Mediante un decreto presidencial se dio la orden de “indultar” a más de cien personas de la oposición de derecha, entre los que están incluidos diputados presos o exiliados, así como a otros cuya inmunidad había sido allanada, otros actores detenidos o acusados de diversos delitos, de acuerdo al comunicado del ministro de Comunicaciones, Jorge Rodríguez en conferencia de prensa.
De acuerdo a las declaraciones de Jorge Rodríguez, los indultos se han concedido con el "supremo compromiso" de alcanzar la "paz y la reconciliación", y que entrará en vigor en la fecha de publicación en la Gaceta Oficial. El anuncio de los indultos se produjo días después de que liberaran para arresto domiciliario a Juan Requesens, diputado de la AN, quien estuvo encarcelado durante dos años y acusado de participar en un fallido intento de atacar a Maduro con dos drones que explotaron durante una ceremonia militar al aire libre el 4 de agosto de 2018.
El marco más general: una situación económica catastrófica y en picada
En total son 110 indultados, entre los que se encuentran los diputados Freddy Guevara, Freddy Superlano, Miguel Pizarro y Roberto Marrero, y el periodista Nicmer Evans, quien se encuentra preso en las instalaciones de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), así como también al dirigente sindical Rubén González.
Como ha trascendido, estas decisiones entrarían en el marco de acuerdos políticos con sectores “moderados” de la oposición derecha, con miras a la participación de estos en las elecciones parlamentarias, y así legitimarlas. Sin embargo, no pueden entenderse estas medidas tampoco por fuera de la agobiante situación de la economía nacional y lo cada vez más cercado que está el gobierno, ya no solo por la crisis en sí, sino también por los efectos de las sanciones imperialistas. ¿Busca el gobierno con esta medida enviar al mismo tiempo un mensaje para buscar algún ablandamiento de las sanciones?
El marco más general en que se dan estas movidas incluye los cada vez más limitados ingresos del Estado, la crisis de combustible que se agudiza de nuevo (llevando a situaciones trágicas en el sector salud) y el deplorable estado de las infraestructura industrial y de servicios. Esto último se expresa en los derrames de petróleo e, incluso, el hundimiento en curso de una enorme plataforma de almacenamiento de crudo, que podría ocasionar un nuevo desastre con alcance hasta zonas del Caribe más allá de Venezuela; todo esto producto del estado crítico de las instalaciones petroleras y la falta de recursos para solventarlo.
Según Rodríguez, los indultos se otorgan en el marco de los acuerdos entre el Gobierno y la oposición, previos a las elecciones a la Asamblea Nacional (AN) que se celebrarán el próximo 6 de diciembre. Aunque no es muy público aún con qué otros sectores está negociando Maduro, sí es claro que un sector es el que está en la llamada “Mesa de Diálogo Nacional”, donde están Soluciones, de Claudio Fermín, Avanzada Progresista, del ex candidato presidencial Henri Falcón, Esperanza por el Cambio, del también ex candidato presidencial Bertucci, el MAS, un sector de Copei, entre otros, quienes celebraron la decisión: “Eso es lo que hemos venido trabajando en la Mesa de Diálogo. Ganó Venezuela”, declaró Fermín.
Si bien estos representan a sectores minoritarios y no a los gruesos partidos de la oposición, lo novedoso sería que esta vez estaría involucrado otro sector encabezado por Henrique Capriles así como también Stalin González, al menos es lo que se ha dado a entender inicialmente por diferentes mensajes y publicaciones en las redes sociales de dirigentes opositores. Pero cuando estábamos en el cierre de este artículo, el Gobierno de Turquía confirmaba que su ministro se había reunido con Henrique Capriles y Stalin Gonzalez durante su viaje a Venezuela en agosto para buscar acuerdos con el gobierno venezolano.
Maduro no se encuentra en la misma situación que cuando se realizaron las diversas tentativas de pactos como la mediación del Vaticano, la de República Dominicana o la mediación de Noruega, para mencionar algunas, todas ellas fallidas, o por lo menos no llegaron a sus objetivos iniciales. La situación del país es de mal en peor, con una catástrofe económica que se arrastra por más de seis años, y que se ha visto acentuada por las sanciones económicas sobre todo las de enero del 2019 que alcanzaron la industria petrolera.
