Con esta estrofa de un poema escrito por James Thomson en 1880, inicia Peter Hall el capítulo “La ciudad de la noche espantosa” de su libro Ciudades del mañana. Historia del urbanismo del siglo XX, adaptando el nombre de aquella obra literaria a su trabajo. Allí describe las características de la ciudad victoriana en las principales capitales del mundo hacia finales del siglo XIX. Más de cien años después podemos decir que en fragmentos de las principales urbes del país, la ciudad para muchas familias que viven en villas y asentamientos es una noche espantosa, que contrasta con el desarrollo inmobiliario extraordinario de principios de mileno. A esto hay que sumarle el constante peligro por la violencia de las fuerzas de seguridad, ya sea del gatillo fácil, de abusos policiales o desalojos, situaciones que durante la cuarentena recrudecieron.
En los últimos días irrumpieron en la escena nacional las masivas tomas de tierras que se vienen produciendo en varias provincias del país tiene como epicentro la provincia de Buenos Aires, particularmente en la ciudad de Guernica en la zona sur del Gran Buenos Aires. Allí se realiza la toma de tierras más grande, de 100 hectáreas llevadas adelante por 2.500 familias que se dividieron en 4 barrios y que vienen avanzando en el parcelamiento y planificación de la localización de futuros equipamientos barriales. Las causas son múltiples pero el problema es de largo arrastre: el déficit habitacional.
Desde 2003 y acompañando la recuperación de la economía argentina en base al “boom de las commodities”, centrada en la exportación de soja y otros productos agropecuarios, hemos asistido a un verdadero “boom inmobiliario” a nivel nacional. Mientras han proliferado los countries, barrios privados y la construcción de grandes emprendimientos lujosos como hoteles, shoppings y edificios de “categoría” orientados a la especulación inmobiliaria, la inversión y ejecución públicas en el área de vivienda e infraestructura urbana ha estado muy por detrás. Diversos estudios e investigaciones dedicados a esta problemática, ponen de manifiesto que las inversiones orientadas a la construcción de vivienda para la integración socio urbana de la ciudad precaria ha estado muy por debajo del crecimiento del PBI a nivel nacional. Desde hace años las respuestas del Estado han sido completamente insuficientes para responder a las necesidades sociales, siendo permanentemente los sectores bajos los que se vieron más postergados en la satisfacción de sus derechos.
La realidad es que a nivel nacional se ha desarrollado lo que algunas investigaciones han explicado como una transformación en la composición del déficit habitacional. Si hasta la década del noventa el déficit predominante en la Argentina era el cualitativo (relacionado con la calidad de la vivienda y la dotación de servicios e infraestructura urbana), a partir de la década siguiente, el cuadro se modificó abruptamente y el déficit cuantitativo se ha convertido en el preponderante. La evolución del déficit habitacional cuantitativo entre 2001 y 2010 ha sido del 44 %, pasando de 871.000 hogares a 1,2 millones.
Como expresión extrema de esta problemática social, el “Relevamiento Nacional de Barrios Populares” desde el Ministerio de Desarrollo nacional junto a las organizaciones territoriales de distintos movimientos sociales se confeccionó el informe de “Integración socio-urbana de barrios populares” que dio cuenta hasta mayo 2017 de la existencia de más de 4.000 villas, asentamientos y urbanizaciones informales. De acuerdo con los datos recogidos por el relevamiento, aproximadamente 4 millones de personas (935.000 familias) viven en los 4.416 “barrios populares” identificados en todo el país, dividiéndose entre los asentamientos, (84 %) y las villas (16 %), diferenciados entre sí por los distintos niveles de densidad poblacional y sus características, con distinto nivel de regularidad del trazado urbano.
Se estima que el 56 % de los barrios relevados lo constituyen casas ya construidas pero que tienen problemas de calidad, falta de servicios básicos o hacinamiento, lo cual, en su conjunto, conlleva una alta vulnerabilidad social y económica y la exposición a varios tipos de enfermedades asociados a las malas condiciones habitacionales (2,1 millones de viviendas con un déficit cualitativo) y el 44 % uno cuantitativo, es decir que por las condiciones estructurales presentes se eleva hasta 1,7 millones la cantidad de viviendas que se necesitan construir.
