Será el viernes 4 de Septiembre, convocado por dirigentes gremiales,delegados, activistas y agrupaciones universitarias antiburocráticas y de izquierda para debatir la crítica situación de la Universidad en la Pandemia y para votar un plan de lucha.
El próximo viernes 4 de Septiembre a las 18 horas se realizará el Encuentro Nacional de la Docencia Universitaria y Pre-Universitaria convocado por dirigentes gremiales,delegados activistas y dirigentes de agrupaciones universitarias antiburocráticas y de izquierda para debatir la crítica situación de la Universidad en la Pandemia y para votar un plan de lucha ante la defección de las direcciones de los sindicatos docentes. La agrupación nacional Docentes e Investigadores de Izquierda (En La Marrón) conformada por militantes del PTS-FIT Unidad y activistas independientes de las universidades nacionales de Buenos Aires, La Plata, Mendoza, Jujuy, Bahía Blanca, Neuquén, Córdoba, Rosario y universidades del Conurbano de Buenos Aires, convoca al encuentro.
Publicamos el texto de convocatoria y las primeras firmas:
Como nunca antes en la historia de la universidad, se demostró que el sistema educativo quedó librado a la suerte de estudiantes, docentes, investigadores, creadores extensionistas y trabajadores universitarios.
Desde el 20 de marzo hasta hoy, el Ministerio de Educación, la Secretaría de Políticas Universitarias, el CIN y todas las gestiones de los rectores y decanatos, siguen dictando resoluciones, recomendaciones o protocolos, que vulneran nuestros derechos. Lo hacen amparados en la excepcionalidad de la pandemia que ha reforzado –no, inventado- el poder centralizado de las camarillas universitarias.
Al demos universitario lo mantienen muteado y en sus casas.
Nos han forzado a una relación pedagógica bajo la modalidad de la virtualización forzosa sin presupuesto, sin recomposición salarial, sin equipamiento ni conectividad, sin un tiempo para convertir los dictados presenciales, sin capacitación en servicio, sin atender a las situaciones ambientales por completo trastornadas.
Convirtieron el acceso y la enseñanza en la universidad en algo virtual, aparente antes que real, con docentes sobrecargados de trabajo y con estudiantes más desiguales y desconectados.
La precarización generalizada con la virtualización forzosa de nuestras condiciones de trabajo no es una excepción sino parte de la que están sufriendo millones de trabajadores de otras actividades. Las patronales y los gobiernos están imponiendo reformas laborales regresivas de hecho utilizando la emergencia generada por la pandemia. Los salarios se han deteriorado con paritarias congeladas y millones han caído en situación de pobreza al haber perdido todo ingreso. El IFE solo ha llegado a una parte de quienes lo solicitaron y es una cifra mínima en relación a lo perdido en los ingresos familiares. La violencia institucional y el gatillo fácil se han multiplicado. La aprobación de la ley de legalización del derecho al aborto legal, seguro y gratuito se ha postergado sin fecha.
Ahora no solo pretenden convertir la excepción en regla, profundizando la política de virtualidad con programas de ciberpatrullaje para vigilar estudiantes, sospechados culpables antes que la cámara diga lo contrario. En un cuadro donde el mandato de las patronales exige a los gritos la vuelta al trabajo y la circulación de las familias trabajadoras en el momento de mayor contagio, el ministerio presenta un protocolo que pretenden imponer una presencialidad sin haber hecho en estos meses una sola inversión para que, cuando las condiciones sanitarias lo permitan, se produzca un retorno, necesario, a las aulas, talleres y laboratorios. Sin estas condiciones será una “nueva normalidad” basada en una presencialidad forzosa en la que no existirán las más elementales condiciones de seguridad y protección en la mayoría de las universidades.
No llegamos a esta situación por la pandemia y la cuarentena. Es el resultado de una persistente política de desvalorización de la educación y la universidad pública cuyas manifestaciones están sobre expuestas.
Se cumplen veinticinco años de la Ley de Educación Superior menemista, la que estudiantes y docentes enfrentamos en las calles y en las aulas para denunciar un plan de destrucción de una conquista histórica de nuestro pueblo: la universidad laica, estatal, gratuita, científica. La sostuvieron sobre la base del reconocimiento y pago serial de una deuda pública canjeada por educación.