El descalabro de la industria petrolera llegando a niveles de producción de 1934 y bajando, la prácticamente paralizada producción de gasolina o reducida al mínimo, son caras más de la crisis y que agobian al pueblo trabajador y las grandes mayorías populares. Recientemente EE.UU. declaró que habían incautado cuatro cargamentos de combustible iraníes en ruta a Venezuela.
De acuerdo a declaraciones de Elliott Abrams, representante de Estados Unidos para Venezuela, Trump está buscando endurecer las sanciones petroleras contra Venezuela en un futuro cercano. En una entrevista realizada por Reuters declaraba que “Creemos que nuestras sanciones han sido extremadamente efectivas para reducir los ingresos del régimen, pero creemos que podemos hacerlas más efectivas. Así que vamos a hacer algunas cosas para endurecernos en el futuro cercano”.
Las elecciones parlamentarias y los objetivos del Gobierno
En este marco, el Gobierno con estos indultos y pactos mediante busca la manera de presentar estas elecciones de la Asamblea Nacional como legítimas y con reconocimiento, por lo menos entre los actores nacionales y, eventualmente, eso le ayude en el plano externo, donde la mayoría de los países alineados con EE.UU. y la Unión Europea advierten que no las reconocerán, como ya lo han hecho los partidos más importantes de la oposición de derecha que han declarado que no participarán.
Para estas elecciones parlamentarias que corresponden por ley en diciembre, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que responde al gobierno, nombró por cuenta propia un Consejo Nacional Electoral (CNE) –atribución que no le corresponde pero que con el argumento de una Asamblea en “desacato” se ha venido atribuyendo funciones legislativas-, hecho que fue cuestionado por sectores de la oposición al considerar que se constituía un árbitro electoral para unas elecciones amañadas o con esquemas que favorecerían al oficialismo, y no la constitución de un CNE pactado como reclamaban.
Estas elecciones concentran varios nudos de la trama política actual. Uno es que el argumento “legal” con el cual Guaidó fue autonombrado “presidente” interino se apoyaba en su condición de diputado presidente de la Asamblea Nacional, pero al cesar el actual parlamento y asumir el nuevo, formalmente el peón de Trump perdería su condición tanto de diputado como de presidente del parlamento. Por tanto, le resultaría mucho forzado mantener el “fundamento” con el cual se proclamó “presidente encargado”. Aunque por supuesto, esto dependerá de si finalmente el Gobierno logra unas elecciones con una abstención “aceptable” y un resultado que complazca al sector de la derecha que participa, así como de hasta dónde llegará el no reconocimiento de las mismas por EE.UU. y aliados, numerosas voces de sectores de la oposición por fuera del G4, advierten desde ya que luego del 5 de enero de 2021 se le complicará mucho más a Guaidó sostener la figura de “presidente encargado”.
Por otro lado, esta nueva Asamblea Nacional, de acuerdo al esquema del Gobierno, le sería útil para “destrancar” parte del “juego” político, de la parálisis y superposición de órganos legislativos, producto del agudo enfrentamiento de poderes: el parlamento actual está considerado en desacato por el Ejecutivo y el poder Judicial, a su vez, el parlamento no reconoce a Maduro como Presidente de la República. El Gobierno impuso –fraude mediante– otro órgano (supuestamente “plenipotenciario”) que asumió las potestades legislativas, la “Asamblea Nacional Constituyente”, que no era más que un instrumento de las camarillas bonapartistas. La Asamblea Nacional entonces existe pero sus decisiones son casi simbólicas. La ANC, su vez, no sesiona, se reúne solo esporádicamente para alzar la mano a alguna decisión a pedido del Ejecutivo, y a veces ni siquiera.
En este marco, el Gobierno anunció semanas atrás que al elegirse la nueva Asamblea Nacional la “Constituyente” va a cesar sus funciones, un anuncio que sorprendió a los propios “constituyentes”, que se enteraron por la televisión y las redes sociales. La eventual desaparición de la ANC y una nueva Asamblea que reconozca a Maduro como Presidente, y a la que a su vez el Ejecutivo reconozca como el órgano legislativo, le servirían al gobierno, en su esquema, para dar un paso en “desescalar” la aguda crisis de poderes a que se llegó. Pero aún todo esto está por verse a casi tres meses de las elecciones e incluso cómo será el desarrollo de las mismas, con una catástrofe económica que se agudiza y una situación de crisis sanitaria por la pandemia, así por cuál será la política misma que tome Estados Unidos actualmente en un proceso electoral en curso con un actual presidente que ya ha hecho amenazas de agudizar las sanciones.
