En la ciudad como en el resto de la provincia, miles de familias reclaman el derecho a la vivienda. Oficialismo y oposición convergen en la criminalización de la pobreza. Del otro lado, las voces de las que resisten.
La falta de vivienda es un problema histórico en la provincia de Buenos Aires, que ni los más de 20 años de gobiernos peronistas (incluido el actual) ni el anterior mandato de Cambiemos se molestaron en atender. Hoy se ve recrudecido a partir de la crisis económica, social y sanitaria, profundizada con la llegada de la pandemia.
Los últimos datos censales hablan que el 37% de déficit en materia habitacional a nivel nacional, se encuentra en territorio bonaerense. El 71 % de los hogares en condiciones precarias se encuentra en los 24 municipios del Gran Buenos Aires. Según datos del Ministerio de Infraestructura y Servicios públicos, el déficit actual se calcula en 900 mil viviendas.
En el caso de la ciudad de La Plata hay alrededor de 240 asentamientos, donde viven 190.000 personas de los 866.000 de la población total. Es decir, el 22% de la población vive en condiciones de precariedad y hacinamiento. En dichos asentamientos, el 60 % no cuenta con el suministro de agua potable, el 90% sin acceso a la red cloacal, el 70% sin acceso al servicio de electricidad. Si durante el último semestre del 2019, un 22% de la población platense era pobre, a seis meses del inicio de la pandemia los números dieron un salto considerable, si tomamos en cuenta la pérdida de puestos de trabajo, las suspensiones y el aumento del costo de vida. Según datos que maneja la propia municipalidad, desde diciembre a la fecha, hubo alrededor de 40 intentos de tomas en La Plata, contra apenas 6 en los 4 años anteriores.
Es necesario mencionar el contexto que en parte explica dos problemas sociales que se conectan: la creciente exclusión por mayores índices de pobreza y el fenómeno creciente de la ocupación de tierras por falta de vivienda.
La criminalización de los pobres y la defensa de la propiedad de unos pocos
Las tomas de tierras generalmente distan de ser organizadas por bandas mafiosas o grupos delictivos de familias que por asalto expropian viviendas y terrenos habitados, como de manera intencionada buscan hacer creer algunos medios. Son, en su mayoría, acciones colectivas de familias y vecinos de barrios periféricos a las grandes ciudades y el Conurbano, que ocupan terrenos abandonados por el estado. Los famosos terrenos baldíos, llenos de basura o colmados de altos pastizales que los mismos ocupantes ponen en condiciones para ser habitados. En el medio se exponen a la judicialización y a la represión, y una vez instalados soportan frio, calor, lluvias e inundaciones sin contar con los servicios básicos de agua, luz, gas y cloacas, sabiendo que van a estar así, en una larga y angustiosa espera, peleando y haciéndose escuchar, hasta que el Estado decide urbanizar. En los más de los casos esto no pasa y se vuelven asentamientos que duran décadas.
Para el intendente Julio Garro, de Juntos por el Cambio, la toma de tierras “Es un gran negocio inmobiliario ilegal, empujado por abogados, escribanías y bandas que manejan información sobre las tierras de Provincia o Nación y para lo cual se necesita un mensaje claro de todo el Estado ante el crecimiento de este ilícito. No se puede apañar conductas que atenten contra la propiedad privada o el patrimonio público de todos los vecinos”. Celeridad de la justicia para dictar el desalojo y mayor presencia policial para hacerlo efectivo, es lo que exigió durante estos días en varios medios de comunicación junto a otros intendentes del mismo espacio político, invitando a que se expida el oficialismo al respecto.
La toma de tierras ha sido un delito en aumento durante los últimos meses en la Ciudad. Un incremento notorio y alarmante que nos preocupa y pone en situación de alerta.
