El “confinamiento selectivo” de Ayuso busca restringir la movilidad en los barrios más afectados por los contagios, que son justamente los barrios obreros más afectados por la precariedad, el desempleo, la falta de vivienda y la destrucción de la sanidad pública.

Puente Vallecas, Usera, Carabanchel, Ciudad Lineal, Lavapiés y Villaverde son los barrios con mayor incidencia del Covid cada 100.000 habitantes, y con este argumento es que el gobierno regional pretende confinarlos, al igual que podría hacer con los municipios de Humanes, Moraleja de En medio, Parla, Alcobendas o Fuenlabrada.

Como denunció Flora, una enfermera de Vallecas, no hay que ser ninguna lumbrera para deducir por qué los contagios de coronavirus se están produciendo en estos barrios: “Hay que ver quien trabaja, la clase obrera; quien se traslada, la clase obrera; quien no teletrabaja, la clase obrera; ¿quién vive en 45 metros, seis, ocho personas o más?, la clase que vive en Vallecas, en Carabanchel o en Usera”. Sólo “hay que saber muy poquito de salud pública”, apunta la sanitaria.

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El delegado de Movilidad y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid ha dicho que se “tomarán medidas duras si es necesario”. Pero hay que decir que son medidas duras solo con los trabajadores y sectores populares que viven en estos barrios, no con los responsables de la crisis, ni con los dueños de las residencias donde murieron miles de ancianos, ni con los que especulan con la sanidad y la vivienda.

El “confinamiento selectivo” es un confinamiento de clase porque en esos barrios la población seguirá saliendo cada día para ir a trabajar sin condiciones de seguridad sanitaria, sin protección adecuada, en metros atestados, pero al regresar a su casa, deberán estar “confinados”, al igual que sus familiares.

“No tiene ningún sentido porque yo voy a tener que seguir yendo a trabajar cogiendo el metro en hora punta abarrotado” declaraba en los medios una vecina de Vallecas que demostraba un mayor sentido común que el de todo el gobierno de privilegiados de la comunidad de Madrid que pasan el confinamiento en pisos de lujo.

“Lo que tienen que hacer es pruebas a la gente” añadía otra vecina, que denunciaba que su ambulatorio estaba prácticamente cerrado, una consecuencia de años de recortes sobre la sanidad pública. “Sus deficiencias las vuelcan sobre nosotros” declaraba. Y es que estas medidas no buscan sino seguir responsabilizando a los trabajadores de los barrios populares por el crecimiento de los contagios.

Hace unos días, la presidenta de la Comunidad de Madrid adelantaba esta política, cuando declaró que la mayor incidencia de contagios en la zona sur de Madrid se explicaba por el “modo de vivir” de las personas migrantes.
Ayuso despliega así un discurso racista y de clase para culpar a los más pobres y librarse así de su responsabilidad en la desastrosa gestión de la pandemia en Madrid. Pero esto sólo era el comienzo de la ofensiva de culpabilización, seguida ahora por el intento de confinar las barriadas pobres y obreras del sur de la capital.

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En Madrid, los sindicatos de la sanidad vienen denunciando que no se han contratado los rastreadores necesarios, ni se ha invertido en sanidad para revertir los recortes de las últimas décadas, ni se ha contratado a todo el personal necesario. Desde el año 2009, según denunció la denominada Cumbre Social en 2018, se había producido una reducción de entre 15.000 y 21.000 millones de gasto en la sanidad española. Produciéndose durante todo el período de la crisis un recorte de un 1% anual per cápita. Alejándose en ese período del 8% del PIB de media del gasto de los países de la UE, siendo en el Estado español de tan solo el 6,34% sobre su PIB, unos 16.000 millones menos de euros.

Lo mismo denuncian los sindicatos del ámbito educativo. En las escuelas, son ahora los profes y el personal auxiliar los que tienen que tomar la temperatura a los niños, sin contar con instalaciones adecuadas para establecer buenas condiciones sanitarias. Las clases masificadas son uno de los mayores peligros potenciales tal y como han señalado los docentes. Hasta la propia Ayuso contempla que todos los estudiantes acabarán contagiándose, ¿les culpabilizará a todos entonces?