Respecto al desarrollo urbano en los barrios populares estima que el 93,81 % de los hogares no cuenta con acceso formal a la red de agua corriente, el 98,81 % no cuenta con acceso formal a la red cloacal, el 70,69 % no cuenta con acceso a la red formal de electricidad, el 98,49 % no cuenta con acceso a la red formal de Gas Natural y el 30,8 % se calefacciona con energía eléctrica. El registro ha permitido también identificar la antigüedad de cada uno de los barrios populares, concluyendo que el 68 % de ellos son anteriores al 2000, el 21 % se ha formado durante la década del 2000, el 9 % entre el 2010 y el 2013 y el 2 % restante entre 2014 y 2016.
La falta de acceso a agua potable y segura no se encuentra garantizada en la mayoría de los asentamientos, aun cuando existe expansión de redes, las mismas están sujetas a conexiones irregulares, provocando riesgo de contaminación con su inevitable consecuencia en la salud de la población. Según una presentación de la Defensoría del Pueblo de mayo 2017 que reúne datos recabados por el Estado, ONG’s e investigaciones impulsadas desde distintas universidades (como el Observatorio de la Deuda Social de la UCA), “las villas y asentamientos surgidos en áreas urbanas y periurbanas ya consolidadas tienden a establecerse en territorios ambientalmente degradados o no aptos para la urbanización, por ser éstos los únicos disponibles”. Se trata de zonas inundables, cercanas a ríos, canales o lagunas, los cuales además pueden estar muy contaminados, o terrenos cercanos a otras amenazas ambientales (cercanas a industrias que producen emanaciones tóxicas, a basurales, cementerios de autos, puertos y depósitos u otros). Los “predios que no pudieron ser captados –aún– para su valorización en el mercado inmobiliario se presentan muchas veces como única posibilidad para el asentamiento de familias y personas desempleadas o con salarios bajos, aunque debe advertirse que podrían ser objeto de procesos de ‘gentrificación’, que revaloricen las áreas y resulten en desalojos o reubicaciones”.
Respuesta estatal
En nuestro país mientras los sectores más concentrados del agro monitorean las plantaciones con drones, los datos de déficit de vivienda/urbanización son la expresión de las pésimas condiciones de vida que el capitalismo argentino ha impuesto a un importante sector del pueblo trabajador, y está estrechamente vinculado a la ofensiva neoliberal y sus continuadores.
En el marco de una agudización de esta problemática estructural vinculada a la precariedad de la vida, el Estado ha desarrollado políticas habitacionales para intentar contener de manera limitada la urgencia de la desigualdad socio territorial, donde los últimos gobiernos quedaron muy por detrás. Según un informe de la secretaria de vivienda de noviembre de 2019 [1] el propio Estado reconoce que como mínimo se deberían realizar 200.000 respuestas habitacionales por año. Cantidad de contrasta con las soluciones habitacionales que se construyen, que en el último periodo de mayor crecimiento de la economía (entre 2003 y 2011) la cantidad de viviendas terminadas por año a partir de programas estatales de construcción y mejoramiento fueron de 39.357 es decir que no llega ni al 20 % de lo necesario.
La política habitacional en perspectiva histórica
Hasta mitad del siglo pasado, la situación habitacional del país era muy mala y estaba marcada por un gran déficit debido a las grandes olas migratorias y al desprecio de las clases dominantes por los sectores populares. En el marco de un conjunto de fuertes medidas de contención de la clase obrera, el gobierno de Perón, en sintonía con las políticas de los estados centrales abocados a la reconstrucción de Europa, impulsa varias medidas importantes pero que nunca terminan de resolver el déficit en su totalidad. Según varios autores los datos de la época carecen de precisión, pero para dar una dimensión de la crítica situación que vivían millones de familias existen datos oficiales (Censo Escolar) respaldan que en 1943 aproximadamente 1,5 millones de familias urbanas convivía en una habitación con 4 y 5 personas, 300.000 lo hacían entre 6 y 8 personas por habitación y 40.000 familias compartían una habitación con más de 9 personas. Al reducir los alquileres hasta un 20 %, es posible que se haya descomprimido un poco más el hacinamiento, aunque varios autores desconfían de los datos censales de la época que plantean una reducción de 2 personas por habitación para 1947. En ese marco entre 1945 y 1955 el Estado construye de forma directa 14.000 viviendas, y a través del Banco Hipotecario da créditos baratos para 300.000 viviendas en todo el país y de forma directa construye otras 10.171 viviendas. Es decir que de conjunto cubre viviendas para un poco más del 50 % de las familias con más hacinamiento, y brinda créditos baratos para el 16 % de las familias que convivían entre 4 a 8 personas por habitación.