Sin quedarse atrás salieron en coro, los referentes del Frente de Todos, con Sergio Berni como director de orquesta, agitaron el fantasma de las usurpaciones que atentan contra el bien más preciado de la propiedad privada. Desde el presidente Alberto Fernández y el plurifucional jefe de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, pasando por el desteñido progresismo del gobernador de la provincia, Axel Kicillof, y la ministra de seguridad de la Nación, Sabina Frederic, respaldaron la salida punitiva. Todos juntos presentaron el último viernes el Programa de Fortalecimiento de la Seguridad en la Provincia de Buenos Airesque implicará una inversión de $ 37 mil millones y que consiste básicamente en la incorporación de más de 10.000 policías, entre este año y el próximo, 2.300 móviles, cámaras de seguridad, centros de monitoreo y botones antipánico. Además, se anunció el Plan Centinela 2 con el que se sumarán 3.957 prefectos y gendarmes a los más de 6.000 que ya están en la Provincia.
Nos estamos ocupando de la seguridad y de generar políticas centrales que van a permitirle a nuestro País y a nuestra Provincia generar producción y trabajo. pic.twitter.com/rJvEx9moYr
Mientras las necesidades básicas como son el derecho a la vivienda no merecen ni ser tenidos en cuenta para el oficialismo, a la agenda por “seguridad” se responde rápido y se destinan millones. Queda claro, una vez más, que no hay grieta a la hora de pensar una salida represiva a la crisis.
Siete meses bancando la toma
Del otro lado de los discursos y los anuncios para la tribuna está la realidad, la que muestra a miles de desocupados que necesitan un lugar para vivir, trabajadores que en medio de la cuarentena perdieron su trabajo y ya no pueden pagar un alquiler, familias numerosas que viven en lugares reducidos con riesgos de contagios o que están cansadas de ser excluidas y son empujados a buscarse un lugar donde tener un techo de manera definitiva.
El mismo gobernador Kicillof reconoce que " La provincia de Buenos Aires tiene un
enorme déficit habitacional, pero este no se soluciona con intrusiones ilegales". Entonces cabe preguntarle al gobernador y a todos estos funcionarios que cómodamente opinan desde sus oficinas o barrios privados, ¿pelear por el derecho a la vivienda y a una vida digna es un delito?
Una de las tomas más grande la provincia y la más reconocida de la ciudad de la plata es la del ex predio del Club de Planeadores en el barrio platense de Los Hornos. Son 160 hectáreas, donde hoy viven a pulmón más de 2.000 familias, unas 10.000 personas, en parcelas con casillas de madera, chapa, bolsas de consorcio, con lo que tengan los vecinos para armarlas. Desde febrero están esperando los avances de un plan de urbanización en el que estarían involucrados Nación y Provincia, con el aval del municipio. Pero en estos largos siete meses de pandemia los habitantes han sobrevivido como pueden, sin más ayuda que algún colchón, ropa o las ollas populares que ellos mismos hacen en los predios para pasar los días.
“Son predios fiscales que la gente los toma porque el Estado no los lotea, no los pone en condiciones, no le da bolilla a la necesidad de la gente, no atiende la necesidad de vecinos de los barrios de la periferia. Somos juzgados, discriminados por el prejuicio a los pobres y por la xenofobia. No muestran las historias detrás de los vecinos que están en esta situación, no conocen las necesidades, las experiencias, saber qué sucede detrás de una persona que decide sumarse o involucrarse en una toma de tierras. No saben que hay mujeres embarazadas que no tienen dónde vivir, que hay gente tirada en la calle que antes pagaba un alquiler, pero hoy no puede hacerlo. Necesidades básicas humanas que el Estado no suple, y que es una situación que no cambia y que no se atiende. Siempre hubo toma de terrenos, siempre hubo necesidad, pero es algo que en los últimos tiempos se fue agravando muchísimo”. Esta explicación nos da Ruth, una joven que estuvo viviendo en la toma, de cómo se llega a esta situación.
Yamila es otra de las tantas mujeres que junto a sus tres hijos vive en la toma y cuenta cómo llegó: "Nosotros estábamos viviendo en la casa de mi vieja, en un terreno compartido, somos una familia numerosa. Pensamos que ésta sería una oportunidad para que yo y mis hijos tengamos un lugar en algún momento" y agrega “Hay de todo en la toma gente que dormía en la calle y ahora duerme acá. Gente muy necesitada, cansada de no tener su lugar, gente que no le da el cuero como para comprar un terreno a 500 lucas. Algunos tienen un hijo, otros dos, tres o seis. Ya es re complicado mantenerlos, imagínate hacer una casa o compra”.
