Pasada la medianoche, ya entrado el viernes, el Senado de la nación le dio media sanción al proyecto de reforma judicial que impulsa el Gobierno nacional. En la votación final, el proyecto registró 40 votos a favor contra 26 en contra. La amplia mayoría que el Frente de Todos tiene en la Cámara Alta fue esencial para garantizar esta aprobación.
Ahora el proyecto deberá pasar a la Cámara de Diputados. Sin embargo, en esa instancia emergerán más complicaciones para el oficialismo. A diferencia de lo que ocurre en el Senado, allí el Frente de Todos no solo no tiene mayoría sino que, incluso, no puede reunir el quórum por sus propios medios.
Al mismo tiempo, las últimas semanas se hizo evidente el rechazo a cualquier negociación por parte de la oposición nucleada en Juntos por el Cambio. El rechazo de que se expresó en las calles, mediante movilizaciones como la del pasado 17A y -en mucha menor medida- las que tuvieron lugar este mismo jueves, también empujaron el rechazo en otro sector de la oposición, expresado en el bloque de responde a Roberto Lavagna.
A pesar de las críticas de la oposición de derecha, el proyecto presentado no propone cambios sustanciales en el funcionamiento antidemocrático de este poder del Estado, que tiene a sus integrantes como una suerte de casta social privilegiada. La propia Cristina Kirchner afirmó en los últimos días que la discusión de una "verdadera" reforma judicial aún era una materia pendiente.
Desde el Frente de Izquierda Unidad se viene señalando lo limitado de este proyecto, ya que no toca ninguno de los privilegios de los que gozan jueces y fiscales, con sueldos astronómicos que nada tienen que ver con los de las mayorías trabajadoras, ni tampoco disminuye el poder cuasi monárquico de los jueces, principalmente los de la Corte Suprema y de Comodoro Py.
El proyecto tampoco busca modificar el sistema de elección de jueces y fiscales, el cual se lleva adelante mediante negociaciones y componendas entre los partidos mayoritarios según sus conveniencias e intereses. La elección popular de los jueces y fiscales, con mandatos revocables, es un punto fundamental que está ausente en el presente proyecto impulsado por el gobierno. Todo indica que con la multiplicación de jueces y fiscales que se propone, éste tipo de mecanismos de negociación entre los sectores de poder se incrementará.
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