Desde hace semanas, en los medios tanto televisivos como escritos se viene instalando una campaña contra las personas que se encuentran ocupando tierras, con notas donde se los presenta como relacionados con los narcos, o donde se dice que por las noches se escuchan peleas para ver quién se queda con las parcelas. Hay testimonios de cronistas que se hacen eco de “lo que dicen los vecinos”, aunque eso nunca lo muestran.
Esta semana dieron un salto con una noticia publicada en distintos medios en la que, palabras más, palabras menos, se titulaba “Así operan las organizaciones que venden terrenos usurpados por Internet”. Pero el supuesto hecho se le adjudicaba a dos personas. Una organización un poco… escueta.
Así van operando todos los días para instalar en la opinión pública la idea de que hay que apoyar a la justicia y al Gobierno que amenazan con pasar con las topadoras por encima de las familias y sus casillas, con Guernica como principal objetivo por ser la ocupación más numerosa.
La acusación como “delincuentes” a quienes toman tierras está extendida dentro del Gobierno, a pesar de la tensión que genera eso con los movimientos sociales. Tanto Berni como Kicillof e incluso Alberto Fernández hablaron de la “ilegalidad”. También Massa aportó lo suyo, diciendo que habría que sacarles las ayudas que reciben del Estado (que evidentemente mucho no ayudan).
La justicia sostiene en sus escritos barbaridades como que los ocupantes “utilizan a los niños y las niñas como escudos contra la represión”. La estigmatización y la criminalización de la pobreza son la carta de presentación de todas estas declaraciones.
Lo cierto es que hay 2500 familias y más de 3000 niños y niñas que se encuentran viviendo en “el barrio”, como lo definen quienes allí se encuentran. En la carta que escribieron desde la toma, las mujeres de Guernica cuentan: “Muchas de nosotras somos madres solteras que sufrimos violencia de género y que, sin tener otra posibilidad, tuvimos que abandonar la convivencia con quienes nos maltrataban. Vinimos con lo puesto. Otras tantas teníamos distintos oficios, somos trabajadoras de casas particulares, niñeras, pero no pudimos trabajar más por la pandemia. Nuestros compañeros también se quedaron sin trabajo y empezamos a depender de changas o de lo que se puede juntar con el carro. En este contexto nos resultaba imposible vivir el día a día. Incluso llegamos a tener que elegir entre comprar comida y pañales para nuestros hijos o pagar el alquiler. Nunca pudimos tener una casa propia y pensamos que la calle no puede ser el hogar de nuestros chicos.”
Según datos publicados en un Informe de la UCA del 2019, 4 de cada 10 niños y niñas viven en viviendas precarias y 2 de cada 10 carecen de acceso a servicios de agua de red. Además, el 59,5% de los niños, niñas y adolescentes son pobres, siendo mayormente afectados en la Provincia de Buenos Aires. El 14,8 % de la población entre 0 y 17 años no logran tener sus necesidades alimentarias cubiertas, es decir, que de cada 100 chicos en el país, 15 no pueden alimentarse lo suficiente.
En el 2018, el Registro Nacional de Barrios Populares identificó 4228 barrios populares en ciudades de más de 10000 habitantes de todo el país. Viven allí alrededor de 3,5 millones de personas (800.000 familias), donde el 93,81% no cuenta con acceso formal a la red de agua corriente, el 98,81% no tiene acceso formal a la red cloacal, el 70,69% no dispone de acceso formal a la red de energía eléctrica y el 98,49 % no accede a la red de gas natural.
La respuesta del Gobierno a la necesidad de vivienda de miles de familias con sus hijos e hijas es la amenaza de desalojo y represión. Por eso apelan a este tipo de campañas, con las que buscan enfrentar a otros sectores de la población con las miles de familias que allí se encuentran.
Pero la realidad muestra todo lo contrario: quienes se encuentran en las tomas reclaman que se les otorgue la posibilidad de comprar las tierras, para poder construirse sus casas, donde puedan vivir con sus familias. Muchos han contado que trabajan en cooperativas de construcción y que podrían hacer las construcciones comunitariamente.
Desde la Izquierda Diario nos hemos acercado a hablar con vecinos que viven en frente de las tomas y nos expresaron lo contrario a lo que se quiere instalar: “Veo bien la toma, porque hay muchas necesidades de la gente, la mayoría son con muchos hijos”. Otra vecina decía: “Conocemos a la gente, prefiero que este habitado y no descampado, pienso que tendrían que darles solución”. En un tercer testimonio nos decían: “Para mí son buenas personas, la mayoría de la gente que está allí son vecinos y son merecedores. Quisiera que se los den (los terrenos) a pagar”. La nota completaba el panorama con otras opiniones en el mismo sentido.
Más que nunca se hace necesario pelear para que millones de personas puedan acceder a un derecho tan elemental como la vivienda. En esta pandemia, cuidarse implica hacer oír la voz en las calles de quienes no tienen más, y dejar de regalarle ese terreno a la derecha que cada vez que sale a cacerolear lo hace para imponer condiciones de vida más duras para las grandes mayorías.
Este jueves 17 de Septiembre habrá una movilización en el obelisco para que se escuche el reclamo contra los desalojos y por planes de viviendas populares para toda la población, además de exigir que se terminen los despidos y disintos ataques que vienen sufriendo millones de trabajadoras y trabajadores desde el comienzo de la pandemia.
Será una jornada junto con trabajadores y trabajadoras de la primera línea, esenciales, precarizados y desocupados, para luchar por una salida de fondo y que la crisis, esta vez, la paguen quienes la generaron. | 
