La marcha de odio racista en Bariloche contra los pueblos originarios irrumpió en la escena política de Río Negro y a nivel nacional. Muy acorde con las marchas que viene impulsando la derecha, entre sus consignas podía leerse “defensa de la propiedad privada”, convocatorias racistas que alentaban a resolver el conflicto por mano propia.
Esta movilización reaccionaria desató múltiples posicionamientos ante un conflicto de larga data, del cual las comunidades mapuches son los convidados de piedra. Veamos quién es quién en este conflicto, y cómo siguen negando el acceso a la tierra a las familias trabajadoras y pueblos originarios.
Juntos Somos Río Negro y el enemigo interno.
La gobernadora Carreras se refería al hecho: “hubo una manifestación muy espontánea y muy auténtica de vecinos de Bariloche y de Mascardi”, mientras que el ex Gobernador, Alberto Weretilneck, salió a decir: “hay datos creíbles de que hay activistas infiltrados en la toma (…) es un grupo que se autodenomina mapuche y que viene ejerciendo repetidos actos de violencia que suceden desde el año 2017”. Todo lo contrario a la “espontaneidad”, la marcha de odio fue convocada con una semana de anticipación y alimentada con una campaña mediática, una práctica que ya es usual en el gobierno provincial.
A tal punto fue organizada esa marcha que la propia Arabela Carreras avisó días previos que iba a acercarse a la misma. Respecto de los supuestos “actos de violencia” que habrían sido perpetrados por la comunidad, la cabaña incendiada en las cercanías de la comunidad en mayo de este año había sido quemada intencionalmente por la propia policía en una de las última intervenciones de la policía rionegrina.
Esto sería el núcleo duro del discurso de Juntos Somos Río Negro, un calco del “enemigo interno”, la RAM de Bullrrich y el macrismo. Este discurso es el que creó las bases para que el asesinato de Rafael Nahuel, por parte del Grupo Albatros de Prefectura el 25 de noviembre de 2017 aun este impune.
Gobierno nacional: un “dialoguismo” para no responder a los reclamos mapuches
Ahora bien, la Gobernadora se juntó a inicios de esta semana con Cafiero y otros funcionarios del Ejecutivo Nacional, y ambas partes coincidieron en dar a este tema una “solución con diálogo”. Se le dará un papel protagónico a la justicia; según dichos de la ministra de seguridad Frederic “si la justicia ordena desalojar habrá que desalojar”. Un diálogo con la balanza un poco inclinada para la derecha y en manos de jueces que han garantizado con represión los desalojos y la defensa de la propiedad privada de las tierras.
Pero mientras algunos trataban de bajar la tensión, el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa y líder de la bancada del Frente de Todos, salía a aclarar que: “si toman tierras hay que desalojar y sacarles la AUH”. Declaraciones que no son la envidia de Bullrich o Berni, con su campaña de “tolerancia cero” a las tomas en la Provincia de Buenos Aires. Recuérdese que el massismo tiene su peso específico en la coalición de gobierno, y en la cordillera tiene representantes que han pactado la lista con el sorismo. Esa gente está muy interesada en los negocios inmobiliarios fraudulentos.
Con estas posiciones, Frederic remató sus declaraciones instando a la continuidad del diálogo con todas las partes, pero asegurándole a la comunidad mapuche que “ellos se avengan a ciertas condiciones”. Si es por vía de la presión judicial; o del desalojo violento; o de la acción de grupos de choques, está por verse. Lo que está claro es el chantaje con el que siguen negándole el acceso a las comunidades y al pueblo trabajador a la tierra para poder habitar.
El derecho al territorio e identidad de los pueblos originarios no es discurso
La contradicción del Gobierno Nacional es la contradicción del Peronismo en su conjunto. En una declaración menor, pero por demás elocuente, el Movimiento Evita de Bariloche sintetizaba la posición: “no vamos a aceptar las estentóreas declaraciones de Weretilneck, amigo del británico usurpador Joe Lewis (…) ni tampoco la posición absoluta de algunos extremos que imaginan que la gran nación multicultural que debemos construir no incluya a la Argentina como una de las identidades nacionales que deben integrarla”. Desde esta “posición de fuerza” no hay diálogo democrático, sino todo lo contrario, se somete a las comunidades originarias a un proyecto nacional y si no se adaptan a las reglas de la Nación Argentina, no merecen ser defendidos.
La única solución que garantice un “diálogo” creíble es partiendo de la base de reconocer el derecho al territorio ancestral, que es en concreto el pleno derecho al uso, manejo y propiedad comunitaria de las tierras y territorios que habitan. E incluso, como parte de las demandas más profundas, el derecho a la autodeterminación como nación, si así lo decidieran. Es el planteo del PTS en el Frente de Izquierda. La opresión y discriminación racista no se podrán acabar en una “gran nación multicultural” si se les impone por fuerza la negación de ese principio democrático elemental para los pueblos originarios. El gobierno nacional, por el contrario, se reserva con Frederic el derecho de imponerle “ciertas condiciones” a las comunidades: el derecho a desalojarlas. | 