Así son las historias de la mayoría de los vecinos que ningún medio muestra. “La verdad da una bronca bárbara, porque no es como ellos dicen usurpadores como si le hubiéramos sacado a alguien la casa, o un pedazo de tierra que la están usando, esto está abandonado hace muchísimo, yo nací en Los Hornos y nunca hubo nada acá. La gran mayoría conocemos las tierras que hay en este predio, que estaban abandonadas, que ha habido violaciones, cementerios de autos robados, que era literalmente una boca de lobo como quien dice. Entonces nos organizamos para armarnos nuestras casitas y darles un uso que el estado no les estaba dando. Después nos escrachan en los medios porque es lo mejor que les sale para quedar bien parados y tener el apoyo de la sociedad para sacarnos y quedar como que sacaron a los negritos, a los usurpadores, a las mafias. Tanto resentimiento por darle salida a una necesidad, ¿Cuánto sufrimiento te puede causar gente que está viviendo cómo puede?”
En estos largos siente meses los vecinos de la toma han hecho lo que estuvo a su alcance para mejorar su situación “nosotros como barrio avanzamos en traer el agua. Pusimos plata entre todos y compramos las mangueras, en muchas partes también conectamos la luz. Se fueron comprando los cables entre todos, como podíamos. La misma gente está arreglando las calles, rellenando con tierra, con escombros que levantan con carros y los traen. Los vecinos se van a juntar para arreglar las entradas y poner luz en las partes que falta, porque llega un horario que ya no hay o hay baja tensión, son las 20hs y se complica si no tenemos luz. Hace unas semanas nos inundamos, después de eso trajeron colchones, frazadas y camperas para las criaturas. Esa fue toda la ayuda que el Estado nos dio a nosotros”.
Ante los dichos de los funcionarios políticos en estos días, que incluso amenazaron con retirar la asistencia estatal a aquellas personas que estén en estos terrenos, Yamila con rabia en sus palabras cuenta: “La gente descree de todo lo que se dice, lo único que hacen es ensuciarnos para no hacerse responsables sobre por qué hay tanta gente vivienda acá, el abandono de persona que hacen sobre cada uno de los ciudadanos que no tenemos un lugar para vivir es indignante. Hay mucha bronca. Y si hacen lo que dicen con los planes, acá en el predio arruinan a todas las familias”, haciendo referencia al proyecto de quitar toda asistencia estatal como el IFE a aquellas personas que se encuentren ocupando algún terreno. Un acto escandaloso si se toma en cuenta que en estos seis meses de cuarentena significaron apenas $30.000, lo que equivale a sobrevivir con $5.000 mensuales; por eso es necesario que se garantice un salario de emergencia de 30 mil pesos que se podría financiar con el impuesto a las grandes fortunas que sigue en la espera del debate.
No se puede dejar en manos de Berni y su agenda punitiva y de mano dura como salida a la crisis, hay que pronunciarse y repudiar sus dichos y el alineamiento de todo el oficialismo y la oposición reaccionaria, hay que discutir un programa para que se deje de pagar la deuda y se invierta en las verdaderas necesidades, una reforma urbana integral, de un plan de obras públicas, de infraestructura y viviendas es urgente.
Como expresó desde la banca del Frente de Izquierda, el diputado del PTS Claudio Dellecarbonara "Los sectores populares se ven obligados, y no porque les guste sino por la falta de vivienda, a ocupar terrenos y a vivir en condiciones precarias. La toma de tierras es una muestra de que ese derecho humano esencial, que es tener el derecho a una vivienda digna, que debería garantizar el Estado, se encuentra vulnerado”
Y en el mismo sentido alertó: "En momentos en que la crisis que pesa sobre a millones, que se ven afectados en sus condiciones de vida, con la amenaza de que será peor después de la cuarentena, el empoderamiento de las fuerzas represivas, anticipa que serán dirigidas contra los reclamos populares", e hizo un llamado a los sectores explotados y oprimidos, "llamamos a la organización independiente de los trabajadores y del pueblo pobre, para que esta crisis no la paguemos nosotros".