Más adelante, desde el fin de la última dictadura en adelante la construcción de vivienda por parte del Estado varió entre las casi 20.000 y las 40.000 por año, es decir aproximadamente entre el 10 % y el 20 % de lo necesario. Esto quiere decir que entre el 90 % y el 80 % del déficit queda en lo que pueda hacer cada familia frente al mercado inmobiliario. Antes de las políticas neoliberales esa diferencia se cubría con los loteos populares, de precios por lo general baratos. Desde el Estado se promovía el desarrollo de estos loteos sin servicios, accesibles al salario de un trabajador medio que por lo general conseguía un terreno cercano a su lugar de trabajo, donde construía y a través de las comisiones de fomento conseguía los servicios junto a sus vecinos. Hoy esto parece un utopía por los altos costos de terrenos y la precarización laboral.
En el año 2013 entra en vigencia para la Provincia de Buenos Aires la Ley de Acceso Justo al Hábitat que contempla varios puntos progresivos pero que todavía no se aplica en la mayoría de los municipios bonaerenses. Por otro lado en los municipios donde se aplican algunos instrumentos está muy por detrás de las necesidades habitacionales urgentes del Conurbano.
El desarrollo del mercado inmobiliario fue un fenómeno global en el marco del histórico crecimiento urbano de las ultimas décadas. Fue un nicho importante para el crecimiento económico durante la primera década del 2000 que explotó en EE. UU. y España en 2008. En Argentina no hay en la actualidad un mercado financiero hipotecario tan expandido como en esos países, pero durante ese periodo se desarrolló una enorme presión especulativa en el mercado inmobiliario que redundó en precios desorbitantes para el acceso al suelo que no le permiten ni siquiera a los hogares de clases medias y medias altas jóvenes comprar un inmueble. Llegando incluso a que los precios por metro cuadrado en una villa de la CABA sean comparables a los de Palermo.
En ese marco en los últimos años se impulsaron créditos para los sectores medios, como son los créditos Pro.Cre.Ar y UVA. Estos créditos intentaron dar respuesta a la demanda sin tocar a la oferta, con muchos problemas para las familias que sueñan con una vivienda propia, sobre todo con los UVA que además significaron una estafa para los que lo recibieron que en algunos casos vieron a triplicar su deuda en unos meses. A su vez al estar pensadas desde un aspecto económico (impulsar la economía) no tuvieron en cuenta variables que se juegan en el territorio. Los créditos Pro.Cre.Ar. en muchos casos encarecieron aun más el precio del suelo en las periferias, generando mayor presión a la expulsión de la población de menores ingresos a terrenos aun más lejanos, con menores posibilidades de acceder a servicios básicos o con problemas ambientales.
En los barrios populares, para tratar de evitar la expulsión a zonas sin servicios, lejanos del mercado laboral, de escuelas, hospitales, se ha dado un proceso de densificación habitacional y hacinamiento en los propios asentamientos y villas. Esta situación se pudo registrar en la duplicación del índice de allegamiento entre el censo de 2001 y 2010, que mide la cantidad de hogares por vivienda y que por lo general da cuenta de familias jóvenes que comparte la vivienda con sus padres por razones económicas. Una olla a presión que exploto con crudeza en la crisis desatada por la toma del Parque Indoamericano en 2010 y que se extendió en diversas ciudades del país, pero que continúa sin resolverse. Hoy la población con más riesgo de contagio por COVID-19 están ahí.
Al igual que en el Parque Indoamericano la solución no fue intervenir en el mercado inmobiliario para poner a disposición la vivienda especulativa o afectar las grandes empresas/fortunas para la construcción de ciudad. En ese momento se desalojó brutalmente, se creó el ministerio de seguridad y se amenazó con quitar los planes sociales a las personas que estaban en las tomas. Hoy a pesar de contar con un Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, la respuesta parece un déjà vu. Como en ese entonces, las medidas son la represión, el cercado de villas, el amedrentamiento en los barrios y los desalojos forzados.
El derecho a la ciudad
El problema del derecho a la ciudad, a las máximas atribuciones que desarrollaron las urbes de la época, a veces se plantea desde los medios de comunicación o los analistas de la burguesía como un problema complejo, que siempre existió y va existir, que se ve a diario, de difícil solución, del que no se conoce mucho y del que se carece de datos históricos sistematizados. Pero esta semana nos enteramos que resolverlo cuesta la mitad de lo que se van a llevar los bancos y los grandes especuladores financieros con el pago de la deuda externa.