Y por otro lado, de lograr avanzar el Gobierno en esto, no implicaría, como dice, una “normalización institucional”, ni siquiera en los parámetros de la democracia burguesa, puesto que se mantiene la rectoría del país bajo un ejercicio cuasi-dictatorial del poder desde el Ejecutivo y las FF.AA., con un Poder Judicial actuando como brazo del Gobierno para judicializar a su antojo la política, decidiendo quién participa y quién no, a quién le otorga legalidad electoral y a quién no, interviniendo a diestra y siniestra los partidos opositores, y con un control altamente represivo contra la población, con los derechos democráticos dependiendo cada vez más de la voluntad de los órganos policiales o militares.
Por su parte, los partidos más grandes de la derecha, el llamado G4 (PJ, AD, VP, UNT), han dicho que no participarán en las elecciones. El gobierno viene negociando con partidos muchos más pequeños de la oposición, que toman distancia de los fracasados planes intervencionistas de Guaidó, y han optado por “convivir” con el régimen de Maduro y las FF.AA. Estos sectores, considerados “colaboracionistas”, aprovechan el escenario para ganar terreno y apuestan a ganar espacio para una eventual nueva correlación de fuerzas al interior del arco opositor, dada la dura crisis de los partidos hasta ahora hegemónicos del G4.
El gobierno, ciertamente, busca construirse una oposición a la medida, y estos sectores, bastante minoritarios hasta ahora, ganarán terreno institucional y reconocimiento por parte del Gobierno. En un juego de interés mutuo en el que el gran perdedor viene siendo, sin duda, Guaidó, que queda cada vez más aislado, así como pierden también los partidos que se niegan a reconocer y negociar con Maduro en sus condiciones, pero que no tienen ningún otro plan alternativo ni factible a la vista. Están cada vez más en el aire o, como le echan en cara cada vez más, están por ahora limitados a la política del twitter y las redes sociales.
Es en este marco que estos “indultos” o sobreseimientos –se discute el término, porque en muchos casos no había siquiera juicio ni menos sentencia de por medio– son claramente el producto de negociaciones de puerta trasera entre el gobierno de Maduro y los sectores llamados moderados de la oposición, que no incluyen a Guaidó. Hace poco estuvieron de nuevo en Venezuela representantes del gobierno de Noruega, que venían de un papel activo en las negociaciones de Oslo, una visita que si bien fue anunciada no se hicieron públicos los pormenores.
Una política de estas características, cuando en otros momentos le fue exigida cuando se realizaban las negociaciones con la intermediación de Noruega y que se negaran, a no ser a algunos individuos, pone a Maduro en una línea de acuerdos si es que ya no se están encaminando, y más aun aprovechando la división de la oposición.
Recientemente se han dado nuevas y renovadas muestras de la aguda división en la derecha, cuyos agrios enfrentamientos y duras acusaciones en las redes sociales son casi cotidianos. Guaidó en extrema debilidad, luego de las fracasadas las tentativas del año pasado, ha realizado un llamado a nuevos acuerdos entre la oposición, incluyendo en su llamado a figuras de “la academia” y de la “sociedad civil”, pero fueron escasos quienes le correspondieron, peor aún han sido claro los portazos de María Corina Machado en una posición más intervencionista, incluso haciendo mención a la intervención de “fuerzas de paz” para sacar a Maduro del Gobierno Por otra parte, Henrique Capriles, que, tras el descrédito de Guaidó, aparece como un interlocutor y articulador de los canales de algún tipo de acuerdo con la administración de Maduro.
En este contexto los llamados de Guaidó parecieran caer en saco roto. Meses atrás, Guaidó realizó una gira internacional donde siguió cosechando apoyos internacionales, incluso hasta se reunión con Donald Trump, pero que internamente no se expresó en un reanimamiento del bloque opositor ni de movilizaciones de calle.