La sostuvieron todos los gobiernos desde entonces, aplicando una progresiva caída de nuestros salarios que habían alcanzado la media canasta familiar para el cargo testigo que hoy solo alcanza a un tercio de la misma. Lo sostuvieron con falsos cogobiernos y estatutos universitarios que nada tienen que ver con el espíritu de la reforma del 18. Lo hicieron con la reducción presupuestaria que solo alcanza para cubrir los salarios y algunos gastos de funcionamiento. Con la permanente y ahora actualizada amenaza contra nuestros derechos jubilatorios. Lo hicieron con la carencia de becas, albergues, comedores y transportes que llevan la deserción masiva de los estudiantes, más del 70% de los ingresantes no se gradúa. La infraestructura es obsoleta y escasa, se trata de paliar tomando deuda externa desde hace 10 años, y se mantiene entonces el concepto de deuda por educación. La falta de inversión en equipamiento tecnológico se puso de evidencia en la pandemia, cuando la carencia de equipamiento, conectividad y software por parte de estudiantes docentes, investigadores creadores son parte del fracaso de la virtualización. Ahora se pretende que los docentes nos endeudemos para acceder al equipamiento cuando la ley y el CCT obligan al Estado a proveerlos.
La Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau) vigila y castiga cada currícula y si algo se escapa simples actos administrativos del Ministerio de Educación como la resolución 1254/18 descalifica las titulaciones e incumbencias profesionales vigentes. Se impuso el arancelamiento masivo en las carreras de posgrado e incluso en tecnicaturas y carreras de grado
El mentado cogobierno dio un salto cualitativo antidemocrático fortaleciendo las camarillas que ejercen su poder feudal en las universidades. La autonomía es una caricatura en manos de rectores y decanos. El crecimiento exponencial de los negociados privados a través de la “generación de recursos propios” en cada universidad es la base material del sostenimiento y dominación de las camarillas. Llegaron al extremo de paralizar sus órganos de cogobierno y pasaron a gobernar por decretos ad referéndum.
La otra cara de la moneda es el crecimiento de la matrícula en las universidades e institutos privados; y una mayor integración de los sistemas estatales y privados que dio otro salto en 2017 con la creación del Sistema de Nacional de Reconocimiento Académico (SRNA) que habilita el “trasvase” de estudiantes entre universidades y sistemas “estandarizando” los programas como otra commodity. Un claro ejemplo de mercantilización y privatización.
Todo esto es el andamiaje institucional para la injerencia directa en los planes de estudio y en los proyectos de investigación científica de las corporaciones empresariales. Los fondos de la empresa (mega) Minera Alumbrera aceptados por la enorme mayoría de los gobiernos universitarios, las becas y pasantías para estudiantes de grado de Monsanto y Techint o la gravitación del Banco Santander, son algunos ejemplos que muestran la intervención de las multinacionales en la universidad pública argentina. Hoy en plena pandemia a causa del Covid-19, a través de la virtualización forzosa y el teletrabajo docente, la UNESCO, la OIT las multinacionales tecnológicas y de telecomunicaciones junto a los gobiernos, los tecnócratas y las burocracias sindicales pretenden imponernos el “paraíso flexibilizador” de quienes promueven el ajuste del FMI y la lógica mercantilista de la LES.
No podemos dejar pasar el bochornoso “festejo” de algunos rectores frente a la renegociación de la deuda con los bonistas. Un acuerdo que significará la transferencia millonaria al capital financiero de recursos que deberían estar destinados a salud, educación e inversión frente a la crisis que ha profundizado la pandemia. Este acuerdo ha sido votado por ambos bloques mayoritarios, tanto del gobierno actual como del bloque Juntos por el Cambio. Y ha sido saludado por rectores que, además, firman en nombre de algunas Universidades, en una decisión de camarilla que obviamente, no expresa a la mayoría de la comunidad universitaria, que claro, nunca fue consultada.
Es evidente, por lo tanto, que no somos los docentes, los investigadores, los creadores, ni los estudiantes, ni los trabajadores universitarios, los responsables de esta crisis que ahora nos tiran para que “salvemos el año”.