El lunes pasado en una entrevista televisiva, el economista y Secretario de Investigación Socio Urbana del gobierno de Macri, Sebastián Welisiejko, dijo que para resolver la integración socio urbana de los barrios precarios, con servicios básicos, pero también con equipamiento de salud, educación y comercio en Argentina, se necesitan 26.000 millones de dólares. Es decir, menos de la mitad del préstamo del FMI de 57.000 millones de dólares, y menos de lo que se fugó en un año durante el gobierno de Macri.
Los pasajes del capítulo de Peter Hall donde describe con crudeza las ciudades de Londres, Berlín, Paris y Nueva York de los 1880-1900, su pobreza, el hacinamiento, las condiciones de vida y las enfermedades, parecen una recreación de mal gusto en el Conurbano y en algunas zonas del resto del país. En ese momento bajo un discurso estatal de progreso, hoy de “solidaridad” y capitalismo donde todos ganen.
En esa época la voz más lúcida para la resolución de la noche espantosa la da Friedrich Engels desde el marxismo en 1873 con el folleto Contribución al problema de la vivienda donde remarca que “la penuria de la vivienda en las grandes ciudades no es más que uno de los innumerables males menores y secundarios originados por el actual modo de producción capitalista”. Para “acabar con esta penuria de la vivienda no hay más que un medio: abolir la explotación y la opresión de las clases laboriosas por la clase dominante”.
Hoy, en el marco de una perspectiva de crisis social y económica global que incluso predicen desde organismos como la CEPAL o el FMI, las penurias de la vivienda en el país lejos de resolverse se recrudecerán. Es necesario levantar una salida socialista, como la que planteaba Engels, que acabe con el lucro empresarial sobre el territorio y emprenda una resolución definitiva desde el pueblo trabajador.
Comenzando por hacer un desconocimiento soberano de la deuda externa, nacionalizando la banca para poner los grandes ahorros de la nación al servicio de generar créditos baratos para que las familias trabajadoras puedan acceder a un inmueble. Y también para encarar un plan serio de construcción de viviendas y equipamiento acorde a las necesidades de los sectores más vulnerables. Entre el FMI y un hábitat digno, hay que elegir lo segundo.
Hay que prohibir los desalojos mientras el déficit habitacional se cuente por millones. El problema de acceso al suelo urbano y la vivienda no puede ser más una de las causas de la precarización habitacional y la pobreza urbana. Según la Ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat María Eugenia Bielsa, las viviendas sin ocupar se estiman en más de 2 millones, lo que representa cerca del 70 % del déficit. Por eso es necesario hacer un inventario nacional de vivienda ociosa, identificando las que corresponden a los multimillonarios grupos empresarios inmobiliarios o desarrolladoras y obligarlos a ceder al Estado las propiedades en esa condición. Es insostenible que se especule con el precio de un inmueble reteniendo viviendas sin ocupar mientras hay familias que se exponen a desalojos o enfermedades por no tener los recursos para acceder a una vivienda y un entorno adecuado. Al resto de las viviendas sin ocupar es necesario aplicar un impuesto progresivo a la vivienda ociosa que vaya a un Fondo para la integración socio urbana de asentamientos precarios y villas. Con el mismo criterio se debería tratar las grandes propiedades baldías localizadas en zonas urbanas o que se puedan definir como de reserva urbana.
La construcción de ciudad, de integración y mejoramiento no puede significar ganancias extraordinarias para las empresas que administran la energía, el gas o el transporte público, que se enriquecieron y fugaron divisas a costa de un caro y pésimo servicio. Por eso también es necesario estatizar a las privatizadas de los servicios públicos para ponerlas en función de este plan y no del lucro privado. Ante la perspectiva de una mayor desocupación y cierre de empresas, es necesario poner la industria nacional a tono con esta orientación.
Para evitar la gerencia del funcionario de las empresas estatales que destruyeron los servicios públicos en los ’90, puede ser una salida si además si este plan se hace sobre la base de la más amplia gestión democrática y gestión de sus trabajadores. Es la base que le permite a las familias obreras y populares construir la ciudad que se merecen, y no la quieren los capitalistas.
Las tomas masivas que vimos en estos últimos días, como la de Guernica, expresan una determinación y una ambición por conquistar lo negado pero legítimo, que contradice por izquierda a la propuesta de seguir perdiendo de las burocracias políticas, sindicales y sociales. Si esa ambición llegara a la clase obrera, estaríamos más cerca de resolver los problemas estructurales del país, entre ellos el derecho a la ciudad.