Además Maduro busca también una legitimización de las próximas elecciones legislativas del 6 de diciembre, unas elecciones que han sido montadas también a imagen y semejanza de las conveniencias del gobierno y con un Consejo Nacional Electoral (CNE) impuesto por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), o por lo menos que más sectores se sumen a las mismas.
Fuera de la larga lista de indultados, se han quedado algunas de las figuras más renombradas de la oposición de derecha, como Leopoldo López, que se refugia en la Embajada del Estado Español en Caracas, o el propio Henrique Capriles, dirigente de Primero Justicia y dos veces candidato a elecciones presidenciales, que no está perseguido ni acusado judicialmente, pero sí está en condición de inhabilitado, o Julio Borges que se encuentra en la vecina Colombia.
Los trabajadores, campesinos y habitantes de los barrios presos por luchar, seguirán presos
Como es claro que la intención es buscar acuerdos y pactos con la oposición de derecha, en la lista anunciada no hay nadie de los dirigentes chavistas opuestos a Maduro (ni Rafael Ramírez, ni Rodríguez Torres, entre otros), ni prácticamente ninguno de los trabajadores detenidos por el simple hecho de luchar por reclamos laborales, salvo muy pocas excepciones. La inclusión de Rubén González, secretario general del sindicato de Ferrominera del Orinoco, fue incluido porque milita en Voluntad Popular y es una figura levantada por la oposición. Entraron también en la lista dos trabajadores más de las empresas básicas de Guayana –Elio Mendoza (Sidor) y Tania Rodríguez– tomados por los sindicatos de allá ligados a los partidos de la oposición.
Sin embargo, son una excepción, una ínfima minoría del total de “indultados” y del total de personas del pueblo trabajador presas o bajo juicio por protestar y luchar. En el caso del movimiento obrero, no entraron en esas negociaciones y siguen presos, Rodney Álvarez, que es también obrero de Ferrominera, al igual que Rubén González, y lleva ya nueve años presos sin sentencia y con un juicio paralizado eternamente. No están tampoco Marcos Sabariego (Pdvsa El Palito), Bartolo Guerra (PDV Marina), Darío Salcedo (Insopesca, en prisión domiciliaria), Alfredo Chirino y Aryenis Torrealba (Pdvsa), ni los varios trabajadores de Pdvsa que están presos desde 2017 ¡sin siquiera la primera presentación en tribunales!, es decir, llevan más de dos años presos sin haber sido acusados formalmente de nada.
Tampoco entran en esos indultos las decenas de campesinos y campesinas detenidos o con libertad condicional por ocupaciones de tierras o defensa de tierras previamente asignadas. No están tampoco las decenas de habitantes de los sectores populares que han sido apresados o están en libertad bajo juicio por protestar por falta de servicios básicos o por comida.
Todos estos presos del pueblo trabajador, ¡ni los indulta el régimen de Maduro y las FF.AA., ni los ponen en su lista de negociación Claudio Fermín, Falcón, Capriles y la derecha que se entiende con el Gobierno! Son presos sin dolientes entre esas fracciones políticas patronales y burguesas.
Por eso, no son las libertades democráticas las que estaría concediendo Maduro con este indulto de alcance para la derecha, sino los pactos y negociaciones que le permitan una sobrevida, acuerdos realizados a espaldas del pueblo trabajador y sobre los cuales no son en lo más mínimo beneficiados.
Desde la LTS estamos por la defensa de las libertades democráticas y nos oponemos a medidas gubernamentales con colocan en la cárcel a dirigentes políticos por el simple hecho de opinión, pues sabemos que recaen con más virulencia sobre el pueblo trabajador. Sin embargo, sabemos que desde la oposición de derecha les importa poco o nada las libertades democráticas de la clase obrera y el pueblo pobre, por eso hemos insistido en la necesidad de articular fuerzas propias para luchar contra la criminalización y por la libertad de los presos del pueblo trabajador. Por eso es que hemos venido realizando junto a otras organizaciones políticas de izquierda, sindicales, activistas, jóvenes, una gran campaña por la libertad de los trabajadores presos por luchar, a la que llamamos a redoblar. |