Las direcciones de las burocracias sindicales de CONADU, FEDUN, CTERA, UDA y FAGDUT son las que pusieron sus firmas a una y otra acta de entrega salarial, de las condiciones de trabajo y pedagógicas a todos los gobiernos desde la Alianza hasta hoy pasando por el Macrismo. Son socias privilegiadas en desmovilizar y entregara las luchas para que la mercantilización y la privatización continúen. La organización independiente de todos los gobiernos, rectores y gestiones es un requisito para defender una universidad al servicio de la mayoría popular.
Como si faltara, las burocráticas Fedun y Conadu lanzan un pronunciamiento en nombre de “los trabajadores universitarios” para apoyar el pago de la deuda externa, que implicará ir más a fondo con el plan de ajuste del FMI, que condiciona nuestras condiciones de trabajo y de vida, y profundiza la precarización educativa.
Tampoco surgirá de una medida aislada, como lo resolvió la Conadu Histórica, que no permite despegar en un verdadero plan de lucha en todas las universidades y colegios preuniversitarios No se ha tenido el protagonismo, la orientación e iniciativas para colocar en el centro de la agenda el conjunto de nuestros reclamos.
La organización independiente de todos los gobiernos, rectores y gestiones es un requisito para defender una universidad al servicio de la mayoría popular. Por eso nos pronunciamos por la defensa de todos los derechos de estudiantes y docentes y no docentes, con más razón en este cuadro de extrema vulnerabilidad de las y los trabajadores. Aumento de salario y paritarias libres. Reconocimiento y aplicación del CCT en todas las universidades. Más designaciones docentes. Ningún docente interino, monotributista o sin convenio. Basta de trabajo gratuito como ad honorem o adscripto. Implementación de las recomendaciones elaboradas por las asambleas de base y el Plenario de la Conadu Histórica. Incremento de becas, sus montos, y provisión de equipamiento y de conectividad para estudiantes y docentes, costeado por los fondos públicos. Actualización del presupuesto universitario.
Acompañamos la lucha que becarixs e investigadorxs de CONICET llevan adelante en el reconocimiento de su trabajo, por la actualización salarial de los estipendios y salarios y por la elaboración y aplicación del convenio colectivo de trabajo.
Por eso nos pronunciamos por un encuentro de la docencia para deliberar y resolver un plan de lucha de la docencia pre y universitaria de todo el país.
En este sentido, nos pronunciamos por impulsar un polo de apoyo de todas las luchas del sindicalismo combativo y los distintos sectores del pueblo trabajador (juventud precarizada, estudiantes combativos, movimiento piquetero, movimiento de mujeres, víctimas de la violencia institucional, etc.) para expresar en las calles nuestras demandas. Para que la crisis no sea descargada nuevamente sobre la clase trabajadora.
Compañeras y compañeros, están amenazadas nuestras condiciones de trabajo y la universidad pública que defendemos. Necesitamos poner en pie un movimiento por una universidad sobre nuevas bases.
Primeras firmas:
Antonio Rosselló (secretario de Organización de Conadu Histórica)
Arturo Gómez (secretario de Acción Social Conadu Histórica; Secretaría Gremial ADU San Luis)
Ileana Cellotto (secretaria general de AGD UBA)
Nahuel Toledo (comisión directiva ADUNM, asociación de trabajadores docentes de la Universidad Nacional de Moreno)
Sofía Cáceres Sforza (Sitradu, UNER)
Christian Castillo (docente UBA/UNLP)
Malena Lenta (comisión directiva AGD-psicología, UBA)
Patricio Grande (secretario Adjunto, Adunlu, Luján)
Jorgelina Matusevisius. (secretaría de Acción Social Conadu Histórica suplente; secretaría Gremial AGD-UBA Suplente)
Juan Balusi (comisión directiva de ADIUC Córdoba)
José Mini (Directivo ADICUS, UNSJ)
Germán Noguera (cuerpo de delegados de ADULP)
Marcelo Hernández (secretario de DDHH Adunlu, Luján)
Natalia Álvarez (delegada preuniversitaria ADU, Patagonia San Juan Bosco)
Lucía Hellin (comisión directiva AGD-FFyL, UBA)
Gladys Perri (secretaria de Organización Adunlu, Luján)
Gastón Remy (UNJU, Jujuy)
