y Kicillof. No obstante, ambos siguieron repitiendo ‘dejemos que la justicia actúe’.
Por supuesto que lo actuado y dicho por estos tres protagonistas -Bonaerense, fiscal y jueza-, fue refrendado por Sergio Berni.
Ahora se instala un tiempo de espera de los resultados de la autopsia que comenzó este martes, sobre el cuerpo esqueletizado hallado hace diez días.
Entretanto, circulan varias versiones del devenir sobre la causa y la crisis abierta en el Gobierno. Una de ellas habla de la interna en el la coalición gobernante y sostiene que “el Presidente nacional pide la renuncia de Berni”, otra se refiere a la posibilidad de que vuelvan a alguna purga en la Bonaerense. Si fuera así, es una historia repetida, y como muestra el presente, absolutamente impotente para controlar a la maldita Policía.
Una fuerza irreformable
Se trata de un ejército de 100.000 hombres armados hasta los dientes. La Bonaerense cuenta con un poder territorial –con presencia las 24 horas-, que no lo tienen ni los barones del conurbano con sus punteros políticos. Juntos, intendentes y uniformados, construyen una férrea alianza.
La Bonaerense fue armada a lo largo de los años a imagen y semejanza del PJ que gobierna la provincia desde 1987, aún en los lapsos que pierden la gobernación, porque quedan los barones del conurbano.
Desde los 90, impedidos de utilizar a las Fuerzas Armadas para la seguridad interior, le otorgan mayores poderes a esta fuerza, negociando niveles de autonomía respecto al Estado. Además, es parte del modelo de poder que erigió el aparato del PJ desde esos años, el de las tres B: burocracia sindical,barones del conurbano -que controlan los dormitorios obreros-, y en el afán de tener un brazo armado en una provincia de extensión fabril, fortalecieron y negociaron con el aparato represivo heredado de la dictadura -que quedó prácticamente intacto-: la Bonaerense. Un monstruo que hace años no pueden controlar.
En la discusión de qué hacer con esta banda de lúmpenes armados por el propio Estado, muchos vuelven a desempolvar utopías reaccionarias.
Página/12 publicó un artículo que debatía sobre qué hacer con la violencia institucional a raíz de lo ocurrido con Lucas Verón y Facundo Castro -el primero a manos de la Bonaerense y el segundo con altas sospechas de participación de la fuerza y con ya comprobada participación en el encubrimiento-.
El artículo expresa las declaraciones de fuentes cercanas al ministro Berni, así como las de Leonardo Grosso -diputado del Frente de Todos y referente de la Campaña contra la violencia institucional-. Ambos coinciden en que, contra estos hechos, es urgente mejorar las fuerzas a través de la formación, pero señalan que el tema es más complejo.
“El problema de las fuerzas de seguridad se da en todo el territorio nacional, pero la Bonaerense es sin dudas la peor. Porque más allá de los hechos de violencia institucional, también es cómplice y reguladora de delitos graves, como la trata de personas, la venta de drogas y la venta de armas. Muchos de ellos son los policías que Scioli quería formar en seis meses o que se formaron en la época de Vidal, que fue peor”. Dice Grosso y agrega que más allá de la formación también se necesita “una conducción civil seria y control externo”.
Sin embargo, lo que anhela encontrar Grosso en estas reformas es una política que fracasó una y otra vez. Es que justamente los distintos gobernadores vienen oscilando entre una política de presión, como fueron las purgas de León Arslanián, o de pactos con la Bonaerense, como lo hizo Daniel Scioli a través de sus funcionarios del área de Seguridad como Carlos Stornelli, quien a la vez reincorporó a los exonerados.
El gran delito siguió en manos de la Bonaerense y los crímenes contra la población civil fueron incrementados. La desaparición de Luciano Arruga en 2009, sacó a luz uno de los “procedimientos” de los policías: apriete a pibes pobres para que roben para ellos en zonas liberadas. El joven de 16 años se negó hasta que desapareció en 2009, su cuerpo fue enterrado como NN y hallado en 2015.
Bajo el gobierno de María Eugenia Vidal, reeditaron la política de las purgas, pero la maldita Policía continuó manejando el gran delito y la violencia contra los pobres.
Es el control del negocio criminal, lo que lleva a la fuerza policial a defender sus intereses a través del autogobierno con quienes deben pactar todos los funcionarios de turno. Su poder territorial les permite controlar la calle, es así que pueden liberar zonas, incentivar los crímenes, o apaciguarla según lo que le convenga a los capos de la Bonaerense.
Es por esta razón que el control ciudadano que plantea Grosso -diputado del Movimiento Evita que integra el Frente de Todos- se ha demostrado un fracaso total.
Fracasó en manos de Nilda Garré, cuando Cristina Kirchner crea el Ministerio de Seguridad de la Nación en 2010. Esta política no tuvo por objetivo “democratizar” a las fuerzas de seguridad, sino defender la propiedad privada cuestionada tras la toma de tierras en el Parque Indoamericano, donde miles de trabajadores inmigrantes exigían el derecho a la vivienda.
Empoderamiento y leyes represivas
Como decíamos, a lo largo de las décadas se ha visto fracasar las políticas para limitar el autogobierno de la Bonaerense. En parte se debe a que las fuerzas policiales no quieren ningún tipo de injerencia en sus negocios, pero sobre todo las razones hay que buscarla en las políticas de inflamación punitiva de las leyes. Donde dieron más poder y autonomía a las fuerzas represivas para reprimir la protesta social y controlar la calle.
Carla Lacorte, víctima del gatillo fácil e integrante del CeProDH lo define con claridad en su libro La disciplina de las balas. Allí repasa las políticas de mano dura que llevaron adelante los distintos gobernadores del PJ. Desde Eduardo Duhalde, Carlos Ruckauf, Felipe Solá, así como Daniel Scioli y María Eugenia Vidal. Todos ellos son responsables del crimen de cientos de jóvenes en manos de las fuerzas que empoderan. Fuera en casos de conflictividad social, como los crímenes de kosteki y Santillán, o a partir del gatillo fácil. Imposible nombrarlos a todos.
En el caso de las leyes Blumberg, a pesar de que se comprobó que en el secuestro y crimen del joven Axel Blumberg participaron tanto agentes de la Bonaerense, como de la Federal, en 2004 se votaron leyes que aumentan el poder punitivo del Estado que a su vez dispuso un incremento de la presencia policial en las calles. Néstor Kirchner cedía así a los reclamos de la derecha.
Pero en estos días de cuarentena, volvieron a incrementar el empoderamiento de las fuerzas represivas. Cada 40 horas un pibe es asesinado por fuerzas represivas. En este marco desaparece Facundo Castro -el comienzo de la autopsia da indicios que se trata de él y que fue una desaparición forzada-.
Aún así, el presidente Alberto Fernández adelantó que esta semana anunciará junto al gobernador Axel Kicillof el plan para "garantizarles a los bonaerenses la seguridad que necesitan… No queremos hacernos los distraídos si es que hay una demanda ciudadana que reclama más policías, más efectivos, más seguridad", sostuvo el Presidente.
Este plan contempla la compra de patrulleros, cámaras de seguridad, equipos de comunicación, un despliegue adicional de 10.000 efectivos y una inversión de hasta $12.000 millones a partir de su puesta en marcha, que sería el próximo mes. Una muestra más que la maldita Policía continuará siendo empoderada.
