En las últimas horas salió a la luz que más familias buscan un espacio donde poder vivir ante el problema habitacional que no hace más que seguir empeorando. El destino de estas 27 nuevas familias es el sector denominado "Manzana 287" que se encuentra entre el ingreso al barrio 2 de Abril y parte sur del barrio El Frutillar.
El viernes en el Centro Cívico, desde la Mesa de Tierras presentaron en conferencia de prensa, un comunicado acompañado por diferentes organizaciones sociales exigiendo resolver la situación de las familias sin techo del alto. Hace varios años se le solicita al gobierno municipal que presente un plan para solucionar el problema de vivienda y tierras sociales entre otros temas de suma preocupación. Se mencionó el ninguneo por parte del municipio ante estos reclamos, y se destacó que la situación actual se debe estrictamente a decisiones políticas que están lejos de querer dar respuesta a la falta de vivienda. Reclamaron que avance el proyecto de ordenanza para declarar la emergencia habitacional, demorado con la excusa de falta de recursos económicos. También mencionaron que Pablo Bullaude, Secretario de Ambiente y Desarrollo Urbano, ha manifestado en comisiones la existencia de más de mil predios fiscales. La situación de las familias es desesperante, el gobierno no quiere escuchar sus reclamos y amenazan con una orden para frenar la construcción de viviendas por parte de los vecinos.
En diálogo con La Izquierda Diario, desde la Mesa de Tierras, declararon: “Se escribió este petitorio a modo de resumen ya que nunca recibimos una propuesta concreta. La mesa para discutir esta problemática puede hacerse, pero si no hay una decisión política de resolver lo que está en evidencia y, que es posible resolver, porque la tierra está y no la tienen que comprar, el mismo Bullaude ha dicho que tiene miles de terrenos disponibles. Y sabemos que los que están por vender, que son unos 5 terrenos que llegan a más de una hectárea, los tiene desde hace más de 10 años el municipio, tienen tierra disponible y no quieren repartirla. ¿Que esperan, que la gente vaya y las tome? Esto es culpa del gobierno no de la gente. La tierra está disponible y además está urbanizada, tiene infraestructura.”
Por otro lado, un referente barrial de la toma en "manzana 287" expresó: “Yo hoy vine pero las otras familias no quisieron bajar porque tienen miedo de perder su lugar. No queremos tener problemas con la policía porque después viene la represión, están buscando matar otro pibe más. La mayoría está sin trabajo, yo debo 5 meses de alquiler. Necesitamos soluciones ahora, no podemos esperar más. José Mella, presidente del Instituto Municipal de Tierra y Vivienda para el Hábitat Social (IMTVHS), nos prometió que esto se iba a solucionar, se le solicitó la renuncia y se fue de vacaciones. Los funcionarios salen a mentir en los medios. Se dicen muchas cosas que no son ciertas a modo de excusa para sacarnos de ahí, entre ellas que el lugar es un mallín, pero la verdad es que hay una cloaca rota arriba y eso que pasa por ahí, no se trata de un mallín, eso está todo mojado por la cloaca rota y se tiene que arreglar. La mayoría de las familias tienen hijos menores de edad, el problema es que si sacan la orden no vamos a poder hacer nada. Tenemos todos los papeles de tierras, de catastro, todo. Hay gente que está anotada hace más de 10 años. Estamos pidiendo un lote para levantar nosotros nuestra vivienda.”
Las otras familias no quisieron bajar porque tienen miedo de perder su lugar. No queremos problemas con la policía porque después viene la represión, están buscando matar otro pibe más. La mayoría está sin trabajo, yo debo 5 meses de alquiler
La decisiones políticas del municipio no hacen más que agravar la crisis habitacional
Los números oficiales no abundan, pero hace 10 años son miles las familias anotadas esperando la adjudicación de un lote o una vivienda. Se estima que habría unos 10 mil hogares en déficit en la ciudad, mientras que hay más de 3000 hogares en barrios precarios y que al menos 800 hogares nuevos que se crean todos los años. Frente a esta realidad dicen que no hay recursos económicos, sin embargo el Instituto Municipal vendió tierra por $45 millones y CAPSA, la empresa concesionaria del Cerro Catedral, debe aportar $8 millones para obras en los barrios. Queda claro que los intereses de los gobiernos están al servicio del negocio inmobiliario y no de las necesidades populares. Se esperan más reuniones para esta semana, la situación de las familias en las tomas es cada vez más grave y se perfila a una postura represiva por parte del estado sin ofrecer ningún tipo de solución.