Por otra parte, el hecho de que los alquileres en Madrid han aumentado de forma desproporcionada en los últimos cinco años, está dejando sin vivienda a cada vez más población, entre los jóvenes y las familias trabajadoras, lo que lleva a muchos a vivir en espacios más pequeños, sin poder mantener buenas condiciones sanitarias.

El trabajo, especialmente los más precarios y cara al público, se han convertido en uno de los mayores riesgos de contagio para la población trabajadora a lo que se suman el aumento en las cargas de trabajo que supone incorporar los protocolos de higiene. Es la juventud, que ha sido también [objeto de una gran campaña de culpabilización- https://www.izquierdadiario.es/Pim-pam-pum-fuera-La-campana-del-gobierno-que-culpabiliza-a-la-juventud] la que desempeña mayoritariamente estos trabajos en la hostelería, el reparto o el turismo entre otros.

Esta es la realidad que se vive en los barrios a los que Ayuso pretende aplicar su confinamiento de clase. No es casualidad que la renta media por hogar en cuatro de los seis distritos con mayor incidencia de Covid no llegue a los 30.000€ anuales. En el barrio más pobre de la capital, Puente de Vallecas, con una renta de alrededor de 25.000€ la incidencia de la enfermedad es más de 2,5 veces superior que en Chamberí, el barrio más rico cuya renta alcanza los 65.260 €. El coronavirus también entiende de clase.

O más bien de clase entienden la gestión de la pandemia y las políticas en favor de los grandes empresarios y fortunas millonarias de Ayuso y compañía, pero también del gobierno “progresista” PSOE-UP que rescata las empresas del IBEX-35 pero no toma ninguna medida seria para reforzar la sanidad y terminar con la privatización, terminar con la precariedad en el trabajo derogando las reformas laborales, dotar de mayores recursos las escuelas, los transportes, y otros servicios, etc.

Vecinos y vecinas de los barrios del sur empiezan a rebelarse ante la amenaza de confinamiento y otras medidas restrictivas como el posible cierre de las estaciones de metro que se filtró ayer y del que la Comunidad ha tenido que echarse atrás. Amenazan con movilizaciones en el caso de que el gobierno de Ayuso decida seguir adelante con su plan de confinar los distritos populares.

La catástrofe social que se está viviendo en los barrios exige medidas urgentes que pongan nuestra salud por delante de los beneficios de los millonarios capitalistas. Medidas como el aumento de los transportes, reforzar la sanidad y educación contratando miles de médicos y profesores, expropiar los pisos vacíos de los bancos para asegurar que todo el mundo pueda hacer una cuarentena en buenas condiciones, prohibir los despidos y condiciones de precariedad...

¿Y los recursos para esto? Que salgan del dinero que se han llevado los grandes bancos, de cortar el grifo de los ERTES y que sean las grandes empresas las que hagan frente a los salarios, de la monarquía corrupta, de los privilegios de los que goza la casta política que nos quiere confinar, de las fortunas de las que disfrutan los que viven en el barrio Chamberí y Salamanca.

Para conquistar estas y otras medidas tenemos que movilizarnos con mayor fuerza que nunca contra la incapacidad y la desidia de estos gobernantes al servicio de los intereses de una minoría capitalista. No podemos esperar que a la clase trabajadora y el pueblo nos salven las mismas instituciones que durante cuarenta años han llevado a cabo las políticas neoliberales que nos han llevado a esta situación.

Debemos unir experiencias de lucha como la huelga de los MIR o el servicio de limpieza del Gregorio Marañón con el tejido solidario surgido en los barrios y toda la red de activistas obreros, juveniles y estudiantiles en la lucha por una huelga general en toda la ciudad construida desde las plazas, los centros de trabajo y estudio. Exigir a los sindicatos CCOO y UGT que rompan con su política de lealtad a los intereses empresariales y organicen asambleas en todos los centros de trabajo para debatir desde abajo la fecha de convocatoria a una huelga general metropolitana y un plan de lucha en defensa de nuestra salud, la de nuestras familias y de las mayorías populares.