La protesta convocada como #27A por redes sociales por parte de los sectores conservadores y alentada por la oposición derechista de Juntos por el Cambio, junto a distintas personalidades opositoras, comenzó por la tarde del miércoles como "vigilia" y "acampe" y se mantendrá hasta el jueves, cuando comienza el debate.
Se trata de un nuevo acto en lo que va de los últimos meses, donde los sectores más acomodados de la sociedad vienen saliendo a las calles en defensa de sus privilegios, con un abanico de demandas y consignas que van desde lo abstracto, pasando por lo bizarro, hasta lo abiertamente reaccionario.
En la última concentración, “17A” se oyeron y vieron distintas y llamativas exclamaciones contra el comunismo, contra el uso de vacunas, en defensa la propiedad privada, entre otras. Hasta en Córdoba se pudo ver una bandera de "patriarcado unido", como expresión del sector antiderechos.
En esta ocasión, la convocatoria hace eje en su rechazo a la reforma judicial impulsada desde el gobierno, aunque se espera que se expresen los mismos sectores sociales. El proyecto oficial de reforma judicial obtuvo dictamen en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales, con lo cual quedó habilitada para ser tratada en la cámara alta.
El proyecto de reforma judicial propuesto por Alberto Fernández cosechó el rechazo instantáneo de la oposición de Juntos por el Cambio, pero tampoco logró consenso en el bando oficialista. La propia vicepresidenta Cristina Fernández señaló este martes los límites de la actual propuesta de reforma y que el país aún se debe el debate de una “verdadera reforma”. Con estas declaraciones puso al desnudo las tensiones existentes dentro de la coalición oficialista.
Se espera que el proyecto sea aprobado en el Senado, ya que el Frente de Todos es mayoría ahí, sin embargo el escenario será más difícil para el oficialismo en Diputados, donde aún no se sabe si el gobierno podría lograr quorum.
por su parte, el Frente de Izquierda Unidad señala que la reforma judicial propuesta no modifica el sistema antidemocrático de elección de jueces y fiscales mediante componendas por parte del poder político de los partidos mayoritarios, ni tampoco toca los enormes privilegios de los que gozan los jueces, convertidos en “una casta judicial vitalicia”.
Y agregaron que con la reforma propuesta siguen vigentes leyes como la del “arrepentido”, utilizada para armar causas, y la ley antiterrorista aprobada en 2011 bajo el gobierno de Cristina Kirchner e impulsada por el Departamento de Estado norteamericano. | 
